El Sahara Occidental está en conflicto con Marruecos desde hace ya 34 años, y aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, Amnistía Internacional y diversas entidades diplomáticas intentaron interceder, las negociaciones están estancadas desde hace años.
El territorio fue colonia española hasta 1975, año en que la metrópolis anunció que iniciaría los trámites para retirarse y que convocaría a un referendo de autodeterminación para dejarlo con un gobierno electo.
El rey de Marruecos, Hasán II, convocó entonces a una “marcha verde”, una invasión civil en la que unos 350 mil marroquíes, en su mayoría mujeres y niños, cruzaron la frontera sur que los separa del Sahara Occidental portando banderas verdes del islam, ejemplares del Corán, enseñas nacionales marroquíes y retratos del monarca.
Los saharauis huyeron. Unos 200 mil se instalaron en la cercana ciudad argelina Tindouf, creando campos de refugiados en donde viven hasta hoy de forma muy precaria. Los que eligieron no huir para hacer valer su derecho a su tierra viven aún hoy bajo el dominio marroquí.
España estaba en un momento delicado; el dictador Francisco Franco agonizaba y, ante la invasión, eligió abandonar el territorio de forma pacífica. Con ello, dejó de lado la única posibilidad real que tuvo el pueblo saharaui de ser independiente.
El territorio se dividió entre Marruecos y Mauritania, ambos países limítrofes, con la firma de los Acuerdos Tripartitos con España. Cuatro años después Mauritania cedería “su parte” a Marruecos.
Tres años antes se había formado el Frente Popular de Liberación de Saguia al Hamra y Río de Oro (Polisario), la única fuerza política del pueblo saharaui, que proclamó en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Varios países reconocieron la nueva nación, pero se desató la guerra con Marruecos, que no estaba dispuesto a renunciar a este territorio, considerado el más rico del norte de África, no sólo por sus reservas de fosfato, calculadas en 10.000 millones de toneladas, y sus yacimientos de petróleo y gas, sino también por tener los caladeros de pesca más importantes y nutridos del mundo.
Desde entonces pasaron los años, y se mantuvo la negación marroquí a ceder terreno. En 1985 la ONU reconoció los derechos de los saharauis y promovió el referendo que Marruecos apeló reiteradas veces. El reino exige que los marroquíes que se trasladaron al Sahara Occidental en los últimos años también tengan derecho al voto en una consulta que busca determinar la independencia del pueblo saharaui.
Minoría saharaui
Hoy la población nativa es minoritaria en su propio territorio, ya que Marruecos ha inyectado decenas de miles de colonos en los últimos 30 años con la intención de que se les valide como votantes y así inclinar la balanza a favor del dominio del reino.
En 1991 el Polisario aceptó un alto el fuego propuesto por la ONU con la renovación de la promesa del referendo al año siguiente, que fue aplazado otra vez por las mismas razones. La siguiente acción de la ONU llegó en 2003, cuando ofreció la posibilidad de que el Sahara Occidental fuese una región autónoma de Marruecos durante cinco años y que después se convocara al referendo. Marruecos no aceptó, por “razones de seguridad”, luego de que el Polisario dio el sí.
El año pasado se retomaron las negociaciones por fuera de la ONU. Marruecos y el Polisario mantuvieron conversaciones en Nueva York con la presencia de Mauritania y Argelia, pero los intentos de resolución se dilataron.
Si bien Marruecos gobierna la zona invadida y demostró ser capaz de reprimir sus intentos de lograr la independencia, la comunidad internacional cuestiona ese poder. La ONU considera al Sahara Occidental territorio pendiente de descolonización y el Tribunal Internacional de La Haya concluyó que no hay vínculo de soberanía entre Marruecos y la RASD. La mayoría de los países reconocen a la República como independiente.
Pero fuera de la diplomacia, la realidad es otra. La Unión Europea tiene un acuerdo pesquero con Marruecos para faenar en las costas de la RASD, beneficio por el cual es el reino marroquí el que recibe el pago económico, algo que fue tachado como “inmoral por principio” por la asociación Western Sahara Resource Watch, una red de organizaciones no gubernamentales.
Diversas entidades defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura, denuncian sistemáticamente las violaciones que sufre el pueblo saharaui bajo la bandera de Marruecos: detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones.
Patriota o traidor
Marruecos expulsó hace dos semanas a la número dos de la Embajada sueca, Anna Bllock-Mazoyer, por incluir a la RASD en su correspondencia diplomática y enviarle un informe sobre el conflicto en el Sahara, texto que el Ministerio de Exteriores marroquí había enviado a dirigentes europeos.
Como éstos, otros incidentes se suman en forma periódica al conflicto. El 6 de noviembre el rey Mohamed VI de Marruecos celebró el 34º aniversario de la marcha invasora y dio un discurso duro en el que aseguró que el pueblo saharaui “atenta contra la integridad territorial de Marruecos”, e instó a redoblar la vigilancia y la movilización para contrarrestar los “ataques a la soberanía de la nación” y preservar “el orden público que garantiza el ejercicio de las libertades”. Recalcó que “el contacto con el enemigo es alta traición” y que “el ciudadano es marroquí o no lo es”, es decir: “se es patriota o se es traidor”.
El presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, indicó que el discurso del rey muestra “un desprecio flagrante de la legalidad internacional” y es un intento de “justificar los actos represivos ante la opinión pública internacional”. Así lo manifestó en una carta dirigida a Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, en reclamo de medidas contra esta situación.
Un mes antes, Marruecos había detenido a siete militantes saharauis que regresaban de la RASD desde Argelia, donde habían visitado un campamento de refugiados. Hasta el día de hoy están retenidos como “presos políticos”. Desde el exterior se reclama su liberación. Incluso diputados españoles denunciaron el “clima de deterioro” de las libertades de expresión y manifestación del que es víctima el pueblo saharaui, derechos que Marruecos está obligado a preservar “como país firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Activismo pese a todo
En este clima, el viernes fueron detenidos en el aeropuerto de Sahara Occidental, bajo dominio de Marruecos, dos periodistas y la activista saharaui Aminatu Haidar, denominada la “Ghandi saharui” por sus prácticas de resistencia pacífica.
Volvían de Nueva York, en donde Haidar recibió el Premio Coraje Civil 2009 de la Fundación Train, que se une a otras distinciones, como el Premio de Derechos Humanos Robert Kennedy que le entregó el Senado estadounidense en 2005. Los periodistas estaban filmando un documental que tiene como centro a la activista, pero al llegar al aeropuerto El Aaiún las autoridades marroquíes no permitieron que continuaran grabando y les requisaron parte del material, aunque sobrevivió lo suficiente como para continuar con el proyecto.
Según las autoridades de El Aaiún, Haidar “rechazó cumplir con las formalidades de la Policía a su llegada al país, ya que se negó a registrar “Marruecos” como país de origen en un formulario y “reafirmó su compromiso permanente con la defensa y apoyo de las tesis separatistas”.
Los periodistas fueron puestos en libertad esa misma tarde y al día siguiente Haidar fue devuelta al lugar desde el cual procedía su vuelo, las Islas Canarias, donde permanece hasta hoy. Aquel día varios miles de personas manifestaron en Madrid en reclamo de justicia en el Sahara Occidental y de la liberación de los presos políticos. También se criticó al gobierno español “que prefiere ignorar la injusticia en la que vive el pueblo saharaui desde hace 34 años”, según el texto leído en la protesta.
La “Ghandi saharaui” inició una huelga de hambre el domingo en reclamo de regresar a su país. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado pidió al gobierno español que atienda este reclamo, ya que impedirle el regreso supone una violación al derecho de libre circulación.
El ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, dijo que lo que puede hacer es “nada más y nada menos que lo que corresponde hacer a un país [España] donde esta ciudadana tiene la tarjeta de residencia legal”.
A esto se agrega que la activista no tiene su pasaporte, ya que le fue confiscado en Marruecos, sin mediar ninguna documentación que respalde la expulsión de su país natal, según declaró su abogada.
El Polisario critica las “justificaciones pro marroquíes” del gobierno español y exige que la activista sea enviada nuevamente a El Aaiún y que allí se le permita quedarse en el Sahara Occidental. Durante el cruce de declaraciones, Haidar, que fue detenida por primera vez en 1987 y estuvo desaparecida, continúa con su lucha pacífica desde España mediante su huelga de hambre, por volver a su país y probablemente deseando que el pueblo saharaui deje de estar dividido entre la ocupación y el exilio.