La nueva administración nacionalista en Maldonado inicia su gestión con una apuesta al diálogo. Desde sus primeras palabras en la noche de la victoria, el intendente electo se mostró conciliador y generoso con la oposición, lo que sin duda fue un buen gesto, muy diferente del estilo de su predecesor. Es pronto para saber qué resultados arrojarán esas conversaciones, que ya han comenzado, pero no hay que llamarse a engaño: esta administración no presenta ningún cambio de dirección respecto de la anterior.
El intendente saliente encabeza una “transición” que es pura continuidad: así ha sido reconocida expresamente por el intendente electo, y tácitamente al mantener piezas clave del equipo. Tanto es así que, recientemente, el intendente saliente se reunió con el presidente de la República para presentarle proyectos que continuará la gestión entrante, como si fuera la propia, señalando precisamente la continuidad del equipo. Podrá cambiar el tono (que en política no es poca cosa), pero el proyecto sigue siendo el mismo.
Pero no es la intención hacer futurología, sino analizar la realidad. Podemos preguntarnos, teniendo en cuenta la posición del gobierno electo (tercera gestión consecutiva con triunfo del 60%, doblando los votos del partido opositor): ¿cuál es la utilidad táctica o estratégica de convocar a la oposición a un diálogo? Se me ocurren dos posibilidades, no necesariamente excluyentes: la primera, es involucrar al adversario en la gestión, con la finalidad de arrasar la poca oposición que queda (muy válida para el Partido Colorado, pero también para la coalición de izquierdas); la segunda, ofrecer alguna concesión a cambio de los favores que la intendencia puede necesitar del gobierno nacional.
Hay que recordar que las finanzas de la Intendencia de Maldonado durante la administración nacionalista nunca han sido muy prolijas, a juzgar por las frecuentes irregularidades observadas por el Tribunal de Cuentas, y hace varios lustros arrastran un déficit que no para de crecer: he ahí un buen tema de conversación en el eventual diálogo. ¿Con qué recursos cuenta la Intendencia y a qué monto asciende el déficit actualmente? No lo sabemos.
Otro tema de conversación relacionado con este es la venta de los terrenos donde se encontraba el histórico barrio Kennedy, con el desalojo de sus habitantes y la demolición del lugar –aprobados por unanimidad– como de los tantos episodios tristes de la vida de nuestro departamento, que no duda en arrasar la identidad local en pos de proyectos inmobiliarios: allí cerca, frente a la playa, se levanta una torre de 300 metros sobre los escombros del San Rafael. Aquí se vende cualquier cosa (una manzana histórica en el puerto y una plaza en Piriápolis ya están en oferta) y no sólo se destruye el patrimonio; a veces, se pone en peligro la principal fuente de riquezas del departamento: su naturaleza, su costa, su medioambiente, sin mejoras en las condiciones de vida de la gente. El mínimo consenso posible debería ser cuidar lo que es de todos y todas: cuidar lo público, cuidar el hábitat.
La palabra es la herramienta principal de la acción política, pero toda herramienta es un medio para un fin. Sería ingenuo pensar que el gobierno electo en Maldonado no lo sabe: ¿lo sabe la oposición? Sin un proyecto político sólido, aunque pueda ser tentador participar para controlar de cerca la administración o foguearse con experiencias de gestión, esa participación debilita a la oposición más de lo que la fortalece: nada garantiza que se pueda evitar un retroceso o lograr algún avance; en cambio, todo indica que se compartirán las responsabilidades y se obturará toda crítica, como sucedió con el proceso del Barrio Kennedy.
La palabra es la herramienta principal de la acción política, pero toda herramienta es un medio para un fin. Sería ingenuo pensar que el gobierno electo en Maldonado no lo sabe: ¿lo sabe la oposición?
Como toda herramienta, la palabra tiene varios usos. No sirve sólo para el diálogo, sino también para la discusión. La política no es solamente el arte de los acuerdos, también es el arte de lidiar con el conflicto. Si la oposición no tiene una postura firme sobre los principales temas, si ni siquiera puede plantear cuáles son esos temas, difícilmente el diálogo sirva para algo más que fortalecer los consensos funcionales al adversario que nos han traído hasta aquí: esto es, a tener una intendencia fundida, que recorta en cultura, que a pesar a aprobar una y otra vez proyectos de desarrollo inmobiliario no logra resolver los problemas de vivienda ni de movilidad, aumentando la desigualdad, y poniendo en riesgo el ambiente.
Si no hay oposición en la discusión pública, se fortalece el consenso sobre el statu quo, que alimenta la lógica despolitizadora y la privatización de los problemas públicos. Porque si la política renuncia a la confrontación, si la izquierda no es capaz de elaborar una contranarrativa, se fortalece el sentido común en torno a la idea de que gobernar es gestionar “sin ideología” (con la del neoliberalismo), y en esa lógica los problemas que afectan a los miembros de la comunidad no se entienden como problemas públicos, sino como asuntos privados, de cada uno.
En la visión neoliberal, administrar lo público es gestionar aquello que no interesa al mercado, porque el rol del Estado es proveer lo que no es rentable, para facilitar los negocios. Se entiende por qué impuesto o tributo son malas palabras (ni siquiera aparecían en el programa de gobierno departamental del Frente Amplio); también se entiende por qué se demuele un barrio para vender su suelo (aunque haya que pagar los costos del realojo); por qué se malvenden calles y terrenos públicos; por qué se autorizan obras que amenazan el ambiente, el patrimonio y el paisaje.
La ciudadanía, como pertenencia a la polis con plenos derechos, se reduce meramente al voto, mediante el cual no se eligen proyectos políticos antagónicos, sino gerentes de lo público. Y los problemas de la polis se convierten en problemas individuales de los votantes. En esa lógica, mi problema de vivienda es cosa mía, aunque lo sufra todo el barrio, y lo mismo la falta de saneamiento, la inoperancia del transporte público o el caos del tránsito y el estacionamiento. Porque además de alimentar la privatización, la lógica despolitizadora del consenso neoliberal conduce a la individuación. Es necesario (re)politizar los problemas de la ciudadanía; entenderlos y abordarlos como problemas de la comunidad que exigen soluciones políticas.
Por si no ha quedado claro, el problema no es el diálogo ni el consenso, sino sus contenidos: si no hay proyectos contrapuestos, alternativos, el diálogo será más bien un monólogo, y en política, más que en ninguna parte, el que calla otorga. Antes de dialogar, hay que tener algo que decir. Antes de acordar, hay que conocer los puntos de desacuerdo y los innegociables. Sin la expresión del disenso, los consensos del adversario se imponen.
Hoy, el Frente Amplio en Maldonado no está en posición de ponerle condiciones a nadie, salvo en su mediación con el gobierno nacional. Cuando un gobierno gana con 60% y duplica en votos al segundo partido, como sucedió aquí, no hay mucho de qué conversar. Pero más aún, cuando ese partido atraviesa una crisis de liderazgos y no tiene rumbo político claro, debe dialogar bastante hacia adentro antes de negociar con el adversario. En otra ocasión se podrá discutir las causas de la debacle, pero cabe subrayar que los problemas no son sólo de comunicación y de forma, como a veces se cree: son de fondo, de contenidos.
Si el gobierno departamental quiere dialogar con el gobierno nacional, allí están los representantes nacionales electos por el departamento de Maldonado, muy abiertos al diálogo y al consenso, por cierto. Basta recordar que la noche de los resultados, la llamada del presidente de la República, como el saludo de los legisladores, no se hizo esperar. Pero a nivel local, la oposición debe ser oposición y mostrar que tiene un proyecto alternativo al del oficialismo departamental: si la izquierda quiere ser gobierno, lejos de participar en muchos de los consensos existentes en nuestro departamento, debe plantear una revisión radical de estos, para construir un nuevo acuerdo sobre el departamento y la comunidad en que queremos vivir. Sin estrategia y sin objetivos, ninguna herramienta sirve, ningún diálogo tiene sentido.
Marcos Hernández es abogado y maestrando en Sociología.