Montevideo no es una ciudad pobre. Tampoco es una ciudad sin presupuesto, sin técnicos o sin planificación. El verdadero problema, el que se comenta en voz baja en los barrios y se evita en el discurso político, es otro: la distancia creciente entre lo que la intendencia decide invertir y lo que los vecinos sienten como prioritario.
La capital concentra una parte significativa de los recursos públicos del país. Año tras año, el presupuesto departamental crece, se diversifica y se presenta acompañado de grandes conceptos: sostenibilidad, inclusión, innovación, perspectiva de derechos. Sin embargo, basta caminar algunas cuadras fuera de los circuitos más visibles para encontrar una realidad que no dialoga con esos enunciados: veredas rotas, iluminación deficiente, contenedores desbordados, arbolado sin mantenimiento, espacios públicos degradados y trámites que parecen no tener responsable claro.
No se trata de negar avances ni de desconocer políticas valiosas. Se trata de algo más incómodo: la forma en que se ordenan las prioridades. Porque gobernar una ciudad no es solo ejecutar proyectos, sino decidir, con criterio y sensibilidad territorial, qué se atiende primero y qué puede esperar. Y en Montevideo, hace tiempo, esa jerarquía parece invertida.
Mientras se anuncian planes ambiciosos, con nombres atractivos y fuerte carga simbólica, lo básico sigue fallando. Lo cotidiano. Lo que impacta todos los días en la calidad de vida. Para muchos vecinos, la experiencia con el gobierno departamental no es un gran proyecto urbano, sino una vereda intransitable, una luminaria apagada o una gestión que nunca obtiene respuesta. Esa brecha entre discurso e impacto real erosiona la confianza, aunque no siempre se traduzca en protesta organizada.
Desde la oposición, el desafío no es negar el rol del Estado ni cuestionar la inversión pública en sí misma. El desafío es plantear una pregunta que incomoda: ¿cómo se define qué es prioritario en Montevideo?
Hay también un problema de centralización. Los municipios, pensados como herramientas de cercanía y descentralización, suelen quedar atrapados entre la expectativa vecinal y la falta de poder real. Escuchan, canalizan, acompañan, pero muchas decisiones clave siguen dependiendo del nivel central. El resultado es frustración compartida: vecinos que sienten que nadie resuelve y autoridades locales que no cuentan con los instrumentos necesarios para hacerlo.
La participación, otro emblema del relato progresista, corre un riesgo similar. Instancias hay muchas. Espacios de diálogo, consejos, consultas. Pero cuando participar no implica decidir ni incidir en el destino concreto de los recursos, la participación se vacía de sentido. Escuchar sin actuar termina siendo otra forma de distancia.
Desde la oposición, el desafío no es negar el rol del Estado ni cuestionar la inversión pública en sí misma. El desafío es plantear una pregunta que incomoda: ¿cómo se define qué es prioritario en Montevideo? ¿Quién decide qué barrios esperan y cuáles avanzan? ¿Con qué criterios se evalúa el impacto real de lo que se gasta?
Porque gastar no es lo mismo que invertir. Invertir implica mejorar efectivamente la vida de las personas, y una ciudad justa no es la que acumula más programas o más anuncios, sino la que primero resuelve lo esencial, de forma equitativa y transparente. La alternancia política no debería verse como una amenaza, sino como una oportunidad para revisar inercias, corregir rumbos y volver a alinear el presupuesto con las necesidades reales de la gente. Gobernar mucho tiempo también exige rendir cuentas de otro modo: con más autocrítica, más evaluación y menos autosatisfacción.
Montevideo no necesita menos Estado. Necesita un Estado que priorice mejor, que confíe más en sus territorios y que mida su éxito no por la cantidad de planes que presenta, sino por la cantidad de problemas cotidianos que logra resolver.
Porque al final del día, una ciudad se defiende menos desde los discursos y más desde las veredas que se caminan.
Agustín Pintos es dirigente político y preside el Club Zonal E del Partido Colorado.