La política atada con alambre: clientelismo en el interior

La denuncia del edil fernandino Ignacio Igarza (Frente Amplio) sobre el reparto irregular de canastas por parte de Eduardo Costa,¹ director de Desarrollo e Integración Social de la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) y candidato de la lista 75 del Partido Nacional (vinculada a la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida también como “Pare de sufrir”), viene a confirmar lo que desde el comienzo de la campaña es un secreto a voces en este departamento: las prácticas clientelares del Partido Nacional, que se incrementaron con la emergencia social originada por la pandemia.

El obsceno despliegue propagandístico que se suma a los vínculos de la Intendencia con la Fundación A Ganar (varias veces observados por el Tribunal de Cuentas) y el famoso artículo 30 del Decreto 3947/2016 de la Junta Departamental² va acompañado de una frondosa militancia rentada y la distribución de favores y promesas a cambio del voto, en el marco de la conocida relación del Partido Nacional con organizaciones evangélicas: la mencionada Pare de Sufrir, pero también Misión Vida y la ONG ESALCU (Beraca).

Pero lo más grave de estos hechos –episodios de corrupción, como lo es el uso proselitista de las canastas de alimentos de la IDM– no es que ocurran, sino que se normalicen. Muchos se preguntan cómo es posible que la gente se deje engañar o venda su voto, cómo es posible que tras cinco años de gobierno del Partido Nacional, con pocas obras, un inmenso déficit e incontables irregularidades, este partido se encamine a ganar nuevamente las elecciones: en palabras de Pepe Mujica, cómo puede ser que los chanchos voten a Cativelli. La hipótesis que se sostiene aquí es que la naturalización de esta forma de hacer política (además de estar mediada en algunos casos por la actividad de organizaciones religiosas) se apoya en uno de los pilares ideológicos que sostienen el capitalismo, la desigualdad y la dominación que le son inherentes: el individualismo exacerbado que persigue el mayor beneficio personal posible aun cuando ello implique privar a otro del mínimo necesario.

Esta forma de ver el mundo determina que cada cual priorice sus intereses individuales sobre cualquier interés colectivo y sobre el interés individual ajeno (puesto que el otro es un competidor), ignorando que la mayoría de las veces se podría lograr un mayor bienestar organizándose colectivamente para exigir lo que corresponde por derecho, en lugar de buscar obtener ilegítimamente algún beneficio personal. También es justo reconocer que toda construcción colectiva lleva tiempo, esfuerzo y planificación a mediano o largo plazo, cosa que es casi imposible cuando la principal preocupación es la supervivencia.

Es fácil aceptar ofertas clientelares cuando la necesidad aprieta: la promesa de un trabajo, precario, pero trabajo al fin, la obtención de una canasta de alimentos o materiales. El chancho vota al frigorífico porque le promete engordar rápido y a veces hasta le cumple. Una forma de hacer política que parece propia del caudillismo oligárquico semifeudal, pero que tiene enorme vigencia. Una suerte de neopopulismo de derecha: neoliberalismo para arriba y populismo para abajo. El contraste entre las torres de lujo construidas en Punta del Este mediante autorizaciones excepcionales con exoneraciones fiscales concedidas por el gobierno departamental y el reparto de canastas en los barrios populares a cambio del voto ilustra gráficamente las dos caras de la moneda.

Esta dinámica perpetúa la dominación y la desigualdad: unos engordan más que otros, al final el pobre sigue siendo pobre y el poderoso (en términos económicos y políticos) es cada vez más poderoso. Esta trampa de desigualdad es también una trampa de corrupción: la pequeña corrupción del ciudadano que acepta un beneficio ilegítimo concedido por un gobernante (sea un cargo o una canasta) anula el reproche por falta de ética pública al gobernante que se vende a intereses económicos contrarios al interés colectivo. Y así la corrupción se convierte en una práctica aceptada, se vuelve parte de las reglas del juego, degradando a la política y a las personas, cada vez más cerca del infame eslogan “rouba, mas faz” (aunque aquí se hace muy poco).

Se degrada la política y se precariza la vida, porque la dominación clientelar exige contar siempre con clientes que tengan necesidades insatisfechas para atenderlas mediante el ejercicio irregular de los poderes públicos, de manera que no hay posibilidad de progreso ni mucho menos de emancipación.

Al mismo tiempo, esta forma personalista de relacionarse –una forma de privatizar los asuntos de la polis– conspira contra la capacidad organizativa al individualizar demandas que son colectivas o mediarlas con un puntero (¿alcalde?) y no es ajena a la creencia de que la ética es un obstáculo para el éxito, en especial el económico. El paso de la “libre competencia” al “se vale todo”.

Se degrada la política (como actividad abstracta o profesión), las políticas (como actos de gobierno, políticas públicas) y lo político (en el sentido de lo público). Los recursos que se gastan en la atención de la clientela se sustraen del presupuesto que se destinaría a las obras beneficiosas para toda la población, afectando especialmente a quienes más necesitan la protección del Estado para garantizar el ejercicio de sus derechos. Tal vez en el territorio donde algún caudillo consigue favores no hacen falta recursos, pero allí donde nadie tiene contactos con el poder faltan servicios públicos básicos como la iluminación o el saneamiento, por no hablar de políticas culturales o deportivas.

El político se presenta como un vecino que usa su cargo para darle una mano a otros vecinos, y el ciudadano es reducido a su condición de votante al que hay captar para mantener el cargo, en una dinámica casi mercantil. Su condición de sujeto de derecho parece supeditarse a su opción electoral. La visión política y estratégica en la gestión de lo público como característica del gobernante deja de importar, cosa particularmente preocupante en un departamento con las características demográficas y económicas de Maldonado.

La degradación de la política conlleva al descrédito de los gobernantes y contribuye al desprestigio de la democracia. No hace falta advertir los peligros de ese derrotero antipolítico. Si bien esto ocurre a nivel local, hay que considerar el riesgo del traslado de las experiencias en los gobiernos departamentales del Partido Nacional al Poder Ejecutivo, cosa de la que ya hemos visto algunos avances, como el uso del Estado y/o la investidura para hacer política partidaria.

A mediano plazo, uno de los desafíos principales para las izquierdas en Maldonado (y me atrevo a decir, en todo el interior) es desarmar la lógica clientelar. Politizar, generar conciencia política, parece un camino posible, para lo cual es necesario construir organización popular y fortalecer el movimiento social enfrentando la sensibilidad individualista y lucrativa, reivindicando la política como actividad esencialmente colectiva, no sólo la partidaria y la estatal, sino también la cotidiana, en todos los ámbitos.

Todo es político: degradar la política es degradar la vida misma.

Marcos Hernández es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.