El Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó ayer el proceso por el que la Justicia española ilegalizó a Batasuna el 17 de marzo de 2003. Esa corte europea, con sede en Estrasburgo, Francia, rechazó un recurso presentado por esta formación política vasca tras descartar que en el proceso de su ilegalización se hubieran violado principios de libertad de reunión y de asociación, como argumentó Batasuna. Este partido de izquierda nacionalista vasca fue ilegalizado por mantener vínculos con el grupo armado vasco ETA.
“Las noticias de este tipo siempre son buenas”, dijo la portavoz del opositor Partido Popular (PP) en el Congreso español, Soraya Sáenz de Santamaría, convencida de que la sentencia “refuerza la lucha antiterrorista”. Pero el conservador PP recibió con bastante menos entusiasmo otro fallo del tribunal de Estrasburgo: el que prohíbe que se coloquen crucifijos en las aulas de las escuelas públicas italianas.
Este fallo fue emitido en respuesta al recurso que presentó la madre de dos alumnos, quien argumentó que esos símbolos católicos en la escuela de sus hijos violaban su libertad religiosa. El tribunal le dio la razón, pero el gobierno italiano anunció que apelaría esa sentencia.
Fuentes del gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dijeron al portal 20 Minutos que aunque el fallo no rige en España, lo tomarán en cuenta, mientras que el portavoz del PP Juan Antonio Gómez Trinidad abrió el paraguas y pidió que “no se resucite la guerra de los crucifijos”. Se refería al debate que se generó hace un año, cuando un juzgado de Valladolid ordenó en 2005 a una escuela pública, el colegio Macías Picavea, retirar los crucifijos de sus aulas. En aquel momento, otra dirigente del PP, María Dolores de Cospedal, dijo que los crucifijos en los salones de clase “no molestan ni al PP ni a la inmensa mayoría de los españoles”.
Tras el fallo de Estrasburgo, organizaciones que representan a escuelas privadas criticaron al tribunal y prometieron protestas si una sentencia similar se emite para España. También protestó la Asociación Cultura Escuela Laica de Valladolid, pero contra el ministro de Educación, Ángel Gabilondo. De acuerdo al diario español Público, el jerarca dijo que le parecía “razonable” que la Junta de Castilla y León recurriera el fallo judicial dispuesto para el Macías Picavea.
Mientras, el Ayuntamiento de Teruel, en manos del PSOE, decidió eliminar el concurso de Villancicos que organizaba por estas fechas y, en su lugar, prepara una “jornada lúdica multicultural”, informó Europa Press. La concejal oficialista Concha Catalán dijo que el ayuntamiento colabora en otros festivales de villancicos de la ciudad y que “la Navidad también es un momento de convivencia, de respeto, de multiculturalidad”. Una edil del PP, María Pilar Sánchez, rechazó la decisión por “unilateral y sibilina” y aseguró que “no hay nada más intercultural que un villancico”.