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La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de Ley de Negociación Colectiva para el sector privado, con los votos del Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN). La iniciativa deberá volver a Diputados para tener su sanción definitiva, ya que en la cámara alta se agregó, tras un acuerdo del FA y el PN, un artículo que prevé la inclusión de “cláusulas de paz” en los convenios colectivos. Desde enero de 2007, cuando el proyecto fue enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, se le hicieron varios cambios, entre ellos la eliminación del artículo que autorizaba la ocupación de los lugares de trabajo como una extensión del derecho de huelga, y la incorporación de lo relativo a “cláusulas de paz”. Se crea un Sistema de Negociación Colectiva formado por tres niveles: uno general que apuntará a la definición del Salario Mínimo Nacional; un ámbito de negociación por rama de actividad, que decidirá sobre los salarios mínimos por categoría y condiciones de trabajo en cada sector (siempre que sean acordados entre trabajadores y los empleadores); y uno de negociación por empresa, el único en el que no participarán representantes del Ejecutivo. El Consejo Superior Tripartito será el organismo que regirá en el primer nivel de negociación y estará integrado por nueve representantes del Poder Ejecutivo, seis del sector empresarial y seis de los trabajadores. Para la discusión por rama de actividad se mantendrán los Consejos de Salarios, formados por tres delegados del Ejecutivo, dos de los trabajadores y dos de los empresarios. Por otra parte, se prevé la mediación del Ministerio de Trabajo en la solución de conflictos. El ex ministro de Trabajo Eduardo Bonomi, actual senador del FA, defendió ayer en sala el proyecto por entender que se avanza respecto del funcionamiento actual de los Consejos de Salarios, en particular por el ámbito de negociación por empresa, “para discutir lo que no se puede discutir en los Consejos”, que “sólo pueden fijar el salario mínimo por categoría y el aumento de salario”. Acerca de la posibilidad de incluir “cláusulas de paz” en los convenios colectivos, Bonomi explicó que, con ellas, mientras esté vigente el convenio trabajadores y empresarios se comprometen a no tomar medidas de fuerza “sobre lo que se acordó y no sobre lo que se trató, porque muchas veces la salida de la negociación es firmar lo que se acordó y dejar pendiente lo que no se acordó”. Los empresarios consideran que la cláusula de paz debe abarcar todos los temas que estuvieron arriba de la mesa durante la negociación, incluso aquéllos sobre los que no se hayan logrado acuerdos. El artículo 21, sobre esta cuestión, no fue votado por el senador comunista Eduardo Lorier. El PN aprobó en general el proyecto, pero no votó varios de sus artículos. El senador Francisco Gallinal criticó el artículo 17, en el que se establece que si en la fecha de vencimiento de un convenio colectivo no se aprobó uno nuevo, se mantendrán todas las cláusulas vigentes. Alegó que el proyecto no fue negociado con la oposición y acusó al FA de apurar la aprobación por “la preocupación de si van o no a continuar en el ejercicio del gobierno”. En esa línea, opinó que hay “urgencia en aprobar algunas leyes con el propósito de ver si con medidas populares, simpáticas y en algunos de los casos hasta clientelísticas se conquistan mayores voluntades de cara al próximo proceso electoral”. Los dos senadores colorados votaron en contra del proyecto, argumentando que afectará negativamente sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. El Senado también aprobó, con los votos del PN y el FA, el proyecto de Ley de Regulación del Mercado de Valores, que modifica el marco de funcionamiento de la Bolsa de Valores y otorga beneficios a las empresas que realicen movimientos en el mercado accionario. La Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de setiembre, cuando terminará el período legislativo, para aprobar ambas iniciativas. Según el coordinador de la bancada de diputados del FA, Gustavo Bernini, el proyecto de negociación colectiva se votará en plenario el 1º de setiembre porque es “el broche de oro en materia laboral”, y si bien se espera llegar a votar también el referido al mercado de valores, no está previsto cuándo se haría. La otra sesión Por la tarde, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un marco normativo para la prevención y sanción del acoso sexual en el ámbito laboral y educativo, que se aplicará tanto en el sector público como en el privado. También hubo apoyo unánime, en general, para la Ley Marco de Defensa Nacional, que modifica la organización de las Fuerzas Armadas creando una estructura conjunta, el Estado Mayor de la Defensa, que deberá asesorar al ministerio del área en materia militar y coordinar las actividades de las Fuerzas Armadas, definir escenarios estratégicos y llevar a cabo la planificación logística y la coordinación de operaciones conjuntas. Al frente de ese organismo estará un oficial en actividad de confianza del Poder Ejecutivo, que tendrá la misma jerarquía que los comandantes en jefe de cada fuerza. La nueva norma también establece un órgano asesor del presidente de la República integrado exclusivamente por civiles, el Consejo Nacional de Defensa (Conade), que podrá citar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas toda vez que lo estime necesario. El Poder Ejecutivo no tomó en cuenta en este punto los reclamos de los militares, que solicitaban presencia permanente en el Conade. Por eso, y porque no se previó la creación de una oficina de inteligencia, los blancos no acompañarán este artículo. Además se crea el Consejo de Defensa Nacional (Codena), con una Secretaría Permanente que funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional y cuyo funcionamiento se reglamentará. La oposición votó este artículo (el 13) negativamente porque entiende que debe depender de Presidencia, según explicó a la diaria el diputado blanco Javier García. El Codena estará integrado por el presidente de la República y los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Economía; su cometido será asesorar al primer mandatario, analizar eventuales amenazas, elaborar hipótesis de conflicto, sugerir la adopción de medidas y delinear estrategias. La oposición también votó contra los artículos 27, 28 y 31, que asignan al Poder Judicial “la jurisdicción militar a que refiere el artículo 253 de la Constitución”, o sea la correspondiente a “los delitos militares y al caso del estado de guerra” (son delitos militares los que no están previstos en el Código Penal ordinario sino solamente en el Código Penal Militar, como la deserción o la desobediencia, y, por lo tanto, sólo pueden ser cometidos por militares). García consideró “dudoso” que corresponda a los legisladores aprobar esas normas, que cambian el actual sistema de Justicia Militar, y piensa que deberían ser tarea “del constituyente”. El presidente de la República, al que la Constitución asigna el mando superior de las Fuerzas Armadas, tendrá a su cargo la dirección políticoestratégica de las operaciones militares en caso de guerra, así como establecer directivas para las negociaciones exteriores que afecten a la política de defensa. Por último, el proyecto dispone que “la instrucción militar y el servicio militar son de carácter voluntario” y no obligatorio, como establecía una ley de 1940.