Entre las varias órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump el día de su asunción, el 20 de enero de este año, hay una que lleva por título “Realineación del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos”. Más allá de esta formulación, el realineamiento no es ni más ni menos que una suspensión de la recepción de refugiados. Las razones esgrimidas atentan contra la esencia misma del concepto de refugio. Este emerge de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 y ha ido consolidándose a lo largo del tiempo. Se consideran personas refugiadas aquellas que se encuentran fuera de sus países de nacionalidad por el temor a ser perseguidas por su opinión política, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo étnico o grupo social o porque su vida, seguridad o libertad se ven amenazadas.1 Es condición para el otorgamiento de refugio que el país de origen no esté ejerciendo la obligación de proteger los derechos humanos de su ciudadanía, lo que convoca a la comunidad internacional a intervenir a efectos de proteger y dar garantías a quienes se encuentran en estas situaciones de vulneración.
La orden ejecutiva que suspende el refugio argumenta para ello razones de estricto interés interno de Estados Unidos, desconociendo las obligaciones internacionales. Así menciona que el país no tiene la capacidad para absorber a un gran número de inmigrantes y de refugiados sin afectar los recursos que el gobierno entiende que deben estar disponibles para los estadounidenses de modo de proteger su seguridad y a la vez garantizar la adecuada asimilación de los refugiados. Es claro que el concepto de asimilación es ajeno a la idea de refugio, dado que las personas que llegan a cualquier país en esa condición lo hacen por razones de extrema gravedad y no por el deseo de abandonar sus países e integrarse a otra cultura.
Como resultado de dicha orden, Trump ordenó suspender vuelos hacia Estados Unidos dejando a miles de personas (se estima que unas 12.000), a quienes ya se les había otorgado refugio luego de años de análisis de sus solicitudes, en un limbo. Desde entonces ha habido varias acciones legales e incluso órdenes judiciales para que el gobierno las acoja, lo que Trump ha ignorado, y continúa firme la suspensión de recepción de refugiados.
En ese marco, el 12 de mayo fue recibido en Estados Unidos un grupo de 49 afrikáners luego de apenas tres meses de análisis sobre sus méritos para la condición de refugio. La población afrikáner es población blanca sudafricana, la que, según argumentos de Trump, sufre racismo contra los blancos y sus vidas están amenazadas. En una entrevista en Global News, el mismo día del arribo de los “refugiados afrikáners”, Trump fue consultado por la razón por la cual, al tiempo que rechaza miles de refugiados cuyas vidas corren peligro, recibe a este grupo de sudafricanos. Según el presidente de Estados Unidos, la prensa internacional no lo dice, pero “los granjeros blancos están siendo brutalmente asesinados, hay un genocidio en curso”. Agregó que su gobierno les ha otorgado ciudadanía para protegerlos.
Según el censo de 2022, en Sudáfrica viven 60 millones de personas, de las cuales poco menos de cinco millones son blancas. Parte de esta población es conocida como afrikáners, con una identidad y lengua propia, el afrikáans, habiendo sido el grupo políticamente dominante durante los años del apartheid. El último presidente afrikáner, FW De Klerk, fue el que promovió el plebiscito entre la población blanca del país a efectos de votar sobre si Sudáfrica debía transformarse en una democracia multirracial y elegir autoridades con participación de todos los grupos étnicos del país. El voto mayoritario fue a favor de este cambio, lo que llevó a la primera elección multirracial en 1994 que resultó en la asunción del primer presidente negro, Nelson Mandela.
Las tensiones raciales son parte de la historia de Sudáfrica desde sus orígenes, y el fin del apartheid no cambió esa situación. Pero lo que no ha vuelto a ocurrir en el país desde 1994 es la discriminación institucionalizada. No hay persecución racial y el marco constitucional garantiza el respeto absoluto a las diferencias y a la diversidad. Es decir, no existen razones que justifiquen otorgamiento de refugio por razones de discriminación racial a ningún grupo sudafricano.
¿Cómo se explica que, al tiempo que se rechaza a miles de personas cuyas vidas verdaderamente enfrentan múltiples riesgos, se haga el esfuerzo por recibir a 49 personas blancas argumentando falsamente la existencia de un genocidio? La respuesta da cuenta de un muy fuerte anclaje del gobierno norteamericano en la supremacía blanca, en el rechazo a la migración de pueblos diversos que no podrían integrarse por la sencilla razón de ser percibidos como el otro, enemigo, amenazante. No es un discurso que el presidente de Estados Unidos oculte; al contrario, no se ha cansado de llamar criminales y violadores a los mexicanos y terroristas a la población árabe, ni ha tenido inconveniente en referirse a los países africanos como “agujeros de mierda”, por nombrar sólo algunos ejemplos. Gran parte de su discurso está orientado no sólo a criticar sino incluso a legalmente eliminar de documentos públicos palabras vinculadas con lo que en Estados Unidos se conoce como la agenda woke. A modo de ejemplo, entre las palabras prohibidas se encuentran discriminación, diversidad, equidad, estereotipo, género, inclusión, LGBT, negros y latinos, comunidades indígenas, transgénero, vulnerable, mujeres y grupos subrepresentados… y muchas más. El término woke comenzó siendo utilizado por el movimiento Black Lives Matter (las vidas negras importan) como denuncia y llamado a superar el racismo, y luego fue incorporando otras preocupaciones de colectivos discriminados por otras razones como su género, orientación sexual, capacidad, etcétera, hasta convertirse en un movimiento asociado a ideas de izquierda y de búsqueda de la justicia social. Para el gobierno de Trump, woke es todo lo que está mal, lo que hay que eliminar, lo que no colabora con “hacer a Estados Unidos grande nuevamente”. No llama la atención que su asesor Elon Musk, nacido en Sudáfrica y educado en el colegio de varones afrikáners más conocido de Pretoria, haya sido quien promovió la recepción de familias afrikáners como parte de este mensaje blanco supremacista. Esa es la interpretación de varios analistas en Sudáfrica sobre el mensaje dado por Trump en medio de un amurallamiento evitando el ingreso de miles de personas que cumplen con los requerimientos para recibir refugio, pero que son de piel oscura, sus creencias religiosas no son cristianas, a veces sus gobiernos los persiguen por su orientación sexual no heterosexual, o sus ideas se orientan a la defensa de la justicia social que ha pasado a ser, para la extrema derecha internacional, el enemigo a combatir.
¿Cómo se explica que al tiempo que el gobierno de Estados Unidos rechaza a miles de personas cuyas vidas verdaderamente enfrentan múltiples riesgos, se haga el esfuerzo por recibir a 49 personas blancas argumentando falsamente la existencia de un genocidio?
Uno de esos periodistas sudafricanos, Max Du Preez, afrikáner él mismo, entrevistado también el 12 de mayo por Newzroom Afrika, además de referirse a este hecho como “el colmo del absurdo” dado que “nosotros los afrikáners no estamos siendo perseguidos, no hay genocidio, ninguna tierra ha sido tomada de granjeros blancos sin compensación”, manifestó su creencia en que la recepción de estas 49 personas afrikáners tiene mucho más que ver con la agenda de Trump en Estados Unidos, que “ha declarado la guerra a la diversidad y a la inclusión”, que con la situación de Sudáfrica. Cree también que quienes se presentaron al programa seguramente desean irse, pero por razones económicas, o incluso para no seguir viviendo en un país de democracia multirracial, distinto al país en el que crecieron con múltiples privilegios por el mero hecho de ser blancos. Manifestó también que esta situación le hace mucho daño al país, lo demoniza; es difícil entender que Estados Unidos otorgue refugio a quienes no enfrentan amenazas, lo que siembra sospechas sobre la realidad sudafricana. No es posible dejar de mencionar que Sudáfrica es precisamente el país que en diciembre de 2023 presentó ante la Corte Internacional de Justicia una aplicación para la prevención y sanción del delito de genocidio por parte del gobierno de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza.
El episodio evidencia los límites a los que está dispuesto a llegar el gobierno de Estados Unidos en defensa de una visión del mundo que niega el principio básico de la Declaración Universal de Derechos Humanos que es la dignidad de todos los seres humanos, internamente en su país y a nivel global. Sus decisiones no sólo ponen en riesgo miles (millones incluso) de vidas, sino que las condenan a la muerte.
¿Es posible esperar que los países que se consideran democráticos y defensores del marco internacional de derechos humanos se pronuncien contra esta barbarie cotidiana y condenen en términos rotundos la crueldad de estas decisiones? Que condenen los genocidios que efectivamente están ocurriendo. Que reciban refugiados expuestos en sus vidas cotidianas a riesgos múltiples. Que promuevan sanciones de Naciones Unidas a países que cometen crímenes contra la humanidad. Que rompan relaciones si es necesario para dejar claro que las vidas, todas las vidas, valen lo mismo y no hay excusas para su maltrato. Y que no hay relaciones comerciales, financieras o científicas que estén por encima de la defensa de la vida.
Ana Agostino es trabajadora social, doctora en Desarrollo por la Universidad de Sudáfrica, exdefensora de vecinas y vecinos de Montevideo.