Un combo perfecto: los oportunistas y una maquinaria para privatizar la educación

Editar

Proponer el aumento de días para la enseñanza, como lo hacen los senadores Pedro Bordaberry y Tabaré Viera, del Partido Colorado, en el proyecto titulado “Días efectivos de clase de año lectivo”, es otra forma de privatizar la educación pública, porque las condiciones para eso no existen. En el artículo 5 de este proyecto dice lo siguiente: “(Información Pública”) La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) publicará, diez días después de finalizado el año lectivo, la cantidad de días efectivos de clase impartidos en cada centro educativo, así como las acciones desarrolladas para compensar los días perdidos de acuerdo con lo establecido en el art. 3 de esta ley”. Se pretende de este modo profundizar la lógica de la competencia entre las instituciones educativas para decir dónde hubo más días de clases, sin importar qué sucede en las instituciones en concreto.

Por ejemplo, el paro de maestros del 10 de marzo fue porque una directora de una escuela fue golpeada. ¿Tienen alguna respuesta para eso los legisladores? ¿Ese día de paro se deberá compensar? Si es así, ¿la medida queda sin efecto y se devuelve el día descontado?, ¿se elimina el derecho a parar? Sin dudas, este proyecto esconde varios cangrejos debajo de la piedra.

En la exposición de motivos los oportunistas plantean que “en otras partes del mundo los días de clase oscilan entre los 200 días, sin perjuicio de superarse esta cifra en algunos casos: 247 en Japón, 221 en Corea del Sur, 216 en Israel, 200 en Dinamarca, Holanda Canadá, Bélgica”. ¿Piensan que la realidad de estos países es comparable con la de nuestro país? Claro que no, saben que las realidades son muy distintas. Pero ¿por qué lo hacen? La respuesta no es otra que intentar ganar notoriedad con un tema sensible para la sociedad y, de paso, arrimar agua para el molino de los privados y generar odio a lo público, porque la población terminará odiando¹ a los centros que no cumplan con los días establecidos.

El volumen de estudiantes que mueve la enseñanza pública y las dificultades administrativas que esto genera llevan a que no existan certezas para las familias del lugar en el que van a estudiar sus hijos. En algunos casos llega abril y no saben dónde estarán inscriptos por errores informáticos. Estos errores son de una empresa tercerizada que se hizo cargo de esas gestiones. Para los docentes y estudiantes esta situación causa perturbaciones porque no se sabe quiénes integran el grupo realmente.

Toda esta situación lleva a que muchas familias hagan un esfuerzo enorme por asegurar un lugar para sus hijos y paguen una institución privada. De esta manera el Estado deslinda su responsabilidad de cubrir un derecho como el de la educación. De esta manera, además, se instala la ley de la selva: cada uno que haga lo que pueda y aquel que pueda pagar un colegio, que lo haga, y aquel que no lo pueda hacer pasará por un camino sinuoso para lograr tener una educación de calidad.

Desde la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) se afirmaba que con la LUC (Ley 18.889) se privatizaba la educación. Con este caos se dan las condiciones para que se desarrolle una privatización a cuentagotas.

Además, la Ley 18.889 barrió con la representación de los trabajadores de los Consejos de Primaria, Secundaria y UTU, y esto llevó a que los conocedores del sistema quedaran afuera de las discusiones que pueden mejorar la educación cotidiana. La concentración en direcciones generales llevó a que estas se dedicaran a destruir el sistema público. No fue algo elaborado por esas personas, sino que responden a organismos que buscan el lucro en toda actividad. Uno de esos organismos es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta institución tiene un plan para esta región del planeta y específicamente para Uruguay. El gobierno anterior llevó adelante ese plan en varios aspectos.² La alianza gobierno-empresarios fue muy fuerte y desde el sector empresarial se reclamaban medidas de fondo, como eliminar a los sindicatos y las organizaciones técnicas docentes, células que contagian el mal en la población.

A este hecho hay que sumar que la máxima autoridad del Codicen fue abandonada dos veces en menos de un año, la última, a días de que comenzaran las clases. Nadie se hace responsable de nada en las esferas del gobierno de la educación desde fines del año pasado. El proyecto conservador buscaba generar control y sometimiento y poco más.

Con este panorama, la situación en la mayoría de los centros educativos es lamentable. Durante todo el verano no se hizo limpieza a fondo de los centros, no se hizo tampoco ningún tipo de reparaciones en las instalaciones. La infraestructura está dañada y sin mantenimiento desde hace cinco años. En Montevideo no se construyó un liceo nuevo.

Estas situaciones podrían estar controladas si desde la administración existiera un interés por brindar una enseñanza de calidad al pueblo uruguayo. Lejos de la propaganda de la administración de Luis Lacalle Pou y de Robert Silva, se hizo todo lo opuesto. Es en este río revuelto que los oportunistas se llevan la atención de las cámaras y de la prensa.

El futuro: construir un sistema público de calidad

Para lo que se viene será necesario trabajar en mejorar la infraestructura, las formas de inscripción de los estudiantes, las condiciones en las que los jóvenes llegan y se van de los centros educativos (se tienen que sentir seguros ellos y sus familias). No todo recae en el sistema educativo: hay evidencia científica que plantea claramente que los entornos educativos no son seguros en algunas zonas para los estudiantes. Con un problema de este tipo poco se puede hacer desde el gremio docente.

Intentar superar estas dificultades llevará a promover un sistema de enseñanza público de calidad. Dejarse distraer por los espejitos de colores que aparecen en proyectos de ley que no buscan mejorar la realidad de la educación pública, sino engordar a los privados, es hacer lugar a los intereses privatizadores.

La defensa de un sistema público de calidad es una disputa política que hay que dar con los sectores de derecha y ultraderecha, que están cada día más fuertes por el ejemplo mileísta y de sus libertarios. Para ello se deben tejer alianzas y tener claro que los trabajadores organizados son la base de ese sistema público de calidad; sin ellos sólo habrá grandes retrocesos.

Héctor Altamirano es docente de Historia.