En los meses previos a la elección del nuevo intendente de Montevideo, la limpieza de la ciudad se ha convertido en un tema prioritario para todos los candidatos. Desde nuestro Grupo de Trabajo por la Implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos (LGIR, 19.829), convocado por el PIT-CNT en 2019 e integrado además por la Universidad de la República y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), entre otros actores, queremos manifestar nuestra posición, resultado de cinco años de análisis, discusión y elaboración. Lamentablemente, nuestros aportes han tenido poco eco entre las autoridades a las que se han remitido.
La LGIR propone, desde su título, una gestión integral, lo que implica considerar y armonizar todos los aspectos de la gestión: minimización de la generación, optimización de la logística de recolección y transporte, tratamiento adecuado, participación de la población e inclusión efectiva de los clasificadores.
En particular, su artículo 11 establece como directrices principales priorizar la reducción en la generación de residuos, seguida de la reutilización y la valorización mediante el reciclaje, antes de recurrir a la recuperación energética o la disposición final; fomentar el desarrollo de capacidades nacionales; y promover la inclusión social y laboral de los clasificadores.
Teniendo en cuenta estas prioridades y criterios, queremos destacar lo siguiente:
Minimización de la generación. La reducción de residuos exige un fuerte énfasis en la educación de la población y en la implementación de exigencias a las empresas que fabrican bienes de los que se derivan residuos (envases, embalajes, material de descarte, etcétera). No se ha avanzado mucho en este punto, cuando no existen campañas públicas orientadas a disminuir el consumismo de artículos no esenciales, no se imponen medidas a productores e importadores para optimizar el diseño de sus productos, minimizando posibles residuos. A esto se suma el notable aumento de compras electrónicas internacionales, que generan un exceso de envases y embalajes descartables.
Valorización mediante reciclaje. Este proceso debe contemplar la mayor cantidad y variedad posibles de residuos, promover la creación de puestos de trabajo genuinos, desarrollar la infraestructura necesaria para una efectiva valorización y garantizar un destino final seguro para los productos resultantes, sin dejarlos a merced del mercado.
Inclusión social. Es imprescindible generar fuentes y puestos de trabajo dignos para la gran mayoría de los clasificadores que hoy trabajan en la informalidad y en condiciones de marginación y miseria. Esto podría potenciarse mediante la formación de colectivos de trabajo –como cooperativas– que les den mayor fortaleza.
Generación de valor agregado. En los dos puntos anteriores debe priorizarse fuertemente el máximo agregado de valor en el territorio nacional, dejando la exportación con bajo valor agregado como última solución.
Para alcanzar estos objetivos se requiere una firme política pública respaldada por recursos adecuados. Sin embargo, hasta ahora se ha quitado la posibilidad de generar recursos genuinos, al fijarse en $ 0 y 0% los impuestos estipulados en la LGIR y no implementar el Fondo Nacional de Gestión de Residuos (Fonagres) creado por la propia ley. Esto ha dejado la iniciativa en manos de las empresas privadas.
La falta de recursos ha dejado en letra muerta el propósito de inclusión social. En los últimos cinco años casi no se generaron nuevos puestos de trabajo por iniciativas del Ministerio de Ambiente. En Montevideo no ha variado la plantilla de las plantas de clasificación –que ya existían– y sólo se han creado unos 150 puestos para motocarros –con derechos laborales recortados– y poco más de 20 puestos en emprendimientos cooperativos, cuyos ingresos dependen de las ventas de material recuperado.
No existen campañas públicas orientadas a disminuir el consumismo de artículos no esenciales, no se imponen medidas a productores e importadores para optimizar el diseño de sus productos, minimizando posibles residuos.
Mientras tanto, el grupo de clasificadores que trabaja en las inmediaciones del Sitio de Disposición Final (Planta 5 bis, Felipe Cardoso) se mantiene en condiciones más que precarias, sin protección a la intemperie, con esfuerzos excesivos y condiciones de seguridad deficientes; no tienen otro salario que lo que saquen de sus ventas, afectadas por la cantidad de camiones que ingresan y la calidad de lo que traen y condicionadas por los precios que manejan los intermediarios.
Peores todavía son las condiciones de trabajo en los vertederos a cielo abierto en el interior. Si bien está previsto cerrarlos, eso sólo sería compatible con una política de inclusión si se garantiza trabajo digno a todos los clasificadores que trabajan en ellos, y no vemos planes para eso.
Las manifestaciones de los principales candidatos a intendente se centran más en los sistemas de recolección y hablan poco del papel esencial que desempeñan los clasificadores. Desde nuestro grupo de trabajo sostenemos que tanto desde la perspectiva ambiental como de la social, será más exitosa una gestión cuanto más se priorice la generación de puestos de trabajo dignos por sobre la instalación de nuevos recursos materiales. Basta con observar el magro resultado que ha tenido la sucesiva inversión en costosos camiones y la instalación masiva de contenedores.
Algún candidato ha puesto el acento en la privatización de la limpieza. Desde nuestra parte creemos que la gestión de residuos debería basarse ante todo en una sólida plantilla de empleados municipales. Las privatizaciones de los últimos períodos han favorecido sobre todo a grandes empresas, incluidas algunas transnacionales, lo que ha reducido fuertemente la cantidad y calidad de residuos que llegan a manos de clasificadores. Es decir, se favoreció el lucro empresarial por sobre la inclusión social, sin que esto tampoco haya dado resultados satisfactorios.
Para dar un salto en calidad será imprescindible contar con recursos, especialmente los previstos en la LGIR, administrados en forma tripartita por el Fonagres.
Lamentablemente, la administración pasada desestimó esta fuente de financiamiento para favorecer los intereses de grandes generadores, especialmente envasadores e importadores, que promovieron el llamado plan VALE, una alternativa que va a manejar fondos en mucho menor cantidad que los que se hubieran generado con el impuesto previsto en la ley.
La Intendencia de Montevideo, ante la no aprobación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo en 2022, envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para imponer una tasa a los envases, cuyo tratamiento y aprobación fueron demorados en la Junta a pedido de la propia Intendencia.
El cambio de paradigma en la gestión de residuos, priorizando la máxima recuperación y una fuerte inclusión social, ya fue propuesto por nuestro grupo de trabajo a todos los candidatos a intendente en la elección anterior. Nuestros planteos no surgieron de la improvisación, sino que recogieron el fruto de años de trabajo, debate y elaboración acumulados desde principios de siglo y a partir de ellos propusimos medidas y emprendimientos concretos a lo largo de estos cinco últimos años. Desde ya nuestro compromiso a seguir generando aportes y propuestas no sólo para mejorar la gestión de residuos, sino muy especialmente para procurar trabajo digno para todos los clasificadores.
Carlos Aulet, Manuel Chabalgoity, Mauricio Passeggi, Jorge Ramada y Fernando Zerboni son integrantes del Grupo de Trabajo por la Implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos.