Hay una realidad que debería interpelarnos a todos quienes participamos, de una u otra manera, en la vida política: existe un creciente descreimiento hacia el sistema político y hacia la capacidad de la democracia para resolver los problemas concretos de la gente.
No se trata solamente de una percepción. En los últimos años hemos visto cómo los errores de la política ocupan un lugar central en la conversación pública, mientras que sus aciertos muchas veces pasan inadvertidos. Esto no significa negar las responsabilidades que existen ni dejar de señalar aquello que debe ser corregido. Significa preguntarnos qué ocurre cuando la discusión pública queda concentrada exclusivamente en el error, el conflicto y el escándalo, y pierde de vista las transformaciones que también ocurren a través de las instituciones.
Perder el foco de una discusión también puede ser una decisión política. Desviar la atención, instalar determinadas lógicas de confrontación o convertir cada problema en una disputa permanente puede terminar ocultando las preguntas verdaderamente importantes: ¿qué estamos haciendo?, ¿hacia dónde queremos ir?, ¿para quién hacemos política?, y, sobre todo, ¿qué capacidad tiene nuestro sistema democrático para mejorar la vida de las personas?
Hace pocos días se conoció una encuesta que señalaba que 45% de los uruguayos no tendría inconvenientes con un gobierno no democrático si este fuera capaz de resolver los problemas del país. El dato, por sí solo, debería generar preocupación. Pero antes de indignarnos con ese porcentaje de la sociedad, quizás deberíamos preguntarnos qué hicimos —o qué dejamos de hacer— para llegar hasta acá.
Una parte de la responsabilidad corresponde, sin dudas, al sistema político y a quienes lo integramos. Pero sería insuficiente explicar este fenómeno únicamente desde allí. También existen otros factores que inciden en la manera en que las personas construyen su vínculo con la democracia: los medios de comunicación, las redes sociales, la circulación acelerada de discursos de odio, la desinformación y la creciente capacidad de distintos poderes económicos y políticos para incidir en la conversación pública.
En América Latina, además, la discusión sobre la injerencia externa en los procesos políticos tampoco es nueva. La historia de nuestra región está atravesada por intervenciones, intereses geopolíticos y disputas de poder. El Plan Cóndor forma parte de esa historia y debería recordarnos que la defensa de la soberanía democrática nunca puede darse por sentada.
Sería un error pensar que el problema está únicamente afuera. También tenemos que mirar hacia adentro.
Las recientes elecciones en Brasil volvieron a mostrar la profundidad de la polarización y la dificultad de las democracias contemporáneas para construir consensos en sociedades atravesadas por discursos cada vez más agresivos. Más de 33 millones de brasileños eligieron no ejercer su voto. El fenómeno no es exclusivamente brasileño. Se expresa, con características diferentes, en distintos países y a través de liderazgos que han construido parte de su identidad política sobre la confrontación permanente, desde Jair Bolsonaro y Donald Trump hasta Javier Milei y José Antonio Kast.
Frente a esto, la política tiene una responsabilidad que no puede eludir: recuperar la capacidad de discutir ideas sin convertir al adversario en un enemigo. Defender la democracia no significa negar el conflicto político. Al contrario: significa reconocer que el conflicto es parte de ella, pero que debe canalizarse dentro de instituciones, reglas y derechos compartidos.
También debería preocuparnos el alejamiento de la ciudadanía de los espacios de participación. Cuando millones de personas deciden no votar, cuando los jóvenes sienten que la política no tiene nada para decirles o cuando la democracia deja de ser percibida como una herramienta capaz de transformar la vida cotidiana, no alcanza con responsabilizar a la ciudadanía por su desinterés. Tenemos que preguntarnos qué estamos comunicando y, sobre todo, qué estamos ofreciendo.
La discusión ya no puede reducirse únicamente a izquierda o derecha. Hay una discusión anterior y más profunda: qué democracia queremos construir y qué estamos dispuestos a hacer para fortalecerla.
En ese desafío, las nuevas generaciones tenemos una responsabilidad particular. No porque tengamos todas las respuestas —claramente no las tenemos—, sino porque vamos a vivir durante más tiempo las consecuencias de las decisiones que se toman hoy. La juventud no puede ser indiferente frente a la discusión democrática, pero también me resulta injusto exigirle compromiso político a alguien que estudia durante horas, trabaja una jornada completa, llega a su casa agotado y casi nunca llega a fin de mes. Y, al final, siente que las instituciones no tienen respuestas para sus problemas.
Es difícil pedirle a alguien que crea en la democracia cuando la democracia no logra llegar a su vida cotidiana.
La discusión ya no puede reducirse únicamente a izquierda o derecha. Hay una discusión anterior y más profunda: qué democracia queremos construir y qué estamos dispuestos a hacer para fortalecerla.
Uruguay tiene, en este sentido, una fortaleza que no deberíamos subestimar. Nuestro sistema de partidos, nuestra institucionalidad y nuestra tradición democrática son reconocidos por propios y ajenos. Pero, justamente por eso, tenemos la obligación de estar a la altura. Ninguna institución está garantizada para siempre y ninguna conquista democrática debería darse por definitiva.
Lo que ocurre actualmente alrededor de las juntas departamentales del país también debería servirnos como ejemplo. Las juntas cumplen una función fundamental en la democracia departamental: representan a la ciudadanía, legislan en el ámbito de sus competencias y ejercen funciones de contralor. Cuando se pone en cuestión la legitimidad de esas instituciones, existe una responsabilidad colectiva de defender su función sin dejar de exigir transparencia, controles y rendición de cuentas.
Criticar aquello que está mal y exigir que mejore es parte de la democracia. Deslegitimar sistemáticamente las instituciones, en cambio, puede terminar debilitando las herramientas que tenemos para corregir esos mismos problemas. La democracia necesita crítica, pero también necesita compromiso.
Necesita ciudadanos que cuestionen, instituciones que respondan, medios de comunicación que informen y dirigentes capaces de asumir sus responsabilidades. Y necesita, especialmente, una generación joven que no acepte como inevitable que la política se convierta en un espacio dominado por el odio, la desinformación o la indiferencia.
Construir una democracia más fuerte es responsabilidad de todos y todas. No solamente de quienes ocupan cargos políticos, sino de quienes participan en organizaciones sociales, sindicatos, centros de estudiantes, medios de comunicación, instituciones educativas y también de quienes simplemente ejercen su ciudadanía todos los días.
No podemos asumir la soberanía como una realidad dada ni como algo cotidiano. En el escenario internacional, donde vemos constantemente distintas formas de injerencia externa, debemos tener claro que la soberanía es un principio que no está en venta y una responsabilidad que debemos asumir colectivamente.
Si algo debería enseñarnos la historia es que la democracia puede parecer garantizada hasta el día en que deja de estarlo. Quizás por eso la pregunta más importante hoy no sea solamente cuánto creemos en la democracia, sino qué estamos haciendo para que las próximas generaciones vuelvan a creer en ella.
Facundo González es asesor en la Junta Departamental de Montevideo por la lista 711 del Frente Amplio y estudiante de la Universidad de la República.
