Quienes transitaban el viernes al mediodía por la ruta 5, en el límite entre Florida y Durazno, miraban la escena perplejos. Unas treinta personas con banderas del PIT-CNT, un juez de Paz que hablaba por celular, tres camionetas de Jefatura y una de Policía Caminera, personal de Investigaciones que tomaba fotografías y filmaba, y un camión cisterna de Conaprole que esperaba a una distancia prudencial.
El inusual despliegue lo generó el despido de un peón de tambo que quería sindicalizarse y el posterior intento de desalojo de su familia, activado por un viejo decreto que encomienda a la Policía la solución de los conflictos laborales en el medio rural.
La convocatoria sindical se hizo sin mucha estridencia. Había que estar a las diez de la mañana en el kilómetro 158 de la ruta 5, a mitad de camino entre los pueblos de Maciel y Goñi. Allí está el tambo de Francisco Crosa, que desde hace más de un mes está en el centro de una polémica que tiene como telón de fondo la aplicación de la jornada de ocho horas para los rurales.
El 7 de julio, efectivos policiales de Goñi le notificaron al peón Ebelio González y a su mujer, María Flores, que estaban despedidos y que tenían 30 días para abandonar la casa en que vivían, ubicada a 20 metros del chalet de Crosa.
Cuestión de orden público
Un decreto reglamentario de 1978 que aún está vigente establece que cuando el propietario de un establecimiento quiere despedir a un peón lo debe hacer por intermedio de la Policía. Uno de los agentes que participaron en el procedimiento en el tambo de Crosa evaluó que esa norma es “indigna” para un trabajador y que el actual gobierno debería derogarla. Lo mismo le dijo la jefa de Policía al diputado frenteamplista floridense Álvaro Vega (MPP), cuando éste la llamó preocupado por cómo se dieron los acontecimientos.
Desde entonces, han denunciado ser víctimas de una práctica antisindical porque pedían la limitación de la jornada, y demandan ser reintegrados. Crosa, en tanto, aduce que tomó esa decisión por el bajo rendimiento de sus empleados, y el pleito se dirime actualmente en el juzgado letrado de Florida y la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).
La semana pasada los plenarios sindicales de Durazno y Florida, con el aval de la Mesa Representativa del PIT-CNT, decidieron reunirse frente al establecimiento para expresar su solidaridad con los dos afiliados a la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA). Estaban al tanto de que diariamente, cerca del mediodía, ingresa un camión de Conaprole a recoger la producción. A las once comenzó la asamblea. Carlos Cachón, del PIT-CNT, y Antonio Rammauro y Segundo Rodríguez, de UNATRA, relataron el caso ante una treintena de sindicalistas, entre ellos los dos despedidos. Hablaron de la cautela mantenida hasta ese momento, de la posición intransigente de las cámaras empresariales y de la importancia de fortalecer a los gremios rurales para que se cumplan las ocho horas. A pesar de que la cuenca lechera fue pionera en la organización sindical -la primera huelga en el interior con marcha a Montevideo la efectuaron peones de tambo de Florida en 1956-, hoy el nivel de sindicalización allí es casi nulo.
En esa conversación andaban cuando a las 11.45 llegó el primer vehículo policial. Bajó un cabo que se presentó como Appolonia -casi todos entendieron “Cabo Polonio”, lo que provocó algunas risas-, y preguntó cuáles eran las intenciones porque, según dijo, Crosa había llamado preocupado a la seccional de Goñi. “Todo legal, compañero, estamos tomando medidas gremiales”, fue la respuesta que obtuvo. El diálogo siguió en buenos términos hasta que Appolonia emprendió la retirada, pero antes lo detuvo uno de los manifestantes. Nada grave: tenían un conocido en común y aprovecharon para ponerse al día.
Los cruces posteriores serían menos gratos. A las 12.30 llegó hasta la portera del tambo el juez de Paz de Sarandí Grande, Waldemar Carrerou Giribon, junto con cuatro policías, y mantuvo esta charla con los sindicalistas: -La juez letrado penal me pide que les haga saber que el camión de leche puede entrar y salir sin que ninguno de ustedes lo pueda impedir. Se pueden quedar aquí perfectamente, no tenemos nada que decir con respecto al derecho de agremiación, pero él también tiene derecho a trabajar y a salir y entrar de su domicilio.
-No estamos cortando ninguna ruta o camino vecinal, [...] no hay ningún secuestro. Les hemos comunicado a las autoridades pertinentes que hay un conflicto laboral.
-El conflicto laboral se sustanciará donde corresponde. Pero el camión sí que va a entrar.
-A la fuerza lo hará, y pagará su costo político.
-A mí no me asusta con eso.
-A mí tampoco, no venga a amedrentar.
-A mí no me presione, porque ningún justiciable me va a presionar jamás […]. Escuché perfectamente lo que usted me dijo, esto es un conflicto laboral que no tiene nada que ver con los derechos individuales. Los derechos individuales están igualmente preservados en la Constitución que los derechos laborales, por lo tanto vengo a garantizar los individuales, porque los laborales no me incumben […]. Ahora vienen los GEO y otros grupos policiales para garantizarlo.
-Bueno, nosotros vamos a hablar con el ministro [del Interior, Jorge] Bruni para ver cómo es la situación.
-Hable con quien quiera. Yo no tengo nada que ver con el gobierno, y nada que ver con el Poder Ejecutivo. Soy un poder independiente de la nación [sic], que tengo que cumplir con las instrucciones que me mandan.
Paños fríos
Luego de ese intercambio los sindicalistas invitaron al magistrado a retirarse para seguir con la asamblea, hacer consultas y tomar una decisión. Manejaron la posibilidad de ocupar el establecimiento, pero la descartaron. Entendieron que la “señal de fuerza” ya se había dado y que Crosa recibiría el mensaje, por lo que dejarían ingresar al camión. La situación comenzaba a distenderse pero todavía faltaba la llegada de la jefa de Policía de Florida, Alida Silva, que terminó de calmar los ánimos. “Dame un cachito, Cachón”, le dijo entre risas al dirigente del PIT-CNT, y luego escuchó con atención todas las quejas. Le explicaron que el juez de Sarandí Grande “vino de pesado”, y aprovecharon para decirle que en la seccional de Goñi “extrañamente” desapareció una denuncia por maltrato que presentó la esposa del peón el 3 de agosto. Silva tomó apuntes y agradeció la cordura de levantar la medida de fuerza. “Dios nos dio la palabra para entendernos, a los hombres y las mujeres”, afirmó la jerarca, que cinco minutos después hablaba entusiasmada con un gremialista emparentado con el jefe de Policía de Flores, amigo de ella. La movilización se empezó a dispersar, todos subieron a los vehículos y algunos fueron al juzgado de Florida como testigos de González en la demanda por fueros sindicales.
En ese lapso, la jefa de Policía intentaba acomodar en las “chanchitas” a los que nos habíamos quedado sin locomoción, y mientras tanto hablaba por teléfono con algún superior. “Nada que ver, son todos bárbaros los muchachos, el que vos me dijiste que había que tener cuidado, al revés, es súper macanudo. No sé por qué me lo imaginaba más alto”, le relataba.
A las 15 horas comenzó la audiencia en el juzgado. A último momento, nueve de los testigos de Crosa decidieron no asistir, aunque sí testificaron en contra de González algunos de sus ex compañeros de trabajo, incluyendo a su hermano, que aún cumple tareas en el tambo y acusó a “ese señor” -así se refirió a su familiar- de realizar su labor “con aliento alcohólico”, pero descartó que eso lo imposibilitara de trabajar.
El juicio para determinar si se trata de despidos antisindicales continuará este jueves, y la pareja de asalariados estará mañana en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados.