Luego del lanzamiento del diálogo sobre protección social, en el que los partidos Nacional, Colorado, Independiente e Identidad Soberana decidieron no participar, el presidente Yamandú Orsi convocó formalmente a otro sobre seguridad pública, cuyas características había adelantado a fines de abril el ministro del Interior, Carlos Negro.
En principio, la respuesta fue positiva, pero ya se han escuchado quejas desde el Partido Nacional, alegando que el Poder Ejecutivo debería haber presentado desde el comienzo un plan propio. En el trasfondo de algunos cuestionamientos se percibe una disputa interna entre los nacionalistas, empeñados en mostrar quién de ellos es un opositor más duro.
Más allá de estos incidentes, es un hecho que varios problemas de seguridad pública y convivencia social se agravaron durante gobiernos del Frente Amplio y de la hoy llamada Coalición Republicana. El actual Ejecutivo tiene orientaciones en esta materia que no consisten apenas en reiterar lo que se hizo de 2005 a 2019, y es lógico que así sea, porque la situación ha cambiado (y no para bien), pero resulta muy razonable asumir que nadie ha demostrado tener un recetario infalible y avanzar cuanto sea posible hacia políticas de Estado.
En otras palabras, se trata de acordar algunas definiciones estratégicas, llevarlas a la práctica con respaldo amplio y prever que en su evaluación y ajuste periódico haya también participación colectiva.
Siempre habrá diferencias. Estas políticas tienen un fuerte componente técnico, pero también se basan en definiciones ideológicas. Por ejemplo, acerca de las prioridades en la defensa de bienes y derechos, o el punto de equilibrio deseable entre seguridades y libertades. Sin embargo, existe también un gran espacio para posibles coincidencias, si hay disposición a escuchar, a debatir y –experiencias anteriores exigen decirlo– a buscar realmente acuerdos y asumir responsabilidades, en vez de mantenerse en la comodidad de quien tira piedras desde la vereda de enfrente.
Esto tiene suma importancia en relación con la política carcelaria, que es una de las tres prioridades asumidas por Negro. En esta edición publicamos una entrevista con la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, y queda muy clara la urgencia de avanzar en ese terreno. La precariedad e insuficiencia de los recursos actuales no sólo determinan que las cárceles empeoren a muchísimas personas privadas de libertad, sino que además pone a Uruguay en grave riesgo de que, como ha sucedido en otros países, el control de los establecimientos quede en manos del crimen organizado y lo potencie.
En los papeles, hay bases sólidas de entendimiento sobre la necesidad de una reforma carcelaria. La cuestión es que los cambios exigen una considerable inversión de recursos, que obviamente no serían destinados a otros fines. Para que la ciudadanía lo acepte, es crucial que una amplia diversidad de partidos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil cierren filas en defensa de la propuesta. Si no lo hacen, mañana puede ser tarde.