Los minaretes o alminares son torres ubicadas en las mezquitas desde las que se llama a los musulmanes a rezar cinco veces al día. En Suiza sólo hay cuatro mezquitas que los tienen, pero el tema cobró tal relevancia que el domingo los suizos votaron en un referendo si prohibir la construcción de alminares. El apoyo que 57,7% de los ciudadanos dio a la prohibición inquietó tanto a Europa como a países árabes, que consideran que la nueva norma discrimina a los musulmanes y atenta contra la libertad religiosa. “Los defensores de la iniciativa han logrado explotar los miedos hacia el islam y sacar a la superficie los sentimientos xenófobos, es lamentable”, manifestó Amnistía Internacional.
La propuesta de prohibir los minaretes fue impulsada por la derecha ultranacionalista con afiches que mostraban a la bandera suiza atravesada por alminares. En Suiza viven unos 400.000 musulmanes, la mayoría provenientes de la antigua Yugoslavia, y su religión es la segunda del país en cantidad de fieles, informaron la agencia de noticias EFE y la BBC. “Los minaretes, como las campanas de las iglesias, son inseparables” de las mezquitas, criticó el ministro de Turismo y Cultura de Turquía, Ertugrul Gunay.
Desde el propio gobierno suizo, la canciller, Micheline Calmy-Rey, se declaró “conmocionada” por el resultado del referendo. “Lo lamento profundamente. Creo que este resultado es una señal de alarma, un sentimiento de repliegue, de autodefensa que han tenido los ciudadanos en un contexto de mundo globalizado, y con crisis económica”, se disculpó. Agregó que el gobierno “va a reforzar el diálogo con la comunidad musulmana” porque “la paz religiosa es un elemento esencial del éxito de la imagen de Suiza”.
El partido verde suizo anunció que recurrirá la prohibición por inconstitucional ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Desde el exterior, rechazaron el resultado del referendo varios países europeos y árabes, el Consejo de Europa, Asma Jahangir, relatora de la ONU sobre la libertad religiosa, y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien argumentó que “la política basada en la xenofobia o la intolerancia” es algo “corrosivo, y a partir de cierto momento, puede convertirse en peligroso”.
También el Vaticano cuestionó esta decisión por entender que el resultado del referendo dificulta la convivencia entre religiones y “complica las cosas para los cristianos que viven en países donde la libertad religiosa ya está limitada”, porque le resta credibilidad a cualquier argumento a favor de la tolerancia, publicó L’Osservatore Romano.
En Alemania algunos mostraron comprensión hacia el 57,7% de los votantes suizos. El parlamentario Wolfgang Bosbach, dirigente de la oficialista Unión Cristianodemócrata, llamó a no criticar con mucha ligereza el voto suizo y dijo que el discurso público de tolerancia discrepa con la opinión pública, en la que nota una “creciente preocupación ante el peligro de una islamización, también de Alemania”, donde viven tres millones de musulmanes.
Otros se mostraron entusiasmados con la prohibición suiza. La ultraderechista Liga Norte italiana, que integra la coalición de gobierno de Silvio Berlusconi, fue uno de ellos. El ministro de Transporte de Italia, Roberto Castelli, dijo que “Europa tiene derecho a su propia identidad, que está perdiendo completamente”, porque está bajo “un fuerte ataque” por parte de “una religión intolerante como es el islam”. Por eso llamó a “reencontrar las raíces cristianas” y propuso promover desde su partido que se incluya la cruz cristiana en la bandera de Italia en un próximo proyecto de reforma constitucional.
Suiza también inspiró a la derecha de Dinamarca, donde el ultraderechista Partido Popular, la tercera fuerza parlamentaria en un país en el que no hay mezquitas, para prevenir, ya anunció que presentará una propuesta de referendo para seguir el ejemplo suizo y prohibir la construcción de alminares en tierra danesa.
Desde Estrasburgo, el secretario general del Consejo Europeo, Thorbjoern Jagland, manifestó la preocupación del bloque “sobre si los derechos fundamentales de los individuos, protegidos por tratados internacionales, deberían ser sujetos a votación popular”.