Con la firma del presidente de la República Checa, Vaclav Klaus, quedó ayer aprobado por todas las naciones integrantes de la Unión Europea (UE) el llamado Tratado de Lisboa, un acuerdo con el cual el bloque espera introducir reformas en su funcionamiento. La República Checa era el único de los 27 estados que conforman la UE que no había ratificado el tratado y Klaus era un férreo opositor a este acuerdo. Entendía que detrás del documento se esconde la intención de crear un “superestado” y temía por la soberanía de su país. Pero finalmente firmó la iniciativa, cediendo así a las presiones de la mayor parte del bloque, que desde hace tiempo espera por la resolución de este asunto.
El mandatario checo logró, sin embargo, que su país quedara fuera de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, con el objetivo de evitar posibles reclamos por parte de familiares de los ciudadanos alemanes expulsados de los Sudetes checos luego de la Segunda Guerra Mundial.
Pero la firma fue celebrada por muchos, entre otros por el primer ministro sueco y actual presidente de la UE, Fredrik Reinfeldt, quien a través de un comunicado destacó que “el último obstáculo en el camino del Tratado de Lisboa ha sido eliminado”. Ahora el próximo paso será la convocatoria de los representantes de los 27 países para la designación de los titulares de los cargos que estipula el nuevo tratado. Este acuerdo podría entrar en vigencia el próximo 1° de diciembre, según algunas versiones, aunque otros menos optimistas señalan que recién comenzará a regir en los primeros meses de 2010.
El Tratado de Lisboa, firmado por las naciones integrantes de la UE en la capital portuguesa en el año 2007, plantea varios cambios sustanciales en la estructura organizativa del bloque europeo. Entre otras medidas, el acuerdo implementa la creación de nuevos cargos (el de presidente estable del Consejo Europeo y el de alto representante para la política exterior y vicepresidente de la Comisión Europea) y además estipula la introducción de nuevas reglas de voto, refuerza el papel del Parlamento comunitario y potencia la acción conjunta del organismo en el plano de la política exterior.