Estas semanas, España entera y buena parte de quienes la miramos desde lejos aprendimos el nombre de María del Carmen Abascal. Maricarmen tiene 87 años y vivió 71 en el mismo piso del barrio del Retiro, en Madrid. Llegó con sus padres cuando tenía 17, heredó el contrato de alquiler de ellos y pagó su renta durante décadas; pero el miércoles 23 de setiembre salió de esa casa en camilla después de que le dieran una hora para poner en cajas una vida entera, y, obviamente, terminó internada. Esa misma tarde, unas 10.000 personas salieron a la calle en Madrid a manifestar su enojo, y la bronca se repitió en Barcelona, en Sevilla, en Valencia.
No voy a opinar sobre la Justicia española ni a repartir culpas en la política de otro país, pero sí de políticas de vivienda en un mundo donde el capital gana terreno de manera exponencial. El caso tiene capas que son propias de su ordenamiento normativo, un contrato de renta heredado, una sociedad que compró la vivienda con la inquilina adentro, años de litigio que llegaron hasta las puertas de la Justicia y que no se trasladan sin más a Uruguay, donde los alquileres se rigen por otras reglas y tienen otra historia. No lo traigo como espejo. Lo traigo porque no deberíamos dejar que nos refleje.
Antes del desalojo se intentaron varias salidas. La Entidad Estatal de Vivienda española se ofreció a comprar el piso para seguírselo alquilando a un precio razonable, e incluso una persona anónima ofreció a último momento pagar parte del alquiler. Pero la sociedad propietaria no aceptó ninguna de las dos. Una de las prórrogas anteriores al desalojo, además, se había concedido justamente porque no existía una alternativa habitacional para ella. Lo que los servicios sociales tenían para ofrecerle era una plaza en una residencia o un piso tutelado compartido, no su casa.
Todos los intentos tenían como finalidad encontrar, a contrarreloj y a un precio de mercado, una vivienda que el Estado no tenía. Y esa es la lección que nos importa. La alternativa habitacional no se puede improvisar el día del desalojo, debe existir antes. Un Estado sin parque habitacional propio siempre va a llegar tarde, y va a tener que salir a buscar alternativas cuando la urgencia es máxima y su capacidad de negociar, mínima.
De hecho, llegó tarde. Cinco días después del desalojo, con la mediación de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid, la sociedad propietaria aceptó un nuevo contrato por ocho años, con un alquiler que no supera el 30% de sus ingresos, y Maricarmen podrá volver a su casa cuando reciba el alta. Es una buena noticia, pero para que apareciera hicieron falta un desalojo, una internación y miles de personas en la calle. Una solución que depende de que el caso se haga público y estalle en la prensa no es una política de vivienda, es una excepción.
Lo llamativo del caso español es que es la historia de un país que apeló a la vivienda pública. Entre 1952 y 2016 España construyó más de 6,8 millones de viviendas protegidas: más de una de cada cuatro viviendas en ese país se levantó con apoyo público, y, sin embargo, su parque de vivienda social ronda hoy el 3%, contra un promedio europeo de entre ocho y nueve.
Esas casas quedaron, después de un tiempo, en el libre mercado. La mayor parte de esas viviendas se hizo para vender y con una protección que vencía: pasados unos años, las viviendas se “descalificaban” y salían al mercado como cualquier otra. El Estado puso el esfuerzo una vez y el beneficio se fue evaporando período tras período y venta tras venta.
Somos un país que envejece, con hogares cada vez más chicos y cada vez más personas mayores viviendo solas. El alquiler empieza a tener el peso que amenazaban otras partes del mundo: hoy, los inquilinos promedio destinan cerca de una cuarta parte de su ingreso a pagarlo.
En Uruguay existen algunos ejemplos de que las cosas se pueden hacer distinto. Y no son de un gobierno ni de un partido: son del país. La primera es el cooperativismo de vivienda. La vivienda es de la cooperativa, las familias tienen derecho de uso y ese techo no sale al libre mercado. Hace más de medio siglo que ese modelo demuestra que una vivienda puede estar fuera de la especulación sin dejar de ser un bien. Claro que eso no quiere decir que funcione solo ni sin desafíos. Cuando una familia se va, hay que devolverle las partes sociales que aportó, y la familia que llega tiene que poder integrarlas. Ese aporte, en un bien que no es hipotecable para un préstamo de forma individual, genera dificultades de acceso a viviendas vacías en el sistema cooperativo que estamos comprometidos a solucionar junto con las federaciones. Entre otras cosas, queremos cubrir esos cupos teniendo claro que esa solución habitacional no se liberaliza. Un parque de vivienda que no especula es una conquista, pero tenemos que lograr que se vuelva a habitar rápido. Tener casas vacías en un sistema como este es una injusticia.
La segunda tiene todo que ver con Maricarmen. En los años 80, un grupo de jubilados salió a reclamar vivienda para los pasivos más pobres. De esa lucha nació el programa de soluciones habitacionales del Banco de Previsión Social, cuyas viviendas construye el ministerio y que se sostuvo desde su origen, en parte, con el aporte solidario de las propias personas jubiladas. Las viviendas se entregan en comodato y, cuando quedan libres, se vuelven a adjudicar. Esas viviendas no se descalifican cuando pasa un plazo ni se venden cuando cambia el gobierno: vuelven a ser solución para quien las necesita, una y otra vez.
En junio estuvimos con la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, en la entrega de 30 apartamentos de ese programa sobre la calle Uruguay, en pleno Centro de Montevideo. Uno de los nuevos vecinos contaba que hasta ese día vivía en la casa de su hijo y que esas llaves le devolvieron su autonomía. Es la escena inversa a la de Madrid. La diferencia entre una escena y la otra no está en las personas, está en que acá hay una casa pública para darle. No alcanza, lo sabemos, pero 30 Maricármenes uruguayas no van a tener que sufrir nunca en su vida un desalojo.
Decimos con firmeza que el ministerio no construye casas, sino que busca garantizar el acceso y la permanencia. El caso de Maricarmen es, antes que nada, un problema de permanencia; no le faltó esfuerzo ni cumplimiento. Pagó durante toda su vida, no debía nada, no hizo nada malo. Le faltó un sistema que entendiera y protegiera su lugar cuando la propiedad de su casa cambió de manos y le pidieron un alquiler varias veces mayor que el que podía pagar con su jubilación. Lo que le pasó no depende de lo que hizo, y cuando eso ocurre, el pacto social se rompe para todos.
Uruguay tiene motivos propios para tomarse esto en serio. Somos un país que envejece, con hogares cada vez más chicos y cada vez más personas mayores viviendo solas. El alquiler empieza a tener el peso que amenazaban otras partes del mundo: hoy, los inquilinos promedio destinan cerca de una cuarta parte de su ingreso a pagarlo y, en el quintil más bajo, casi el 40% de sus ingresos. Los propietarios van disminuyendo y las personas que alquilan no dejan de crecer. En este contexto, el alquiler social que acabamos de lanzar no es un programa más en una lista. Lo empezamos a construir con “Abriendo puertas – Alquiler”, con la meta de llegar a 2.100 viviendas de alquiler social sobre stock público en 2029 y con un plan piloto en Ciudad Vieja en el que el Estado cobra el suelo público en viviendas que se transforman en parque público. Es solo un comienzo.
La lección española obliga a acelerar la discusión. No alcanza con construir el parque: hay que diseñarlo para que se quede. Que no se venda cuando aprieta la caja, que no pierda su protección cuando vence un plazo, que vuelva a adjudicarse cuando una familia cambia de etapa de vida, que no ceda a la primera ley de libre mercado y, sobre todo, que existan las herramientas para que la solución ocurra rápido. Tenemos que construir un acuerdo nacional para construir un parque público de viviendas protector y garantista. Con una primera regla: la vivienda pública de alquiler social que Uruguay construya la conserva Uruguay, incluso si eso implica desafíos legislativos.
Maricarmen le pidió a la gente que no se quedara en casa. Desde acá, la mejor manera de tomarse en serio esa indignación global no es mirarla de lejos, es seguir haciendo ahora, con algo de tiempo, lo que en España faltó el día en que se necesitó. El derecho a la vivienda no se defiende solamente en una manifestación, se construye antes, se cuida durante y se garantiza siempre. Ese es el eje, el camino y el objetivo.
Christian Di Candia es subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial y exintendente de Montevideo.
