A la marcha, que salió pasadas las 19.00 desde el Obelisco y terminó pasadas las 21.00 en la esquina del Filtro, concurrieron además el Centro de Estudiantes del IPA, el dirigente de Asamblea Popular Eduardo Rubio y la brigada vasca Askapena, cuyos integrantes se encuentran en Uruguay difundiendo la actual situación en el País Vasco y en agradecimiento por la “amistad” y “solidaridad” de los uruguayos.
Irma Leites, dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, explicó a la diaria que a 15 años de los hechos la marcha pide justicia: “Ya se sabe quiénes fueron los responsables políticos y no han sido nunca juzgados; es el caso de Lacalle, que además es candidato presidencial impune, y de Ángel María Gianola”, en ese entonces ministro del Interior.
El expediente
Los organizadores de la marcha acusan al Frente Amplio de beneficiar a policías vinculados a la represión, incluso a uno de los cuatro procesados por el juez Jorge Imaz. Plenaria Memoria y Justicia, sobre la base de información publicada en junio de 2005 por Caras y Caretas, denuncia que al asumir el ministro José Díaz designó a Juan Miguel Rolán como subdirector de la Guardia Republicana, a pesar de haber sido procesado por “comisión por omisión de reiterados delitos de lesiones personales en modalidad culposa”. También fue tenido en cuenta el inspector Erode Ruiz como jefe de Policía de Lavalleja (cargo que mantiene), quien en 1994 estaba como segundo jefe al mando del operativo de extradición. También apuntan a Raúl Guarino, mencionado en el expediente como el que ordenó lanzar granadas contra civiles, nombrado director de Seguridad de Montevideo en 2005 y luego pasado a la subjefatura de Flores (ya está retirado).
La dirigente también responsabilizó a tres efectivos que dirigieron el operativo el 24 de agosto de 1994 y fueron designados en cargos de responsabilidad en este gobierno.
En relación con Erode Ruiz, Raúl Guarino y Juan Rolán, Leites dijo que este gobierno “les continuó la carrera” (ver recuadro).
La dirigente sostuvo que luego del operativo represivo en el Filtro “hubo un complot de silencio entre los policías”, y reclamó que el Ministerio del Interior divulgue los materiales archivados para poder reanudar la causa judicial. Según explicó, Norma Morroni, la madre de Fernando, solicitó dicho informe hace un año a la entonces ministra Daisy Tourné, pero todavía “no hay respuesta”.
Morroni recibió doce balazos en el medio de la manifestación, mientras que Facal fue apuñalado en la madrugada en la puerta de su casa.
Aunque en su momento se señaló que su crimen había sido “pasional”, Leites reivindicó que fue también producto de la represión. Facal era fotógrafo y había estado presente en los días previos y durante la manifestación en el Hospital Filtro. “Suponemos que Roberto había sacado fotos incriminatorias durante la represión, porque se le llevaron la cámara y una bandera vasca, saquearon la casa”, explicó.
Ante la estricta vigilancia de la Guardia de Coraceros, un joven leyó la proclama de Plenaria en un estrado colocado en el medio de Bulevar Artigas. En éste se acusaba a Lacalle de estar, en la noche del 24 de agosto de 1994, mirando desde una ventana del Edificio Libertad (ubicado a una cuadra del Filtro) “cómo se cumplían sus órdenes: matar, tirar a matar, apuntar las armas de fuego a personas desarmadas”.
Al igual que en el discurso de Tendencia Clasista y Combativa, Plenaria reprochó a las organizaciones convocantes de aquella manifestación en apoyo a los vascos presos, el Frente Amplio y el PIT-CNT, principalmente, haber “abandonado la lucha” y no participar en estas manifestaciones desde hace varios años por “la búsqueda del triunfo electoral”.