Violencia, muerte, cárcel e inseguridad en Uruguay: una mirada sobre cómo la sociedad trata a sus jóvenes

Editar

Uruguay discute mucho sobre los jóvenes que pueden ser peligrosos y bastante menos sobre los jóvenes que están en peligro. Esa diferencia de mirada aparece cuando se colocan juntas estadísticas que normalmente viven separadas: suicidio, siniestros de tránsito, homicidios, desempleo juvenil, encarcelamiento y reincidencia. Los números no describen una única población ni autorizan a decir que pobreza o exclusión conduzcan inevitablemente al delito. Pero sí formulan una pregunta incómoda: ¿qué lugar real ofrece nuestra sociedad a quienes están entrando en la vida adulta?

Una contradicción que los números vuelven visible

Uruguay es una sociedad envejecida. Por eso la mayoría de sus muertes responde a enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras patologías asociadas al curso de vida. Sin embargo, cuando se enfoca la juventud, las causas externas adquieren otra dimensión. En 2024 hubo 764 suicidios. La tasa del grupo de 20 a 24 años llegó a 33,2 por 100.000, la más alta registrada históricamente para esa franja. En el tránsito murieron 434 personas y, entre todos los lesionados, las personas de 15 a 34 años representaron 55,5%; el grupo de 20 a 24 fue el más afectado.

Estas cifras obligan a cambiar el foco. El problema no es solamente cuántos uruguayos mueren, sino quiénes mueren antes de tiempo, de qué manera y después de qué trayectorias.

El suicidio: una emergencia que no produce la misma alarma

El suicidio ofrece quizás la comparación más perturbadora. En 2024 produjo aproximadamente el doble de muertes que el homicidio. Sin embargo, no organiza la conversación pública con la misma intensidad. El homicidio tiene agresor, víctima, investigación, imágenes, policías, fiscales, tribunales y responsables políticos. El suicidio suele quedar confinado al ámbito familiar, sanitario y privado.

Eso no significa que deba transformarse el suicidio en espectáculo. Significa que su magnitud debería producir una preocupación pública proporcional, especialmente cuando el Ministerio de Salud Pública identifica un pico extraordinario entre los 20 y 24 años y tasas muy elevadas de intentos de autoeliminación en adolescentes y jóvenes.

Hay, además, una fuerte dimensión de género. Los hombres presentan una tasa de suicidio muy superior a las mujeres. Esto obliga a preguntarse qué hacemos con los modelos de masculinidad que enseñan a resistir, callar, asumir riesgos y pedir ayuda demasiado tarde. Una política de juventud no puede limitarse a educación y empleo: debe incluir salud mental, vínculos, pertenencia y capacidad de imaginar un futuro.

El trabajo como puerta de entrada a la adultez

La desigualdad generacional también aparece en el mercado laboral. Durante el segundo semestre de 2025, el desempleo entre las personas de 14 a 24 años fue 24%, mientras la tasa general se situó en 7,1%. El indicador no quiere decir que uno de cada cuatro jóvenes del país esté desempleado —se calcula sobre quienes participan del mercado laboral—, pero sí muestra una barrera de entrada extraordinariamente superior a la del resto de la población.

Para los sectores medios y altos, la prolongación de la juventud puede significar más años de estudio, viajes, formación y apoyo familiar. Para otros jóvenes puede significar espera, trabajos informales, salarios bajos, imposibilidad de independizarse y una sucesión de puertas cerradas. El mismo país ofrece, por tanto, experiencias muy diferentes de lo que significa tener veinte años.

La cárcel: cuando la sociedad llega tarde

El sistema penitenciario muestra con crudeza dónde terminan algunas trayectorias de vulnerabilidad. En diciembre de 2023, el 45% de la población privada de libertad tenía 29 años o menos. El Libro Blanco de Reforma Penitenciaria reconoce un sistema en situación de agotamiento estructural, con crecimiento del encarcelamiento, hacinamiento, dificultades de acceso a derechos y programas de tratamiento, y debilidad de las políticas pospenitenciarias.

El dato no permite afirmar que ser pobre o abandonar los estudios produzca delincuencia. La enorme mayoría de los jóvenes pobres no delinque. Pero tampoco puede ignorarse que la cárcel selecciona desproporcionadamente trayectorias atravesadas por baja escolarización, precariedad laboral, vulnerabilidad territorial y contactos previos con distintas instituciones sociales.

Hay una paradoja institucional: muchas veces el Estado conoce a esos jóvenes antes de que lleguen a prisión. Los conoce la escuela cuando comienzan a faltar, los servicios sociales cuando el hogar necesita asistencia, el sistema de salud cuando aparecen consumos o sufrimiento, la policía cuando comienzan pequeños conflictos y, finalmente, el sistema penal cuando el problema ya es mucho más difícil y costoso.

Entrar, salir y volver

La prisión debería interrumpir la trayectoria delictiva y crear condiciones para una vida distinta. Sin embargo, el propio diagnóstico oficial señala que cerca del 65% de los excarcelados estudiados vuelve a delinquir en un plazo de tres años. Entre 2000 y 2023, mientras la población general creció apenas 2,8%, la población privada de libertad aumentó 243%, hasta alcanzar una de las tasas de encarcelamiento más altas de la región.

Cuando alguien sale de prisión con antecedentes, educación incompleta, vínculos debilitados, problemas de vivienda y pocas posibilidades de empleo formal, exigirle simplemente que “se reinserte” puede convertirse en una ficción. Si la sociedad cierra las puertas después de haber fracasado en abrirlas antes, la cárcel corre el riesgo de transformarse en una estación recurrente: ingreso, encierro, egreso precario, nuevo conflicto y reingreso.

Del joven vulnerable al joven peligroso

Aquí aparece la contradicción central. El adolescente que abandona el liceo es tratado como problema educativo. El joven sin empleo, como problema laboral. El consumidor problemático, como problema sanitario. Cuando delinque, pasa a ser un problema de seguridad. Pero las instituciones pueden estar observando, en momentos diferentes, una misma biografía.

Esto no elimina la responsabilidad individual. Comprender no significa justificar. Quien comete un delito debe responder ante la ley y las víctimas tienen derecho a protección, justicia y reparación. Pero una sociedad inteligente no espera al delito para preguntarse qué ocurrió. La prevención comienza mucho antes que la patrulla, el juzgado o la cárcel.

¿Por qué tememos más al homicidio que a otras muertes?

Los homicidios son menos numerosos que los suicidios y, en 2024, también fueron menos que las muertes de tránsito. Sin embargo, poseen una capacidad incomparable para organizar el miedo colectivo. No es irracional: ser asesinado supone un daño deliberado causado por otra persona y cuestiona directamente la promesa básica del Estado de garantizar seguridad.

Pero la percepción del riesgo no se construye solamente con estadísticas. Se construye con experiencia personal, relatos familiares, imágenes, conversaciones, redes sociales, discursos políticos y noticias. Un homicidio es estadísticamente un caso; comunicacionalmente puede transformarse en 20 noticias: el hallazgo, la víctima, el sospechoso, los antecedentes, la detención, la audiencia, los testimonios, la reconstrucción y la controversia política.

Los medios y la multiplicación del acontecimiento

Los medios no inventan el delito y tienen la obligación de informarlo. Pero informar también significa seleccionar, jerarquizar y encuadrar. El problema aparece cuando la reiteración sustituye al contexto, cuando el caso excepcional parece representar al conjunto o cuando el dramatismo se convierte en una forma permanente de captar audiencia.

En la economía contemporánea de la atención, miedo, indignación y sorpresa tienen enorme capacidad de circulación. A la televisión y la radio se sumaron portales, videos, mensajería y algoritmos de redes sociales. El mismo episodio puede perseguir al ciudadano durante todo el día en pantallas diferentes. Esa sobreexposición no vuelve falso el hecho, pero puede alterar la percepción de su frecuencia y proximidad.

Existe periodismo uruguayo serio que contextualiza, investiga y consulta especialistas. El problema es que el análisis estructural compite en desventaja con la urgencia. Es más fácil narrar una balacera ocurrida anoche que explicar durante meses la circulación de armas, los mercados ilegales, la reincidencia, la segregación territorial, el abandono educativo o las políticas de rehabilitación.

El miedo también tiene utilidad política

La inseguridad es, además, un terreno privilegiado de competencia política, porque permite responsabilizar al gobierno de turno. La oposición tiene incentivos para destacar deterioros, casos impactantes y fallas; el oficialismo, para mostrar descensos, operativos y tendencias favorables. Cuando cambia el gobierno pueden cambiar también los papeles. Convertir esta dinámica en patrimonio de un solo partido sería intelectualmente pobre.

Algo similar ocurre con los medios. Uruguay tiene tradiciones editoriales y afinidades ideológicas, pero no es serio afirmar sin pruebas que toda cobertura policial responde a una orden partidaria. Sí es razonable analizar cómo interactúan intereses empresariales, líneas editoriales, competencia por audiencia, discursos políticos y expectativas del público.

La jerarquía social de las muertes

Las tres investigaciones reunidas permiten formular una idea incómoda: existe una jerarquía social de las muertes. No todas las vidas perdidas producen la misma conmoción ni todas las causas reciben atención proporcional a su magnitud. El homicidio se convierte inmediatamente en cuestión pública. El suicidio puede quedar encerrado en el dolor privado. La muerte vial puede naturalizarse como accidente. Y detrás de cada una existen jóvenes que desaparecen de la sociedad por caminos distintos.

Por eso el debate sobre seguridad debería ampliarse. Seguridad también es que un adolescente pueda atravesar una crisis sin morir; que un joven pueda circular en moto sin quedar expuesto a riesgos evitables; que pueda terminar sus estudios; que encuentre una primera oportunidad laboral; que no sea captado por un mercado criminal; y que, si cometió un delito y cumplió una pena, encuentre una puerta real para no volver.

¿Cómo trata Uruguay a sus jóvenes?

No existe una única respuesta. Uruguay ofrece educación pública, salud, políticas sociales, instituciones culturales y múltiples mecanismos de protección. Miles de familias, docentes, técnicos y organizaciones sostienen diariamente a adolescentes y jóvenes. Pero también existe una distancia entre el discurso que afirma que “los jóvenes son el futuro” y las oportunidades concretas que una parte de ellos encuentra en el presente.

A algunos jóvenes la sociedad les concede tiempo para equivocarse, estudiar, cambiar de carrera, viajar y comenzar de nuevo. A otros les exige madurar rápidamente, aportar ingresos al hogar y responder por decisiones tomadas muy temprano. Algunos pueden transformar un error en aprendizaje. Para otros, un error puede convertirse en antecedente, estigma y puerta cerrada. El problema no es únicamente económico. Es también de reconocimiento. Las personas necesitan sentir que ocupan un lugar legítimo, que son vistas por algo más que sus carencias o riesgos y que el esfuerzo puede modificar su trayectoria. Cuando una sociedad mira a determinados jóvenes principalmente como sospechosos, consumidores, desempleados, “ni-ni” o delincuentes, puede terminar debilitando precisamente los vínculos de pertenencia que necesita fortalecer.

No son una amenaza: son parte de nosotros

Sería un error romántico convertir a todo joven que delinque en víctima de la sociedad. También sería un error inverso convertir a toda una generación vulnerable en amenaza. Entre ambos extremos existe una política posible: exigir responsabilidad individual y, simultáneamente, asumir responsabilidad colectiva por las condiciones en que se construyen las trayectorias.

Una política de seguridad verdaderamente moderna necesita policía profesional, investigación criminal, justicia eficaz, control de armas y persecución de mercados ilegales. Pero necesita también salud mental, educación, empleo, tratamiento de adicciones, intervención territorial, rehabilitación penitenciaria y acompañamiento después de la cárcel.

Es una falsa elección plantear prevención social o seguridad. La prevención social sin capacidad estatal para contener la violencia abandona a las víctimas. La respuesta exclusivamente punitiva, sin intervención sobre las condiciones que reproducen la violencia y la reincidencia, administra el problema sin resolverlo.

La pregunta que queda

Quizás la contradicción más profunda sea esta: mientras una parte de la sociedad teme a determinados jóvenes, esos mismos jóvenes aparecen con demasiada frecuencia entre quienes están en peligro. En peligro de abandonar los estudios, de no encontrar trabajo, de sufrir o ejercer violencia, de ingresar a prisión, de reincidir, de accidentarse o de quitarse la vida¹.

Las estadísticas no permiten afirmar que todas esas trayectorias sean iguales ni que una conduzca necesariamente a la otra. Sí permiten afirmar que la juventud merece ser observada de manera integral y no únicamente cuando se convierte en problema.

Una sociedad revela cuánto valora a sus jóvenes no por cuánto habla de ellos, sino por cuántas oportunidades reales les ofrece antes de tener que lamentarlos, juzgarlos o encerrarlos.

Mario Castro fue presidente del Banco de Seguros del Estado (2010-2020).