El derecho internacional latinoamericano configuró durante el siglo XIX una doctrina basada fundamentalmente en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos como dique jurídico para acabar con las invasiones e injerencias extranjeras en terceros países. La Carta de las Naciones Unidas –en particular su artículo 7– y de la Organización de Estados Americanos (OEA) –en el artículo 15– recogieron el principio entre sus bases fundamentales.
Eso tuvo una fuerte repercusión en nuestro país; por ejemplo, el Partido Nacional fue muy claro desde el principio: “A justo título puede considerarse el principio fundamental del Derecho Internacional de América, su más preciada conquista, el principio de la no intervención”, según se planteaba en 1946 en la publicación El Partido Nacional y el principio de la no intervención. Además, Luis Alberto de Herrera tiene numerosas y contundentes defensas de este principio que le generaron un lugar ilustre en América.
Con el tiempo, otras fuerzas políticas nacionales abrazarían tales pilares de la política exterior, por lo que dichos criterios caracterizaron la posición del país en la materia. Esto tuvo una larga tradición en Uruguay, que ganó un justo prestigio con la no injerencia en los asuntos internos de otros estados.
Esta ha sido la línea seguida por la actual cancillería, con diplomacia y respeto, privilegiando la defensa de la soberanía nacional y la no intromisión en asuntos internos de otras naciones. Se trata de principios muy relevantes en un mundo multipolar, con la multilateralidad en crisis y con guerras interminables que se asemejan a pura limpieza étnica. Además, con la muy buena noticia de comenzar las relaciones diplomáticas con el país más poblado del planeta: India.
Ahora el presidente de la República, Yamandú Orsi, intenta acercar posiciones para llevar una postura nacional ante Naciones Unidas. Creo que vale la pena el esfuerzo, pero los antecedentes indican oscuridad y pocas esperanzas. Los aportes de los partidos de la Coalición Republicana –que condena a regímenes internos de otros países latinoamericanos– resultan insuficientes para promover la paz mundial, la solución pacífica de las controversias, el combate al crimen organizado y resolver el drama de los migrantes.
Esos mismos dirigentes políticos pretendieron cuestionar a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, por haber contestado la pregunta de un periodista, cuando realizó una contestación ajustada a derecho y a los compromisos contraídos por nuestro país. Mucha ignorancia: la Corte Penal Internacional no es opcional.
En el período anterior hubo hechos relevantes que no pueden ignorarse.
El 23 de enero de 2020, el entonces presidente electo, Luis Lacalle Pou, recibió en Montevideo a Rosa María Payá, la principal activista anticastrista, presidenta de la Fundación para la Democracia Panamericana, con sede en Miami y allegada a Donald Trump. Dicha fundación ha sido acusada en los medios internacionales de promover las recientes protestas sociales en Cuba, de recibir cuantiosas donaciones para tratar de derrocar al régimen cubano y de tener vínculos con lo más rancio de la ultraderecha occidental.
Pocos días después, en febrero de 2020, Lacalle Pou “desinvitó” para su asunción, explícitamente y por su cuenta, a tres presidentes (los de Cuba, Venezuela y Nicaragua) y de esa manera cometió un desliz diplomático que se arreglaba con el simple hecho de no invitarlos.
Estamos involucrados en una expresa doctrina de la dominación y eso exige firmeza de principios, relaciones con todos los polos y, en especial, unidad nacional.
El 1° de marzo de ese año, cuando juró como presidente, sus grandes compañeros fueron Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera, Iván Duque, Mario Abdo Benítez y un funcionario del gobierno de Trump. Además, en los primeros días de ese mes de marzo hubo una llamada del presidente Trump que no ameritó conferencia de prensa o comunicado alguno y, casualmente, a las 72 horas rompimos con la Unión de Naciones Suramericanas y apoyamos la reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA.
Semanas después llegó otra llamada de Trump, y Uruguay –rompiendo una histórica y consensuada tradición interamericana– votó como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo al candidato del gobierno estadounidense, en un hecho sin precedentes.
Como frutilla de la torta y alegando su alianza con Israel, Uruguay votó en contra de la investigación promovida en Naciones Unidas por los incidentes entre Israel y Palestina, donde se atacó a poblaciones civiles y murieron decenas de personas. El último mojón fue la moción de Washington Abdala en la OEA contra Cuba, que fue desestimada por la mayoría de los representantes de los gobiernos de la región, pues Cuba no integra la OEA.
Ese fue el camino elegido por el gobierno anterior y no por Uruguay. Hay que tener mucho cuidado y no hacer lo que no tienen derecho los terceros de hacer con nosotros, y cuidar nuestra imagen como país.
En esa ruta y con esos antecedentes, no podemos esperar ninguna política de Estado ni tener esperanza de acompañar rumbos que le sirvan al país. Estamos involucrados en una expresa doctrina de la dominación y eso exige firmeza de principios, relaciones con todos los polos y, en especial, unidad nacional.
Confiemos en que la ignorancia o la soberbia no puedan desviar el destino del pueblo uruguayo, que sabe de luchas y de resistencias, porque, como señaló san Agustín, “la soberbia no es grandeza, sino hinchazón… Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano”.
Julio Vidal Amodeo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
