Mafalda está leyendo los deberes: “Ema se asoma. Ve la mesa de la sala”. Levanta la cabeza y grita: “Mamá, la sala ¿qué pieza viene a ser?”. Un globito muestra la escueta respuesta de la madre: “El living”, y Mafalda remata: “¡¿Por qué demonios no escribirán estos libros en castellano?!”.
Esta genialidad de Quino viene a cuento de la palabra default, un anglicismo que se ha colado en nuestro lenguaje para nombrar al valor por omisión (default quiere decir literalmente omisión). Se trata del valor entre muchos que opera cuando nosotros no asignamos deliberadamente uno. La palabra viene de la informática y las configuraciones, pero se ha naturalizado en el lenguaje y hoy la aplicamos a muchas cosas, como, por ejemplo, la autorización de utilizar celulares en el aula.
Hoy el default es “totalmente permitido”. Si nadie dice nada, si el docente, la dirección, los padres o el centro educativo no indican lo contrario, los alumnos pueden utilizar el celular todo lo que quieran.
Consenso en el disenso
La discusión sobre los celulares en el aula es muy amplia, no solo geográficamente, porque en todo el mundo se debate sobre el tema, sino porque el abanico de posturas va desde los entusiastas netos hasta los prohibicionistas radicales, pasando por todos y cada uno de los matices posibles.
Sin embargo, en ese mar de disenso y posiciones encontradas, hay algunos puntos de consenso bastante sólidos, o al menos puntos que cruzan horizontalmente la mayoría de las posturas, más allá de los matices.
Salvo por los tecnoentusiastas que quieren reemplazar la educación por un chatbot de IA, hay acuerdo en que los celulares en el aula son realmente un problema. No una alternativa blanco-negro, sino un fenómeno que afecta la atención, el ritmo de la clase, los niveles de aprendizaje y, de forma más amplia, las dinámicas de convivencia, acuerdos institucionales y socialización.
Sumado a eso, parece claro que, sea cual sea la política definida, estas son exitosas cuando incluyen a las familias, a los docentes y a los propios alumnos. Incluso medidas restrictivas fuertes tienen éxito en el contexto de acuerdos amplios.
Por último, los docentes necesitan apoyo institucional para tomar medidas sobre los celulares. Cuando no cuentan con este apoyo, las medidas son más resistidas y su labor educativa suele verse complicada o perjudicada, lo mismo que su relación con los grupos y los alumnos.
Estos tres conceptos son refrendados por un trabajo profundo y detallado que realizó Ceibal y que se denomina Estudio sobre la gestión de celulares en aulas de educación media pública en Uruguay y que abarca centros de estudios de enseñanza secundaria que implementaron políticas de celulares en las aulas. El informe está disponible en el sitio web de Ceibal.
Nuevo default: prohibido
La idea es que, en vez de que el default sea todo permitido y los centros educativos deban determinar cuál es la limitación, el default sea todo prohibido y los centros educativos tengan la potestad, sin limitaciones, de determinar qué está permitido.
Cambiar el default tiene múltiples ventajas y no parece tener contraindicaciones. Si un centro cree que hay que permitir los celulares al 100%, puede hacerlo, y si mañana se da cuenta de que no era lo mejor, también tiene la libertad de dar marcha atrás. Los celulares no están prohibidos ni limitados, pero se necesita una política explícita del centro educativo para utilizarlos, y esa es la fuente de todas las ventajas. Las principales se listan a continuación.
- Se invierten los incentivos. Actualmente, el incentivo central está del lado del docente, y es por restringir. Esta medida pasaría el incentivo a los alumnos, que empujarán por permitir y generar espacios. Dado que tienen claro que los docentes no aceptarán una apertura a las apuradas, deberán interiorizarse en el problema, hacer propuestas sensatas y asumir responsabilidades.
- Más centros involucrados. Es razonable esperar que esta medida provocará que la mayoría, si no todos los centros, aborden rápidamente una discusión sobre el tema de los celulares en el aula para generar una definición al respecto. Anunciar la medida algunos meses antes provocaría que cuando se haga efectiva la mayoría de los centros ya habría tomado una decisión.
- Autonomía y soluciones adaptadas al contexto. La libertad de los centros para adoptar sus propias soluciones, para elegir los caminos de interacción con alumnos, familias y la comunidad, permitirá que se construya una constelación de soluciones distintas, adaptadas a las necesidades concretas de cada realidad y a las características y opiniones de las comunidades que rodean el centro. Permitirá, además, que estas evolucionen y se adapten libremente a medida que cambia la tecnología, que se detectan problemas o sencillamente que se siente necesario.
- Quitar el peso represivo de los docentes en el aula. Este es un problema repetido en todos los informes y análisis del tema. La tarea de ordenar el uso del celular en el aula coloca al docente en una posición represiva que genera como mínimo roces con su grupo. Con esta propuesta el docente tiene de partida el respaldo total, y su rol es el de habilitador, cambiando radicalmente las reglas del problema y de la conversación que a partir de este se genera.
La idea es que, en vez de que el default sea todo permitido y los centros educativos deban determinar cuál es la limitación, el default sea todo prohibido y los centros educativos tengan la potestad, sin limitaciones, de determinar qué está permitido.
Cambiar el default de todo permitido a todo prohibido es una medida sencilla, que evita una reglamentación complicada y genérica, de las que ponen en la misma bolsa a un liceo rural con un centro educativo que solo tiene los últimos años de bachillerato (se llamen como se llamen hoy en día).
El empujoncito
Ya que arrancamos con palabras en inglés, acá tenemos otra complicada: nudge. Es ese empujoncito que le damos a alguien para que se anime a hacer algo: un gesto suave, cordial y que inspira confianza. La palabra viene a cuento porque es el título de un libro que generó toda una corriente de políticas públicas. Nudge se publicó en 2008 y sus autores son Richard Thaler (premio riksbank de economía, entregado por la fundación Nobel) y Cass Sunstein.
La idea de base es muy sencilla: es posible desarrollar políticas públicas potentes sin recortar ni cercenar derechos, cambiando los valores por omisión, el orden de las ofertas o algunos otros factores que, sobre la base de la forma en que los humanos tomamos decisiones, tendrán un impacto relevante.
Un ejemplo clásico que los autores citan en la introducción del libro es el orden de los postres en el comedor de una escuela: si las frutas y otros postres saludables se ubican al principio de la góndola refrigerada aumentará sensiblemente la cantidad de alumnos que los elijan. Lo contrario sucederá si se invierte el orden.
En Uruguay hay muchas iniciativas muy exitosas de este tipo de políticas. La campaña de etiquetado octogonal de alimentos se inscribe en este contexto. No hay prohibiciones ni reglamentaciones que restrinjan los ingredientes y procesos de los alimentos industrializados, sino un incentivo directo a los consumidores a través de una comunicación muy sencilla y eficaz.
La campaña de pago voluntario de impuestos de la Dirección General Impositiva es otro caso significativo. El envío de mensajes SMS personalizados antes del vencimiento mejoró la tasa de cumplimiento en el pago. No hay ni una modificación reglamentaria ni un aumento de las penalizaciones. Ni siquiera una advertencia o amenaza de penalizaciones. Por el contrario, se implementa literalmente un “empujoncito” para que el contribuyente pague en fecha.
Tal vez el caso más exitoso de aplicación de la política del empujoncito en Uruguay sea la implementada por la Ley 18.968, de setiembre de 2012, que definió el cambio en los criterios que determinan la donación de órganos al fallecimiento de una persona. Se pasó del consentimiento positivo explícito (opt-in) a la exclusión voluntaria (opt-out) con base en el cambio en el default.
Mientras que antes de la entrada en vigor de la ley toda persona quedaba excluida de la donación salvo que expresara lo contrario, a partir de su promulgación toda persona se presume donante, salvo que indique su voluntad negativa. La medida ha colocado a Uruguay como líder regional en la donación de órganos, ocupando el lugar número 12 a nivel mundial, tal como lo reportó el Ministerio de Salud Pública en la nota “Donar salva vidas, más de 160 personas trasplantadas en Uruguay”, al conmemorar el Día Mundial del Trasplantado.
En resumen, tenemos a la mano una medida muy sencilla y efectiva: el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública anuncia que dentro de tres meses en los centros que no tengan una política explícita de celulares, estos deberán permanecer fuera. Cero costo, cero conflicto, cero prohibición y todo el incentivo para una interacción que involucre alumnos, padres, docentes y la comunidad en cada centro educativo. ¿No está bueno?
Daniel Mordecki es docente de Usabilidad y fue director ejecutivo de la Agesic.
