El diputado de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L) Pablo Álvarez redactó un proyecto de ley para regular las encuestas de opinión pública vinculadas con la actividad electoral. Su colega nacionalista Jorge Gandini también lo cree conveniente, pero en este caso para determinar qué encuestadoras tienen contratos con el Estado. Desde algunas empresas de investigación se reclama mayor control sobre la metodología empleada.
En Uruguay no hay ningún mecanismo que regule la difusión y publicación de estos materiales. Sí los hay en otros países como México, España y Ecuador. En algunos casos se crea un registro de empresas, se las obliga a presentar sus bases de datos o se controla la metodología empleada. La iniciativa de Álvarez se pondrá a dicusión probablemente en la próxima legislatura, según dijo a la diaria. El texto establece que, diez días antes de publicar o difundir una encuesta de carácter electoral, la empresa responsable deberá dar a conocer información sobre la muestra, sobre el sistema interno de control de la recolección de datos y las preguntas aplicadas, entre otros datos. La información deberá hacerse pública a través de internet y deberá ser entregada ante la Unidad de Control de Encuestas Electorales, creada a tal fin como órgano desconcentrado de la Corte Electoral. Esta unidad será dirigida por tres profesionales universitarios elegidos por la Corte.
Las sanciones para las encuestadoras que incumplan la ley serán de entre 100 mil y 750 mil Unidades Indexadas (entre 200 mil y 1,5 millones de pesos, según los valores actuales). La regulación no se aplica a los sondeos que se realizan el mismo día de las elecciones.
“Las encuestadoras cada vez inciden más en la opinión pública, por lo tanto tiene que haber garantías. De esta manera entendemos que favorecemos a las propias empresas, porque las que trabajan de manera irregular desde el punto de vista técnico generan perturbación. Queremos fortalecer la competitividad, no controlarlas porque sospechamos que mienten”, aclaró Álvarez a la diaria.
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El diputado nacionalista Jorge Gandini (Alianza Nacional) dijo a este medio que está de acuerdo con su colega. Consideró central obligar a las encuestadoras a hacer declaraciones juradas anuales, en las que conste con qué organismos de la administración central y de las intendencias tienen contratos, así como si trabajan para alguna empresa cuyo capital accionario pertenezca al Estado. “Esto aporta a la transparencia y a la credibilidad”, opinó. En cuanto a la posibilidad de establecer controles sobre la metodología empleada, apuntó que “es un tema para discutir”, pero que debe tenerse en cuenta también “hasta dónde la regulación no vulnera ciertos límites de reserva de las empresas”.
Entre los investigadores no hay una posición unánime. Mariana Pomies, de Cifra, aseguró que “en los países desarrollados” la regulación “la establece el mercado”. “Las empresas que se equivocan varias veces van desapareciendo. Si la encuestadora decide hacer campaña política, eso a la larga no la hace creíble y la termina matando”, consideró.
En cambio, Eduardo Bottinelli, de Factum, opinó que debe crearse un registro de empresas encuestadoras como existe en la Unión Europea. Los medios de comunicación estarían obligados a publicar datos de empresas registradas. Las empresas, a su vez, deberían proporcionar información sobre la ficha técnica, las preguntas textuales que se formularon e incluso las bases de datos, preservando el anonimato de los encuestados. Bottinelli considera que debe protegerse a las encuestadoras de los ataques infundados, de modo que si alguien las ataca sin pruebas, eso se tipifique como delito.
Un caso aparte
La consultora MPC se caracteriza no sólo por que sus datos difieren de los del resto de las encuestadoras, sino por el posicionamiento político explícitamente contrario al Frente Amplio de su responsable, Nery Pinatto. Mientras Cifra, Factum y Equipos Mori dan una intención de voto al FA de entre 45% y 46% y al Partido Nacional de entre 32% y 34% en agosto, MPC registra 35% para el PN y 34% para el FA. Además, MPC asegura haber aplicado la encuesta en una base de 9.000 casos, mientras que el resto utiliza una muestra de mil.
En la página de internet de MPC se anuncia en letras mayúsculas: “A no ser que suceda un abrupto (y abrumador) cambio en la tendencia mayoritaria de intención de voto de los uruguayos, el próximo presidente será Luis Alberto Lacalle”. Se publica además una encuesta con una única pregunta: “¿Por qué cree usted que los informativos de los canales 4, 10 y 12 favorecen tanto a la fórmula frentista?”. Las alternativas son: A) “Porque sus directores (Vilar, Traverso y Silva, respectivamente) son frentistas”. B) “Porque son beneficiados con cuantiosas cuentas de publicidad del Estado”. C) “Por ambas razones”. En diálogo con la diaria, Pinatto señaló que este estudio se basó en información de la consultora Ibope, que establece que 72% de las apariciones de fórmulas presidenciales en los informativos de televisión corresponden al FA. Reconoció que las opciones de respuesta son “hipersesgadas” y “condicionan mucho”, pero opinó que no hay que preocuparse por eso sino por el tiempo excesivo que dan los informativos al FA. Consideró además que los “números disparatados” que publican sus colegas tienen que ver “con lo que ganan” trabajando para el Estado.
MPC tiene una columna en la página de la lista 71 (Herrerismo), y su último trabajo se divulgó en El País. Según una consulta efectuada por la diaria en algunos despachos parlamentarios, Pinatto ha visitado al menos un par de veces a Bertil Bentos, legislador nacionalista por Paysandú. El diputado dijo a este medio que conversó con Pinatto sobre “temas de Guichón”, de donde es oriundo. Pinatto tiene además un link en la página de los militares procesados por violaciones a los derechos humanos que direcciona a su programa Estado de situación (VTV), que también conduce Álvaro Alfonso, procesado por difamación por su libro Secretos del PCU.
En la página En voz alta se publicó ayer un documento escaneado que da cuenta de un contrato entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Óscar Bottinelli, responsable de Factum, a pedido de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), para asesorar sobre “instrumentos de descentralización” entre el 27 de julio y el 31 de diciembre de 2009. La misma información llegó casualmente ayer a la producción de la diaria con la firma de un tal “Juan Pérez”. El director de la OPP, Martín Dibarboure, dijo a la diaria que se contrató a Bottinelli en forma particular, sin ningún vínculo con Factum, y que esto ya fue aclarado por el involucrado en radio El Espectador.