Marcos Hernández

Criticar la actual política de seguridad nos exige una revisión crítica del rumbo que ayudamos a trazar y que hoy se reafirma con un vector más autoritario.

La pequeña corrupción del ciudadano que acepta un beneficio ilegítimo de un gobernante anula el reproche por falta de ética pública al gobernante que se vende a intereses económicos contrarios al interés colectivo.

Nadie duda de que las víctimas de delitos violentos sufren daños graves en diferentes niveles (físicos, psicológicos, económicos) que deben ser reparados, pero no parece ser la acción afirmativa el instrumento adecuado.

Parece desnaturalizarse el criterio de la racionalidad y la proporcionalidad, que son los mojones de la delgada línea que separa la legítima defensa de los excesos de la justicia por mano propia y la venganza privada.