La corrupción y la gauchada son fenómenos con vida social propia. Esto quiere decir que se desprenden del individuo que las pone en práctica porque son comportamientos colectivos que se expanden en el espacio y el tiempo de forma dinámica.
Ambas tienen una estructura común: hacer algo para favorecer a un individuo o colectivo. No obstante, la corrupción y la gauchada tienen una diferencia radical: el individuo que comete una acción corrupta se mueve dentro del cuadrilátero de la lógica instrumental, y la gauchada, en su fase primigenia, se despoja del paradigma utilitarista para instalarse en la lógica solidaria. Mientras la corrupción implica un favor del individuo a sí mismo abusando del poder confiado en el lugar que ocupa en la estructura social, la gauchada primitiva es voluntaria y desinteresada, aunque también puede hacer uso de la posición que se tiene en la estructura social. No se puede perder de vista que el autofavor que contiene la acción corrupta puede beneficiar con o sin intención a terceros (individuos o colectivos) y que suele enmascararse en una gauchada, ya sea como estrategia o técnica psíquica de neutralización para evitar contradicciones con las convicciones éticas.
No parece arriesgado afirmar que la genealogía de la corrupción es más reciente que la de la gauchada. La primera se ata a la construcción de lo que hoy llamamos administración, función y servicio público, aunque en los últimos tiempos hay una tendencia a incorporar al sector privado. En cambio, la segunda es constitutiva del gregarismo del ser humano, del establecimiento de relaciones sociales de cooperación y dependencia en la división social del trabajo para sobrevivir y producir.
De hecho, es el ser gregario que levanta el edificio de la polis. Por ende, la acción gaucha sería más antigua que el agujero del mate. Esta conclusión levanta el centro a la idea de que el fenómeno social de la gauchada es de nivel estructural y que, por lo tanto, se traslada con extremo peso a diversos planos de la vida a pesar de ser penalmente castigable, administrativamente sancionable y/o ilegítimo desde el punto de vista ético y de la emoción social de ciertos sectores de la sociedad.
La corrupción y la gauchada toman forma en la construcción social de los significados que les damos a las acciones y las cosas. La norma que delimita la corrupción se presenta neutral pero está cargada de una histórica disputa por los sentidos, los intereses y la ética. Del mismo modo, lo no normado, ya sea razonado o no, se configura por esa disputa continua por el estatuto de la verdad.
En Uruguay, por ejemplo, tenemos más de una veintena de figuras penales atadas a la corrupción pública: desde el tráfico de influencias y el soborno, pasando por la revelación de secretos y la reciente aprobación del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos en 2024. Pasó una disputa de 23 años y siete proyectos de ley para legislar el enriquecimiento ilícito y, probablemente, su delimitación tendrá modificaciones en el futuro y todavía resulta incierto su uso por parte del sistema de justicia.
Por otra parte, la corrupción privada forma parte de lo no normado en nuestro país. Legislado en países como Colombia (en 2011) y Perú (en 2018), la corrupción privada no existe en Uruguay. La Ley 19.797, promulgada en setiembre de 2019, le encargó a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) el cometido de preparar en 90 días “un anteproyecto de ley que analice y prevea medidas para prevenir la corrupción en el sector privado” (artículo 5). Sin embargo, pasaron más de 2.000 días desde aquel encargo.
La discusión de la gauchada y la corrupción no es semántica, es sobre el poder, su abuso y el problema de su distribución en la sociedad.
La gauchada ingresa al escenario del debate como una tensión entre la cultura popular y la modernidad, estar cerca/ayudar a la gente y la burocracia, incluso como un enfrentamiento entre el interior y Montevideo. Este razonamiento es utilizado como estrategia o técnica de neutralización para afrontar la sospecha y las acusaciones de corrupción, pero la dicotomía no es tal porque la gauchada primigenia ya no existe. Asistimos a la institucionalización de la reproducción de favores, lo que convierte a la acción gaucha en un modelo de hacer y estar con los otros. Lo que tenemos enfrente no son relaciones sociales basadas en favores desinteresados y voluntarios, sino vínculos cimentados en deudas y ajustes de deudas. Prosperan aquellos colectivos que concentran y administran de forma más eficiente y efectista los favores, los que trasladan la deuda gaucha hacia otros colectivos y tienen capacidad técnica y fuerza para cobrar las deudas y obtener favores con o sin encargo.
Llegados a este nivel, estamos frente a una red compleja de corrupción y clientelismo que encuentra su sentido y naturalización en lo que sociológicamente podría llamarse la sociedad del endeudamiento; un fenómeno grande, enredado y coercitivo que configura relaciones sociales y tiene graves consecuencias en la política y la gestión de recursos públicos.
La deuda gaucha se inserta en una vasta literatura conocida con el nombre de crony capitalism. Esto, en criollo, se puede traducir como “capitalismo de gauchada”. En “español neutro” se llama “capitalismo de amigos” o simplemente clientelismo. De acuerdo con el politólogo e historiador estadounidense Stephen Haber1, el crony capitalism suele concebirse como un sistema en el que quienes están cerca de las autoridades políticas, quienes formulan e implementan políticas, reciben favores de gran valor económico.
En términos del antropólogo mexicano Edgar Morin Martínez2, este capitalismo de compinches se configura por relaciones sociales entre la élite y conexiones políticas para la explotación de zonas grises y huecos para salirse con la suya. Continuando con Stephen Haber, desde la crisis asiática de 1997 (Tom Yum Kung), se incrementó el interés por el estudio del crony capitalism, en tanto, para una parte de los especialistas, el rápido colapso de las economías del este asiático (Tailandia, Corea del Sur, Indonesia, Malasia y Filipinas) se debió a un clientelismo generalizado. Sostiene que, posiblemente, América Latina sea una de las regiones del mundo donde el crony capitalismo haya sido una característica fundamental de la economía. El mito de la excepcionalidad uruguaya no parece ser un argumento atinado para usarlo aquí. Tan sólo pensemos en los viejos y no tan viejos patronazgos y caudillismos relatados por los historiadores, y las prácticas irregulares y delictivas (conocidas) en el segundo nivel de gobierno de los últimos años.
El crony capitalism fomenta la concentración y genera ineficiencia en la administración de los recursos públicos. Incluso, en tanto la estructura se monta en conexiones personales, el crony capitalism funciona mejor en regímenes autoritarios que en democracias. A su vez, funciona peor en democracias con alternancia de partidos y peor aún en democracias con amplia y diversa participación de la ciudadanía. Esto tiene notable sentido en el segundo nivel de gobierno, donde por décadas gobiernan los mismos partidos y hasta las mismas dos o tres personas. Como si fuera poco, el panorama se complejiza en países como Uruguay, que no tienen regulado el cabildeo político de grupos de presión y tienen una larga tradición de recibir con brazos abiertos a los paracaidistas de la inversión.
La discusión de la gauchada y la corrupción no es semántica, es sobre el poder, su abuso y el problema de su distribución en la sociedad. Trata acerca de cómo nos vinculamos con los otros (favores, encargos, deudas, ajustes), qué tipo de democracia queremos y las oportunidades de movilidad social ascendente.
Gabriel Tenenbaum es profesor adjunto con dedicación total al Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y cocoordinador del grupo de investigación “Juventudes, violencias y criminalidad en América Latina” (DS-FCS).