En un mundo en que la inteligencia artificial, las plataformas, las tierras raras y la fabricación de semiconductores están en el núcleo de la geopolítica, Uruguay parece haber abandonado la articulación de una política digital a nivel país.
Hay una diferencia sustantiva entre política informática y política digital. La primera es el soporte en sistemas de las definiciones y proyectos políticos. La segunda implica la transformación de la realidad utilizando lo digital como medio. Parece entreverado, pero vale la pena detenerse un instante para entenderlo.
Hace 20 años las empresas facturaban en papel y tenían sistemas informáticos que soportaban esa facturación. Eso es política informática. No importa ni el tamaño ni la complejidad del sistema de facturación, este es soporte a una operativa y una reglamentación que funciona en papel. En 2012 se promulga un decreto que reglamenta la Ley 18.600 y nace la facturación electrónica. Ahora la factura está en el sistema, es ese conjunto de bytes que guardan la información. La factura tradicional es la “representación impresa” de la factura electrónica y tiene un rol casi intrascendente. Eso es política digital.
Hace 20 años, cuando nace la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), los organismos tenían política informática. Agesic tuvo la capacidad de proponer y llevar adelante la política digital, y ese fue tal vez su gran mérito. Empezar a mirar cómo lo digital deja de ser soporte y pasa a transformar la sociedad, la economía y la vida de las personas directamente.
Hoy todos los organismos tienen política digital: tienen proyectos para interoperar digitalmente, reemplazar operativas completas, interactuar con los ciudadanos y un abanico múltiple de facetas que utilizan tecnología para cambiar la realidad. Y tienen proyectos para aplicar inteligencia artificial a sus ámbitos de política pública. Ese cambio tan significativo supone un cambio radical en la misión de Agesic: debe abandonar la idea de una agencia que crea y dirige la política digital en un mundo de organismos que llegan solo hasta la política informática, y pasar a liderar y articular la política digital del Estado, transformando en un todo coherente el crisol de iniciativas.
Parecería que vamos en el sentido contrario: salir del ruedo, soslayar la discusión y ceder la iniciativa completa a cada organismo. Algunos ejemplos: en la delegación de 150 personas que viajó a China no participó ningún representante de Agesic. En la presentación del diálogo por una ley contra la violencia de género digital Agesic no estaba en el estrado. En el discurso del presidente ante la Asamblea General no hubo una mención a la política digital como un todo, más allá de las menciones a Uruguay Innova y a Ceibal, lo que refuerza la idea de ceder el terreno a cada una de las partes.
Es de justicia reconocer que el único actor político que señala esta omisión es el diputado Rodrigo Goñi, y lo hace con razón.
La regulación de la inteligencia artificial
Se podría seguir agregando omisiones una tras otra, pero ninguna como la de no actuar proactivamente en la definición de la regulación de la inteligencia artificial. El mundo se aburre de repetir la necesidad de regular para controlar y mitigar los riesgos de la IA.
La regulación de la inteligencia artificial es un tema extremadamente complejo. Por ejemplo: está claro que los modelos de IA tienen sesgo, y que hay que prevenirlo. El problema es cómo: ¿lo prohibimos?, ¿creamos un nuevo delito?, ¿creamos el comité de auditoría de sesgos de IA?, ¿generamos el protocolo de homologación antisesgos? Todas parecen bastante tontas, a la vez que resaltan el problema: si no encontramos la forma de regular, el sesgo estará ahí perjudicando una vez más a los que siempre salen perjudicados.
En un mundo donde la inteligencia artificial, las plataformas, las tierras raras y la fabricación de semiconductores están en el núcleo de la geopolítica, Uruguay parece haber abandonado la articulación de una política digital a nivel país.
No es un problema teórico: si te cancelan por “violar las políticas” tu cuenta de Gmail, de Whatspp, de Apple, de X, de Facebook, de Instagram, de Mercado Libre, de Tinder o cualquier otra, ¿a quién reclamás? Tu trabajo, tus contactos, tu entorno y tus relaciones dependen hoy de tus cuentas digitales. Tu vida está fuertemente integrada a tu relación digital con el resto del mundo. Y a diario un algoritmo en un servidor remoto decide que hay personas que no son dignas y la discusión termina ahí, salvo que acepten hacer una demanda en un juzgado de Seattle o Belfast.
Agesic, en vez de avanzar en su rol de liderazgo y articulación, se retiró completamente del tema, cediendo en los hechos a Uruguay Innova el liderazgo. Uruguay Innova es una iniciativa realmente relevante, liderada por Bruno Gili con decisión e inteligencia. Está alineando los recursos, construyendo la institucionalidad y generando las políticas para que la investigación, la ciencia y la innovación tengan un impacto sensiblemente mayor en la economía. Pero en la regulación de IA debería ser una de las opiniones a tomar en cuenta, porque carece de la visión social y de derechos que tiene Agesic.
Regular la inteligencia artificial es imprescindible también desde el punto de vista económico. George Akerlof y Robert Shiller, ambos laureados con el premio Nobel de Economía, sostienen que el mercado por sí solo, sin regulación, produce engaño y manipulación. Lo fundamentan detalladamente en el libro La economía de la manipulación. Si a esto le sumamos la situación periférica de Uruguay, los efectos se multiplican varias veces.
No regular implica que rige la ley del más fuerte, y en IA los más fuertes son muy fuertes, empresas que manejan presupuestos que multiplican varias veces el PIB de Uruguay. No regular es aceptar que los beneficios económicos de la IA no van a quedar en Uruguay, que va a regir a rajatabla el modelo de las cuatro o cinco corporaciones que proponen que seamos exclusivamente usuarios de una tecnología. No regular no es solo un problema de derechos, es también un error económico.
Pongamos como ejemplo responder la pregunta de si queremos data centers. Sin regulación un data center es un edificio lleno de máquinas y cables que consume cantidades ridículamente grandes de energía y agua, a la vez que incorpora al ambiente cantidades desequilibrantes de humedad y calor. Produce una decena de empleos técnicos: los que instalan las máquinas y los cables. A eso se suman empleos de seguridad y limpieza. El resto de los empleos pueden estar en cualquier parte del mundo. Y como les creamos una zona franca, tanto la importación de los equipos como los beneficios no dejan ningún impuesto. ¿Queremos data centers sin regular nada?
Claro que no estamos solos en el mundo, y que como país pequeño no tenemos un gran margen de maniobra. Hay temas, como el abuso en la extracción y uso de datos personales, que no están en las manos de un país como Uruguay resolver, y en los que dependemos del curso de la regulación a nivel internacional.
Poner como excusa que la regulación puede ser mala no es un argumento de recibo. Hacer las cosas mal produce malos resultados, es tautológico y no hay aporte alguno en ello. Uruguay necesita entender el equilibrio entre lo que debe regular para que la economía y la sociedad uruguaya se beneficien de la inteligencia artificial desde todas sus facetas, y lo que es posible regular en un mundo internacional que se ha vuelto complicado. La parálisis y la omisión no son una estrategia.
Daniel Mordecki es docente de Usabilidad y fue director ejecutivo de Agesic.