Hay momentos en que reunirse es, en sí mismo, un acto político. El Tercer Congreso Panamericano, celebrado en Montevideo entre el 21 y 23 de agosto, es un ejemplo. Más de 150 participantes de 15 países de las Américas se encontraron en Uruguay para dar continuidad a un proceso iniciado en Bogotá, en 2024, y profundizado en Ciudad de México, en 2025. Parlamentarios, dirigentes políticos, representantes de gobiernos, movimientos sociales, intelectuales y organizaciones de la sociedad civil se reunieron no solo para diagnosticar las crisis que atraviesa el continente, sino para construir una agenda común capaz de enfrentarlas. El propio Congreso nació con esa vocación: crear una comunidad política hemisférica, construir una visión compartida e identificar caminos concretos de cooperación basados en el diálogo, la diplomacia y la igualdad soberana.
La elección de Montevideo tuvo un significado especial. Bajo la presidencia de Yamandú Orsi y con el regreso del Frente Amplio al gobierno, Uruguay representa hoy una experiencia de renovación democrática en una región en la que las fuerzas progresistas enfrentan una coyuntura particularmente adversa. La tradición democrática uruguaya, su compromiso histórico con los derechos humanos y la integración regional y el legado político de Pepe Mujica hicieron del país un lugar particularmente simbólico para este reencuentro.
El Congreso tuvo lugar, sobre todo, en un momento de inflexión geopolítica. El sistema multilateral atraviesa una de sus crisis más profundas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La emergencia climática se acelera, las migraciones forzadas aumentan, el costo de vida presiona a las familias trabajadoras, el crimen organizado desafía la capacidad de los estados y la revolución tecnológica crea nuevas formas de concentración de riqueza, poder y dependencia. Al mismo tiempo, se multiplican los mecanismos de coerción económica, judicial y diplomática, los intentos de injerencia electoral y los ataques al multilateralismo.
Para las fuerzas progresistas latinoamericanas, esta transformación internacional coincide con un cambio desfavorable en la correlación política regional. La extrema derecha ha dejado de ser un fenómeno episódico para articularse como un proyecto transnacional. El gobierno de Javier Milei, en Argentina, convirtió la “motosierra” en símbolo de una agenda que combina la destrucción de las capacidades públicas, la austeridad y la radicalización política; experiencias similares ganan terreno en otros países.
En este escenario, la elección presidencial brasileña de octubre adquiere una dimensión que trasciende ampliamente las fronteras nacionales. La reelección de Lula no interesa únicamente a Brasil. Será determinante para la correlación de fuerzas en toda América Latina y para la propia posibilidad de reconstruir un campo democrático, progresista y soberanista en las Américas.
Brasil es hoy uno de los pocos países con suficiente dimensión económica, política y diplomática para sostener una agenda alternativa a la fragmentación regional. Bajo el liderazgo de Lula, retomó políticas sociales, reactivó instrumentos de desarrollo y política industrial y volvió a situar en el centro de la política exterior brasileña el multilateralismo, la integración regional, la lucha contra el hambre, la defensa de la paz y la autonomía internacional. Esta reconstrucción interna proyecta el protagonismo externo, pero también alerta sobre la amenaza de interferencia extranjera en las elecciones brasileñas mediante presiones económicas y políticas.
Por ello, defender la democracia brasileña y garantizar que el pueblo brasileño pueda elegir libremente a su presidente son tareas que interesan a todas las fuerzas democráticas del continente. Una victoria de Lula significaría preservar un polo decisivo de resistencia al avance de la extrema derecha y mantener abiertas las posibilidades de reconstrucción de la integración latinoamericana. Una derrota, por el contrario, alteraría profundamente la correlación de fuerzas continental y reduciría drásticamente el espacio político para proyectos como los discutidos en Montevideo.
Esta percepción atravesó los debates del Congreso. En lugar de organizar las discusiones únicamente por países o coyunturas nacionales, Montevideo estructuró sus trabajos en torno a cuatro grandes ejes: paz, seguridad y multilateralismo; desarrollo económico sostenible e integración regional; soberanía digital e inteligencia artificial, y bienestar y cuidados para las mayorías. Las sesiones fueron concebidas como un proceso deliberativo, iniciado previamente mediante talleres realizados en Brasil, Chile, Canadá y México, y desarrollado en Montevideo bajo reglas que permitieran un diálogo político franco y la construcción progresiva de consensos.
El primer eje partió de la constatación de que la arquitectura multilateral construida en la posguerra ya no corresponde a la distribución contemporánea del poder y sigue marcada por profundas asimetrías. La respuesta no puede ser abandonar el multilateralismo, sino democratizarlo y, simultáneamente, reconstruir mecanismos autónomos de integración y cooperación Sur-Sur. Experiencias como la Celac y la Unasur demostraron que América Latina puede crear instituciones propias para ampliar su autonomía estratégica. La cuestión central ahora es cómo revitalizar estos espacios en un contexto en el que la soberanía, los derechos humanos e incluso los conceptos de seguridad y democracia vienen siendo instrumentalizados para justificar intervenciones, persecuciones y formas renovadas de coerción.
El segundo eje discutió la necesidad de superar definitivamente la herencia del Consenso de Washington. La experiencia latinoamericana demostró los límites de un modelo basado en la austeridad, las privatizaciones, la desregulación y la especialización primario-exportadora.
La alternativa debatida en Montevideo vuelve a situar al Estado, la política industrial y la integración productiva en el centro de la estrategia de desarrollo. Esto significa construir cadenas regionales de valor, ampliar el comercio intrarregional, desarrollar infraestructura común, promover una industrialización verde y utilizar la transición energética para agregar valor y conocimiento dentro de nuestros países, en lugar de simplemente inaugurar un nuevo ciclo de exportación de materias primas. El Brasil de la Nueva Industria Brasil aparece en el documento preparatorio como una de las experiencias relevantes de este intento de reconstruir las capacidades estatales de planificación y desarrollo.
El tercer eje fue quizás el que mejor demostró cómo la soberanía del siglo XXI ya no puede pensarse exclusivamente en términos territoriales. Datos, computación en la nube, semiconductores, inteligencia artificial, algoritmos y centros de datos se han convertido en infraestructuras estratégicas. Gran parte de ellas está concentrada en unas pocas corporaciones extranjeras, sometiendo a estados, empresas, universidades y servicios públicos latinoamericanos a nuevas formas de dependencia.
La soberanía digital, por lo tanto, no significa aislamiento tecnológico. Significa capacidad de decidir. Significa controlar datos estratégicos, desarrollar infraestructura digital pública, invertir en investigación y capacidad computacional, proteger a ciudadanos y trabajadores, regular las plataformas e impedir que la revolución de la inteligencia artificial reproduzca en el entorno digital el viejo modelo extractivista latinoamericano. El debate llamó la atención incluso sobre los impactos territoriales y ambientales de los centros de datos y sobre la necesidad de combinar innovación, democracia, protección ambiental y desarrollo. La conclusión es ineludible: ningún país latinoamericano construirá por sí solo todas estas capacidades. La soberanía digital también tendrá que ser regional.
Finalmente, el eje sobre bienestar y cuidados volvió a plantear una pregunta esencial: ¿para qué sirve el Estado? Después de décadas en las que las políticas sociales fueron tratadas como gastos que debían contenerse y los cuidados fueron transferidos casi íntegramente a las familias –y, dentro de ellas, sobre todo a las mujeres–, los progresismos necesitan reconstruir un horizonte de derechos universales. Salud, educación, vivienda, jubilación, trabajo decente y cuidados no pueden ser mercancías distribuidas según la capacidad de pago. El desafío consiste en construir un nuevo pacto social en el que la dignidad sea una responsabilidad colectiva y en el que la política económica vuelva a estar subordinada al bienestar de las mayorías. Las discusiones abordaron incluso cómo redistribuir el trabajo de cuidados, financiar políticas sociales ambiciosas y proteger los derechos laborales frente a la transformación tecnológica y la precarización.
Estos cuatro ejes convergieron en la Declaración de Montevideo, aprobada el 23 de agosto, y quizás su principal virtud sea precisamente transformar diagnósticos aparentemente distintos en una lectura política común.
200 años después de que Simón Bolívar convocara a las nuevas repúblicas americanas al Congreso de Panamá, la declaración sostiene que vuelve al continente una “doctrina de la dominación”. Ya no se manifiesta únicamente mediante intervenciones militares tradicionales; adopta formas económicas, tecnológicas, judiciales, electorales e informacionales. Por ello, la defensa de la soberanía debe ser igualmente amplia.
El desafío consiste en construir un nuevo pacto social en el que la dignidad sea una responsabilidad colectiva y en el que la política económica vuelva a estar subordinada al bienestar de las mayorías.
La declaración denuncia medidas coercitivas unilaterales, injerencias externas y formas de guerra jurídica contra liderazgos democráticamente elegidos; reafirma la solidaridad con Cuba y el rechazo al bloqueo económico; defiende al pueblo palestino y denuncia la normalización de la violencia contra poblaciones civiles; reivindica la lucha democrática contra el crimen organizado; propone la integración productiva y la industrialización; asume la soberanía digital como parte de la soberanía nacional; reivindica políticas universales de protección social, y reafirma la igualdad soberana de las naciones.
Hay una idea especialmente poderosa en el texto: “la unidad es victoria”. No se trata de una consigna abstracta. En las condiciones actuales, la fragmentación de las fuerzas progresistas constituye una ventaja estratégica para quienes buscan restaurar relaciones de subordinación en el continente. Ningún país latinoamericano, de manera aislada, podrá enfrentar el poder de las grandes corporaciones tecnológicas, reorganizar cadenas productivas, defenderse de mecanismos extraterritoriales de coerción económica, combatir redes transnacionales del crimen organizado, financiar la transición energética o transformar las instituciones multilaterales. La unidad, por lo tanto, no significa uniformidad. Significa construir capacidad colectiva.
También por eso el Congreso Panamericano posee una característica particularmente importante: no pretende limitar la cooperación hemisférica a las relaciones entre gobiernos. Los gobiernos cambian, las elecciones se pierden y las coyunturas políticas se transforman. El Congreso apuesta por la construcción de una red permanente de parlamentarios, partidos, movimientos sociales, intelectuales y organizaciones democráticas capaz de sobrevivir a los ciclos electorales y preservar espacios de cooperación incluso en momentos de retroceso progresista. Los poderes legislativos pueden ejercer diplomacia parlamentaria, construir normas comunes, fiscalizar acuerdos internacionales y mantener canales de solidaridad cuando las relaciones entre los ejecutivos se deterioran.
Montevideo demostró que existe una agenda progresista para las Américas. Combina democracia y soberanía; desarrollo y sostenibilidad; transformación tecnológica y derechos; integración regional y autonomía nacional; crecimiento económico e igualdad social. Pero esta agenda solo tendrá fuerza material si consigue transformar la solidaridad en organización política.
El próximo capítulo se escribirá en Brasil. La decisión de realizar el Cuarto Congreso Panamericano en Río de Janeiro, en agosto de 2027, posee, en este sentido, un enorme significado. Entre Montevideo y Río habrá una elección presidencial brasileña decisiva para el país y para el futuro político del continente. El desafío hasta entonces es lograr que el encuentro brasileño no sea simplemente la cuarta edición de una conferencia anual. Río debe representar un salto cualitativo: transformar la red construida desde Bogotá, Ciudad de México y Montevideo en una verdadera arquitectura permanente de cooperación progresista hemisférica, capaz de producir iniciativas legislativas comunes, mecanismos de solidaridad democrática, proyectos de integración productiva y tecnológica y estrategias compartidas de defensa de la soberanía.
Bolívar comprendió, hace 200 años, que la independencia formal de las nuevas repúblicas sería insuficiente si permanecían divididas y vulnerables frente a las grandes potencias. Su obra quedó inconclusa. La Declaración de Montevideo recupera deliberadamente esa memoria al convocar al Congreso de Río para dar continuidad al camino iniciado en Panamá. El desafío contemporáneo, sin embargo, va más allá de preservar la independencia conquistada en el siglo XIX. Se trata de conquistar las soberanías del siglo XXI: económica, tecnológica, digital, energética, democrática y social.
Larissa Ramina es profesora de Derecho Internacional de la Universidad Federal de Paraná e integra el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia.
