El 26 de febrero de 2007 la policía brasileña detuvo en Santa Ana do Livramento al ex coronel, reclamado por la justicia argentina y por la uruguaya. Una semana antes, el juez Luis Charles había solicitado su captura para indagarlo por el secuestro y desaparición del uruguayo Adalberto Soba en Buenos Aires, ocurridos en setiembre de 1976.
Por casa
A pedido del fiscal Juan Gómez, el 7 de noviembre la jueza Penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, procesó al ex policía Nelson Bardecio y al ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNII) Pedro Freitas por la coautoría del homicidio de Héctor Castagnetto. Sin embargo, no se pronunció por los casos de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez, por los cuales Bardecio también fue indagado. Por estos crímenes el antecesor de Gómez, el fiscal Ricardo Perciballe, solicitó el 3 de abril el procesamiento del empresario radial y miembro activo de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) Miguel Sofía (con paradero desconocido) y de los ex agentes de la DNII Jorge Grau Saint Laurent (fallecido recientemente) y Washington Grinoli. Eustachio rechazó este pedido por falta de pruebas. El expediente llegó la semana pasada al despacho de Gómez, quien tiene plazo hasta este miércoles para decidir si apela o no la sentencia de primera instancia. El representante del Ministerio Público también deberá decidir, sin estar urgido por plazos procesales, acerca de si también resuelver pedir el procesamiento de Bardecio por los casos Ramos y Gutiérrez.
Esta requisitoria se sumaba a la emitida en 2005 por el juzgado a cargo de su par argentino Daniel Rafecas, que lo espera para interrogarlo por su participación en el Plan Cóndor, que coordinó acciones entre las dictaduras militares que gobernaron en la región durante los años setenta. Entre los crímenes que se le imputan figura haber integrado el grupo que secuestró y asesinó a Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, en Buenos Aires en 1976.
Desde su detención hasta ahora, el periplo judicial en Brasil ha estado rodeado de marchas y contramarchas. En diciembre de 2008, después de varios reclamos de su defensa, la justicia le otorgó la prisión domiciliaria en virtud de una “afección cardíaca” que padece, la cual se hizo efectiva en la casa de su cuñado, ubicada en Santana do Livramento, ciudad fronteriza con Rivera. Sin embargo, dicho beneficio fue violado en varias oportunidades, tal como lo consignaron varios medios, por una “afección cardíaca”.
La decisión de extraditarlo fue tomada por mayoría del plenario del STF el 6 de agosto de 2009, pero recién el viernes 13 de noviembre se publicó en el Diario de la Justicia. Esto significa que la definición del Supremo Tribunal pasó a ser oficial desde ese día y que “la situación de Cordero es irreversible”, según señalaron a la diaria fuentes del caso.
La demora en la publicación “sorprendió”, añadieron, porque habitualmente las publicaciones se hacen antes de 30 y 35 días de dictada la resolución. La edición Nº 213 del Diario de la Justicia deja constancia de que se otorga el pedido de extradición a Argentina, y de que el pedido uruguayo no podrá ser cursado. El Tratado del Mercosur, tomando los principios del derecho internacional, establece que tiene prioridad sobre el pedido el Estado que lo haga en primer lugar. Además, en este caso suma a la decisión el hecho de que los delitos por los cuales es acusado Cordero fueron cometidos en Argentina.
Aclarando
El viernes, además, regresó el expediente al despacho del ministro Ricardo Lewandowski, quien había solicitado “aclaraciones técnicas” sobre el escrito a su par Marco Aurélio (relator del caso), quien en un principio había votado en contra de conceder la extradición.
El documento estuvo en el despacho de Aurélio desde el 6 de octubre “demorando” la devolución a Lewandowski, quien debe redactar el acta final, que deberá pasar por el Ministerio de Justicia y la cancillería de Brasil antes de que lo firme el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y sea remitido vía embajada al Estado argentino. Una vez que Rafecas sea notificado, algo que se estima que ocurrirá antes de fin de año, comenzarán a correr 30 días para que Interpol de ese país vaya a buscarlo.