Una reforma vareliana del empleo: universal, suficiente y digno

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La imaginación tiene un rol articulador de nuestro mundo social; a través de ella establecemos qué es lo que podemos aceptar, qué es lo que podríamos transformar y qué está más allá de nuestro alcance. La imaginación delimita nuestro mundo social, aunque esos límites son móviles, y a lo largo de la historia podemos identificar distintos momentos de su transformación y reconfiguración. Simplemente recordemos que en un momento de la historia de la humanidad todas las personas comenzaron a ser concebidas como iguales en dignidad, y eso llevó a que progresivamente fuese condenable que alguien pudiese tener a otro ser humano como su propiedad.

Los ejemplos de estos cambios son numerosos y en nuestro país pueden ilustrarse en la forma en que las luchas sociales y el debate público llevaron a la transformación de los límites de lo que aceptamos; tanto el voto de la mujer como el divorcio por la sola voluntad de la mujer o la ley de ocho horas cambiaron las relaciones entre el hombre y la mujer, y entre empleadores y trabajadores.

Esta redelimitación del mundo social tuvo, además de estos ejemplos, un hito radical en la reforma vareliana; las características de gratuita, laica y obligatoria establecieron en forma definitiva cuáles deben ser los rasgos fundamentales de la educación en Uruguay. El éxito y aceptación de esta transformación se convirtió en una fuente de orgullo para nuestro país, y además marcó a fuego los límites del posible alcance de la educación privada, al igual que pautó lo poco exitosa que puede llegar a ser la mercantilización de la educación. ¿Es posible imaginarnos una transformación similar para el trabajo?

Educación y trabajo para la formación ciudadana

La reforma vareliana sentó las bases de la formación del ciudadano de la democracia uruguaya. Siguiendo a John Dewey, se puede afirmar que para que esa formación sea completa es preciso garantizar el empleo de una forma similar a la educación. Para el filósofo estadounidense, el trabajo y la educación eran las dos instituciones formativas más importantes de una democracia. La educación no era entendida en un alcance limitado a la instrucción, sino como la forma en que la sociedad transmite sus hábitos, valores y experiencias a las nuevas generaciones. Por su parte, el trabajo, especialmente el cooperativo, permitía vincular los aprendizajes de la educación con la experiencia; de ahí que para Dewey aprender haciendo era indispensable para desarrollar tanto capacidades intelectuales como sociales. Es debido a este entrelazamiento entre educación y trabajo que ambas instituciones se constituyen en los pilares de la formación ciudadana.

En Uruguay tenemos muy clara la importancia de la educación para la ciudadanía y la democracia, pero hemos dejado al trabajo en un rango de importancia menor principalmente porque tendemos a asumirlo más como un medio para la reproducción vital y menos como una institución de la que depende la formación para el ejercicio de la democracia. El trabajo, como podemos concluir a partir de Dewey, cumple un rol determinante en la educación de la persona y el ciudadano, porque, en la medida en que es una práctica en la que nos relacionamos con otros, permite la adquisición y desarrollo de capacidades cognitivas y de pautas normativas que le posibilitan al individuo desempeñarse en la vida social. En virtud de lo anterior, el trabajo es bastante más que un medio para obtener recursos que nos permitan cubrir nuestras necesidades. Su ejercicio no solamente posibilita el aprendizaje de ciertas destrezas técnicas, sino muy especialmente la adquisición de reglas a partir de las cuales nos relacionamos con otros, a través de quienes consolidamos y expandimos nuestro autorrespeto y autoestima.

Esta forma de concebir al trabajo es algo compartible por las sociedades democráticas en general y la nuestra en particular, pero ciertamente estamos muy lejos de que esta creencia se traduzca en diseños institucionales que permitan garantizarlo de una forma similar a la educación. Esto es explicable porque, a diferencia de la educación, el trabajo quedó circunscripto al mercado, lo que impidió su garantía universal, ya que históricamente por este medio no se ha podido asegurar el pleno empleo, así como tampoco la autorrealización y la dignidad. En consecuencia, la formación ciudadana a través del trabajo queda debilitada, parcializada y en muchos casos hipotecada. Por la vía de los hechos, el mercado de trabajo condena a una parte importante de la población a ser ciudadanos de segunda clase.

Empleo universal, suficiente y digno

Quiero proponer que una verdadera preocupación por la formación ciudadana no puede prescindir de un respaldo simétrico a la institución de la educación y la del trabajo. Ese respaldo y búsqueda de simetría podría traducirse en que las características de laica, gratuita y obligatoria de la educación encontraran su paralelismo en el trabajo a través de los rasgos de universal, suficiente y digno. Veamos qué implica esto.

Universal significa que todo uruguayo tiene derecho a acceder a un empleo, y eso debe ser asegurado por el Estado. Esto último no significa que el Estado sea el empleador universal, pero sí quien diseñe incentivos y subvenciones para que el mercado de trabajo y también el propio Estado aseguren que todo ciudadano pueda contar con un empleo toda vez que lo requiera.

Suficiente supone que la remuneración por este trabajo debería permitirle a una persona reproducir su vida materialmente, es decir, garantizar en forma mínima cosas tales como techo, alimentación, vestimenta y ocio, entre otras necesidades básicas.

Digno significa que el trabajo debe contribuir a la autorrealización de la persona, sustentada en el autorrespeto que nace de ser reconocida como igual ciudadano y en la autoestima que se afirma cuando su aporte a la sociedad es efectivamente valorado.

La propuesta de empleo garantizado por el Estado puede ser la forma de intervención institucional que permita cumplir con estos rasgos. Esta medida tiene como rasgo distintivo la simplicidad, y consiste en que el Estado se compromete a asegurar empleo a todo ciudadano que lo necesite y lo demande, de tal manera que perfectamente podría ser el camino para transitar hacia una reforma vareliana del empleo que lo asegure como universal, suficiente y digno. El empleo garantizado por el Estado hace varios años que es parte de la discusión académica internacional y local¹ y su implementación requiere un rediseño institucional que posibilite asegurar su financiamiento. Afortunadamente, en Uruguay esto ha sido estudiado por un grupo de investigación que, en el marco del Instituto de Economía y el Instituto de Justicia Social y Desigualdades, está explorando su posible implementación a través de diferentes simulaciones.² Hay información generada y que se sigue generando; la discusión académica respalda esta medida y existe el interés de la Dirección Nacional de Empleo en estos avances. En este momento es preciso que esta propuesta y su discusión trasciendan el ámbito académico y comiencen a extenderse en la sociedad.

El empleo garantizado por el Estado, además de todo lo dicho, también puede ser el inicio para salir de la situación de calle que están padeciendo tantas personas, y puede ser también una herramienta para que se reinserten en la sociedad quienes son liberados de las cárceles, o incluso en algunos casos podría ser una alternativa a la tentación del narco. Lejos está de mi intención proponer ingenuamente una supermedida que solucione todos los males de la sociedad. Tenemos graves problemas y eso requiere acciones y estrategias complejas, pero debemos animarnos a imaginar, a ver como posible y realizable algo que ahora está fuera de los límites de nuestro mundo social. Solamente si somos capaces de atentar contra esos límites es que podremos conquistar el futuro para nuestros ciudadanos.

La democracia moderna surgió con una promesa emancipatoria que consistía en asegurar libertades, oportunidades y medios materiales para realizar la condición de igual ciudadanía. Esta promesa no ha sido cumplida y en ello radica una parte importante de la explicación del retroceso de las democracias. Garantizar algo tan básico como que las personas cuenten con medios materiales para su vida y, a la vez, que eso sea parte de su formación como ciudadanos es imperioso, tanto por razones de fortaleza y supervivencia de la democracia como por razones de humanidad.

Animémonos a imaginar que, en algún momento en el futuro, cuando se les pregunte a nuestros escolares por las características del trabajo en Uruguay, puedan decir: universal, suficiente y digno.

Gustavo Pereira es corresponsable del Instituto de Investigación en Justicia Social y Desigualdades de la Universidad de la República.