Cada agosto, la Semana Mundial de la Lactancia Materna vuelve a poner sobre la mesa una serie de mensajes que ya conocemos: la importancia de amamantar, los beneficios de la leche materna, la necesidad de acompañar a las familias y el valor de sostener la lactancia durante los primeros meses de vida. El lema de este año es: “Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona”.
Esos mensajes son importantes. Pero también pueden volverse insuficientes si no se los confronta con la experiencia concreta de quienes intentamos sostener la lactancia en la vida real: trabajando, trasladándonos, durmiendo poco, extrayéndonos leche cuando se puede, resolviendo cuidados y haciendo equilibrio entre el cuerpo, el empleo y un bebé que todavía depende intensamente de nosotras.
Volví a trabajar cuando mi hija tenía tres meses. Lo hice en Secundaria, en régimen de medio horario, amparada en un derecho. También sostuve la lactancia materna exclusiva, tal como recomiendan los organismos de salud durante los primeros seis meses de vida.
Dicho así, la situación podría parecer relativamente ordenada: existe una normativa, una forma de reintegro y cierto reconocimiento institucional del cuidado.
El problema no está en negar esos avances, sino en lo que ocurre cuando esos derechos se encuentran con la vida cotidiana de los centros de trabajo y muestran sus límites. Una cosa es reconocer la lactancia como un derecho y otra muy distinta es organizar las condiciones para que pueda sostenerse.
Volver a trabajar con un bebé de tres meses no implica solamente ajustar horarios. Implica reorganizar el cuerpo, el descanso, las tomas, las extracciones de leche, los traslados, la casa, los cuidados y la disponibilidad emocional. Implica volver cuando todavía se está saliendo del parto, cuando el sueño está fragmentado y cuando la dependencia del bebé sigue siendo muy intensa.
No se trata de una dificultad individual ni de una mala organización doméstica. En mi caso, además, existe un padre muy presente y una red familiar que acompaña. Aun así, volver a trabajar con una bebé tan pequeña, sostener la lactancia, organizar las extracciones y coordinar cuidados resulta enormemente exigente. Por eso el problema no puede reducirse a la organización privada de cada familia. Se trata de una tensión más amplia entre lo que la sociedad recomienda, lo que las normas reconocen y lo que las instituciones están efectivamente dispuestas a garantizar.
Uruguay ha avanzado en el reconocimiento de derechos vinculados a la maternidad, la lactancia y el cuidado. Existen licencias, regímenes de medio horario, normativa específica y un discurso público que valora cada vez más la primera infancia. Nada de eso es menor: son conquistas importantes, construidas social y políticamente.
Pero los derechos no se ejercen en abstracto. Se ejercen en horarios, edificios, trayectos y cuerpos concretos. Se ponen a prueba cuando una madre tiene que extraerse leche durante la jornada laboral, cuando existe –o no– un lugar privado, higiénico y accesible; cuando el horario permite sostener la lactancia sin convertir cada día en una carrera de obstáculos. Y, en el caso de las docentes, también se ejercen en planillas, certificaciones, registros de asistencia, actividad computada, listados y escalafones.
Esto puede parecer un asunto administrativo, pero no lo es. La actividad computada forma parte de la manera en que se valora la actuación docente. En términos simples, refiere a la relación entre las clases que se dictan y las que se deberían haber dictado. Por eso, las inasistencias no son un dato neutro: pueden incidir en la calificación, en los listados, en el lugar que una docente ocupa para elegir horas y, en definitiva, en su trayectoria laboral.
La normativa contempla excepciones para que determinadas licencias vinculadas a la maternidad no afecten esa actividad. Eso es correcto y necesario. Pero el problema aparece cuando el derecho depende de que cada situación sea correctamente registrada, certificada, interpretada y tramitada. Cuando una ausencia vinculada al embarazo, al puerperio o al cuidado queda atrapada en una categoría administrativa equivocada o cuando la trabajadora debe activar reclamos, formularios o gestiones dentro de plazos breves, la protección deja de ser automática y se transforma en una carga.
Una docente que vuelve al trabajo con un bebé de tres meses no debería tener que defender administrativamente que su embarazo, su parto o su lactancia no perjudiquen su actividad computada. No debería tener que conocer los laberintos de la normativa, anticipar errores de registro o sostener trámites en el momento en que está intentando sostener el trabajo, el cuerpo, la lactancia y el cuidado de un bebé pequeño.
Ahí hay una violencia burocrática silenciosa. No porque exista necesariamente una intención de dañar, sino porque la organización institucional muchas veces no logra ponerse en el lugar concreto de quien acaba de parir y vuelve a trabajar.
Si un derecho maternal depende de que una mujer, a los pocos días de reintegrarse, tenga que hacer gestiones para que ese derecho no le juegue en contra, entonces algo está mal diseñado. La protección no debería depender de la capacidad individual de reclamarla. Debería operar de oficio, de manera clara, simple y garantista.
La Ley 19.530 establece la instalación de salas de lactancia en determinados lugares de trabajo y estudio. Define estos espacios como áreas exclusivas y acondicionadas para amamantar, extraer, almacenar y conservar leche materna. También indica que deben garantizar privacidad, seguridad, comodidad, higiene y fácil acceso. Incluso cuando una institución no alcanza los mínimos para instalar una sala formal, si hay al menos una mujer en período de lactancia debe asegurar mecanismos para que pueda amamantar o extraerse leche.
La norma es clara. La experiencia cotidiana, muchas veces, no lo es. En el liceo donde trabajo no hay una sala de lactancia ni un espacio adecuado para extraer leche en condiciones de privacidad, higiene y tranquilidad. Eso obliga a resolver de manera improvisada algo que no debería depender de la improvisación: encontrar un lugar disponible, un momento posible, una puerta que cierre, un enchufe, un mínimo de intimidad.
La escena puede parecer menor, pero no lo es. Es allí donde un derecho deja de funcionar como garantía efectiva y pasa a depender de la capacidad de adaptación de cada madre.
Una sala de lactancia no es un beneficio accesorio ni una comodidad privada. Es una condición material para ejercer un derecho. Sin ese espacio, la lactancia queda relegada a los márgenes de la jornada laboral: en el apuro, en la incomodidad, en la exposición o en la negociación permanente.
Lo digo como trabajadora, como docente, como madre de una bebé pequeña y también como madre donante del Banco Regional de Leche Humana. Donar leche implica extraer, conservar, etiquetar, sostener una rutina y confiar en que esa leche va a llegar a otros bebés que la necesitan. Es una experiencia profundamente solidaria, pero también muestra algo muy concreto: la lactancia no se sostiene solo con voluntad. Se sostiene con tiempo, información, higiene, espacios adecuados, redes y reconocimiento institucional.
El problema no es solo la falta de un lugar físico, sino lo que esa ausencia revela: hasta qué punto el cuidado sigue siendo pensado como algo que debe resolverse individualmente, incluso cuando existe normativa que lo reconoce. La lactancia puede ser promovida, valorada y celebrada, pero aun así quedar librada a la capacidad de cada mujer de encontrar cómo sostenerla.
Los centros educativos no son ajenos a estas discusiones. En ellos hablamos de derechos, ciudadanía, igualdad y cuidado. Enseñamos qué sociedad vale la pena construir. Pero cuando una trabajadora no encuentra un lugar digno para extraerse leche, el mensaje institucional también enseña: el cuidado importa, pero no siempre lo suficiente como para reorganizar espacios, tiempos y prioridades.
Hay allí una contradicción pedagógica, además de laboral y política. Una institución educativa enseña también con sus prácticas: cuando cuida y cuando no cuida, cuando hace lugar y cuando obliga a arreglarse como se pueda, cuando garantiza derechos y cuando los deja en el plano de la declaración.
Esta discusión se vuelve aún más relevante si se la vincula con otros datos recientes. Hace pocos días, la diaria publicó una nota sobre una investigación que muestra que la prescripción de fórmula infantil al alta hospitalaria aumentó en Uruguay de 7% en 2008 a 27,9% en 2020. El estudio señala que muchas de esas indicaciones no responden a una necesidad médica estricta y que los factores asociados no son solamente biológicos, sino también institucionales.
El dato importa porque desplaza la discusión. Las dificultades para sostener la lactancia no empiezan necesariamente cuando una madre vuelve a trabajar. Muchas veces aparecen antes: en la maternidad, en el alta, en el acompañamiento insuficiente, en indicaciones “por las dudas” o en un sistema que no siempre tiene tiempo, formación o recursos para sostener el deseo de amamantar.
La fórmula infantil puede ser necesaria y valiosa en muchas situaciones. No se trata de juzgar a las madres que no amamantan o deciden no hacerlo ni de convertir la lactancia en una exigencia moral. El punto es otro: cuando una madre quiere amamantar, el sistema debería estar preparado para acompañarla.
Si en la maternidad no siempre se apoya adecuadamente la lactancia, y si luego en el trabajo no existen condiciones para sostenerla, la responsabilidad termina recayendo casi por completo sobre la madre. En ese recorrido, la lactancia deja de ser una práctica acompañada socialmente y pasa a convertirse en una prueba de resistencia individual.
La pregunta es si los derechos existentes alcanzan para sostener la vida real. Un derecho que depende de encontrar un baño disponible, un salón vacío o una pausa entre clases no está plenamente garantizado: está apenas enunciado.
Por eso, la discusión sobre las salas de lactancia no puede separarse de la organización del trabajo y del sistema de cuidados. Promover la lactancia sin crear condiciones reales para sostenerla la vacía de contenido.
La lactancia materna exclusiva depende de tiempo, información, acompañamiento, condiciones laborales, apoyo familiar, equipos de salud formados, horarios razonables y espacios adecuados. Cuando alguno de estos elementos falta, la carga vuelve a recaer principalmente sobre las mujeres.
Ese es uno de los problemas centrales. La lactancia aparece como política pública, pero en la práctica muchas veces se sostiene por el esfuerzo individual: organizar, anticipar, negociar y resolver. Lo que se presenta como cuidado colectivo termina descansando, una vez más, sobre trabajo invisible.
La pregunta es si los derechos existentes alcanzan para sostener la vida real. Un derecho que depende de encontrar un baño disponible, un salón vacío o una pausa entre clases no está plenamente garantizado: está apenas enunciado. Y un derecho que depende de que una madre recién reintegrada haga trámites para que su maternidad no afecte su trayectoria laboral tampoco está plenamente garantizado. Está condicionado por la capacidad de esa mujer de reclamar, insistir y no equivocarse en el procedimiento. Eso no es corresponsabilidad institucional. Es un traslado de carga.
También es necesario discutir la corresponsabilidad de manera más concreta. Involucrar a los padres no puede quedar solo en el discurso si las políticas y las instituciones siguen organizándose en torno a la idea de que la madre ajustará todo.
Esta contradicción se vuelve especialmente evidente en un país que observa con preocupación la caída de nacimientos. Uruguay pasó de 37.472 nacimientos en 2019 a 29.899 en 2024. Cada vez nacen menos niños.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué condiciones estamos ofreciendo para que esos nacimientos ocurran y puedan sostenerse?
No alcanza con preocuparse por la natalidad en términos demográficos si, al mismo tiempo, maternar, paternar y cuidar siguen organizándose como una experiencia cuesta arriba. En un contexto de descenso sostenido, cada vida infantil importa. Y, sin embargo, las condiciones materiales para cuidar a esos niños y niñas siguen siendo frágiles, desiguales y muchas veces improvisadas.
Si la preocupación por la natalidad es real, la respuesta no puede ser discursiva. Tiene que traducirse en políticas concretas que acompañen efectivamente a las familias en los primeros meses de vida.
La propia Secretaría de Género de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria ha sistematizado derechos vinculados a maternidad, lactancia, medio horario y salas de lactancia en los centros educativos. También ha señalado que, aunque no exista una norma específica sobre la confección de horarios para docentes con medio horario por lactancia, no deberían establecerse grillas imposibles de cumplir para una trabajadora en esa situación.
A su vez, en resoluciones sindicales se ha planteado la necesidad de discutir licencias más extensas, medio horario por más tiempo y la consideración de traslados y distancias. El problema no es desconocido. La pregunta es qué lugar ocupa efectivamente en la organización cotidiana del trabajo.
Eso implica, al menos, abrir algunas discusiones urgentes: extender las licencias maternales y parentales; revisar el alcance del medio horario por lactancia; garantizar salas de lactancia en todos los centros de trabajo y estudio; incorporar criterios de cercanía y traslados en la organización laboral; asegurar que las licencias vinculadas al embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia no perjudiquen la actividad computada ni la trayectoria funcional; simplificar de oficio los procedimientos administrativos, y fortalecer el acompañamiento a la lactancia desde el sistema de salud.
No se trata de beneficios excepcionales. Se trata de condiciones básicas para sostener algo que el propio sistema dice valorar.
Volví a trabajar cuando mi hija tenía tres meses. Como tantas otras mujeres, lo hice intentando sostener al mismo tiempo el trabajo, la lactancia y la crianza. No es una experiencia individual: es una forma extendida de habitar la maternidad hoy. El problema no es solo cuántos nacimientos hay. Es el lugar que ocupa la vida –y el cuidado de esa vida– en la organización real de la sociedad. La pregunta, entonces, deja de ser demográfica para volverse política: ¿estamos dispuestos a sostener aquello que decimos valorar o vamos a seguir dejando que maternar sea, en los hechos, una experiencia a contramano?
Estefanía Ganduglia es profesora de Inglés en educación secundaria y maestranda en Ciencias Humanas opción Teorías y Prácticas en Educación por la Universidad de la República.
