Uruguay se enfrenta a una encrucijada histórica en materia fiscal. Mientras el mundo negocia en Naciones Unidas una nueva arquitectura para la cooperación tributaria internacional, el país tiene la oportunidad de consolidar su posición como referente regional en la tributación de la economía digital. Pero también enfrenta el riesgo de que las reglas que se escriban en Nueva York desplacen o limiten sus propios aciertos.
El dato central es que Uruguay ya grava con criterios propios los servicios digitales transfronterizos. Su legislación ha sabido capturar valor generado en su territorio por plataformas, suscripciones, publicidad en línea y otros servicios intangibles que cruzan fronteras sin dejar rastro físico. Ese acierto, sin embargo, podría verse fortalecido o debilitado por lo que ocurra en la mesa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En primer lugar –y es lo que más debería importarle a Uruguay–, la discusión sobre un protocolo ambicioso para la tributación de los servicios transfronterizos, como los que el país ya aplica, que sirva de reglas modelo en un contexto de creciente digitalización de la economía, para garantizar que los países en los que se prestan esos servicios y se encuentran los usuarios tengan derecho a gravarlos.
Las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación se reanudarán el 3 de agosto de 2026 en Nueva York, y se extenderán durante un par de semanas. El objetivo es cerrar hacia mediados de 2027 un texto de la convención marco que, por primera vez, establezca principios globales para la cooperación fiscal forjados en un ámbito democrático, como lo son las Naciones Unidas.
El corazón de la discusión para Uruguay está en el protocolo sobre tributación de servicios transfronterizos, que se negociará en paralelo y podría adoptarse en 2027. Este protocolo buscará consagrar el derecho de los países donde se prestan servicios digitales y donde residen los usuarios a gravar esas operaciones, rompiendo con el dogma tradicional incorporado en el Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y en gran parte en el Modelo ONU, que reserva ese derecho casi exclusivamente al país de residencia del prestador o al de la sede del capital.
Para Uruguay, un protocolo ambicioso sería un blindaje: confirmaría que su enfoque actual es compatible con el estándar internacional y lo protegería de presiones bilaterales o de interpretaciones restrictivas impulsadas por países con intereses fiscales opuestos. Además, abriría la puerta a ampliar su base imponible al establecer reglas modelo que otros países de la región podrían seguir, reduciendo la competencia fiscal desleal y la fuga de bases hacia jurisdicciones de baja tributación.
Esta semana, Uruguay debe sentarse en Nueva York, no como un observador pasivo sino como un protagonista que ya ha demostrado que se puede gravar la economía digital sin ahuyentar la inversión.
Pero también hay riesgos. Si el protocolo resulta tímido o demasiado influenciado por los intereses de las grandes economías, podría imponer limitaciones a los mecanismos que países como Uruguay y Colombia utilizan, como la tributación en fuente de determinados servicios o, en el caso colombiano, la definición de establecimiento permanente digital que yo introduje durante mi última gestión como ministro de Finanzas. En ese escenario, Uruguay –y Colombia– tendría que adecuar su legislación interna a estándares menos favorables, perdiendo autonomía y recursos. Pero también incidiría en sus futuras negociaciones de convenios para evitar la doble imposición, ya que es de esperar que el protocolo de servicios se constituya en el estándar o regla modelo a utilizar.
El otro gran frente es el intercambio automático de información. Uruguay ya participa activamente en el sistema global, pero la convención de la ONU podría abrir nuevas vías: registros interconectados de beneficiarios efectivos, informes públicos país por país y la posibilidad de usar la información intercambiada para fines más amplios que los estrictamente fiscales (por ejemplo, para combatir el lavado de activos o la corrupción). Todo ello reforzaría la transparencia y la eficacia de su sistema tributario.
El momento es especialmente delicado porque la región aún no habla con una sola voz. Mientras algunos gobiernos prefieren alinearse con Washington, Uruguay tiene la oportunidad de articularse a través de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe (PT-LAC), y aprovechar su rol como presidente del G77 para impulsar una coordinación más amplia entre los países del Sur global.
Esta semana, Uruguay debe sentarse en Nueva York, no como un observador pasivo, sino como un protagonista que ya ha demostrado que se puede gravar la economía digital sin ahuyentar la inversión. Su experiencia concreta es un activo que pocos países del Sur global pueden exhibir. Si logra que el protocolo reconozca y amplíe su enfoque, habrá dado un paso decisivo hacia una fiscalidad más justa y soberana. Si, por el contrario, se queda al margen o negocia sin coordinación regional, corre el riesgo de que otros definan por él el futuro de sus impuestos soberanos.
La cita es el 3 de agosto en Nueva York. Para Uruguay, llegar temprano y con una posición clara no es una opción: es una necesidad.
José Antonio Ocampo es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Internacional de Tributación de Corporaciones, profesor de la Universidad de Columbia y exministro de Hacienda de Colombia.
