Es normal que desde la oposición se rechace un proyecto de ley presentado por el oficialismo. En cambio, resulta insólito que fuerzas políticas opositoras se nieguen a participar en un intercambio preparatorio, como lo hicieron a comienzos de esta semana los partidos Nacional, Colorado, Independiente e Identidad Soberana, convocados a dialogar sobre las políticas para la infancia, la protección a trabajadores activos, el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y las normas en materia de jubilaciones y pensiones.
En el vasto temario de protección social planteado por el Poder Ejecutivo, con una visión estratégica moderna del desarrollo, esos partidos vieron solamente un capítulo más de viejos debates sobre la reforma jubilatoria aprobada en 2023 y el proyecto de reforma constitucional sobre seguridad social impulsado, sin éxito, por el PIT-CNT. Anclados en controversias pasadas, menospreciaron la agenda del futuro.
Aun si el diálogo social se refiriera exclusivamente a temas jubilatorios, habría mucho que revisar y mejorar. La ley aprobada hace dos años no trajo soluciones de fondo para los problemas relacionados con tendencias demográficas, cambios tecnológicos y relaciones laborales desprotegidas: apenas redujo los egresos del sistema sin agregar fuentes de financiamiento, además de universalizar la obligación de aporte a las administradoras de fondos de ahorro previsional, más conocidas como AFAP.
El desfinanciamiento reaparecerá, y sería insensato seguirlo contrarrestando con más años de trabajo y prestaciones menores. La afirmación de que el tema está resuelto es falsa e irresponsable.
Pero esto constituye sólo una parte de la agenda urgente en el terreno de la protección social. Hay compromisos asumidos por todo el sistema partidario para encarar el escándalo creciente de la pobreza y la vulnerabilidad infantiles; hay sectores de la población excluidos de los derechos laborales; hay un aporte muy insuficiente del Estado en el área de los cuidados, que perpetúa graves carencias y desigualdades.
Todo eso implica frenos al desarrollo humano y la capacidad productiva del país, y requiere la articulación de políticas de financiamiento e implementación, a partir de lineamientos comunes. El abordaje integral y la búsqueda de acuerdos sociales y políticos amplios son aciertos: no basta con el mero protagonismo de los partidos ni con aprobar leyes sobre cada cuestión por separado.
La actitud de los partidos que se negaron a participar deteriora el clima de convivencia política, revela una percepción deficiente de lo que está en juego y retrasa el avance hacia su comprensión.
Incluso desde una perspectiva electoralista prematura y estrecha es un error. Rechazar la búsqueda colectiva de soluciones sólo les puede parecer bien a las personas ya convencidas de que no hay nada que hablar con el Frente Amplio; no les va a aportar a los partidos opositores ni un poquito de simpatía entre la gente que se declara indecisa cuando se hacen encuestas sobre intención de voto, y que termina inclinando la balanza.