Los reclamos y llamados de atención de los organismos internacionales ratificados por Uruguay acerca de la impertinencia de la norma en cuestión son motivo suficiente para reanudar la lucha por la anulación, consideró Coitiño en diálogo con la diaria. Pero además está en el programa del Frente Amplio (FA). “Se forjará una cultura en el respeto a los derechos humanos, para lo cual es imprescindible cumplir con el mandato del Congreso anterior de adecuar ‘la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país’, incluyendo la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, principal estamento de impunidad”, expresa el documento aprobado en el V Congreso Extraordinario “Zelmar Michelini”, en diciembre de 2008.
El texto añade que “se deberá avanzar en materia legislativa en la adecuación plena de nuestro ordenamiento jurídico a los tratados internacionales ratificados por nuestro país, convocando a la sociedad uruguaya a la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”. “La lectura es que el Parlamento está en curso como figura en mora en cuanto a la anulación de la ley. No tenga ninguna duda de que estamos para sumar todos los esfuerzos para cumplir con el programa y con el sentir de la ciudadanía”, afirmó Coitiño.
Razones sobran
Puig es el titular de la banca que marcará el regreso del PVP al Parlamento, tras la última presencia que el sector había tenido a cargo de Hugo Cores (1990-95). Pero en función de los temas, alternará su gestión parlamentaria con Coitiño, que es su primer suplente. Puig adelantó a la diaria que integrará la comisión de Legislación del Trabajo y será delegado en las de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos. “La nulidad es un tema de carácter permanente y que está incluido en la movilización popular y en la acción internacional. Implica entonces una lucha permanente por la plena vigencia de los derechos humanos y la acción parlamentaria tiene que ir por ese lado”, opinó Puig, uno de los principales referentes en la campaña por el voto rosado.
El ahora integrante del secretariado del PIT-CNT entiende que la anulación de la Ley de Caducidad es un asunto que “ahora resulta ine- ludible”. “El referéndum del 89 no fue como el plebiscito de octubre. Ésta es una situación distinta. Hubo un avance notorio, muchos jóvenes que no eran nacidos durante la dictadura se han incorporado a la lucha. Es un tema instalado, nadie puede seguir basándose en mentiras: [Manuel] Cordero seguramente sea procesado en Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toma el caso de María Claudia”, enumeró.
Esta semana, se supo que la CIDH aceptó analizar el caso que procura establecer responsabilidades en la desaparición y muerte de María Claudia García de Gelman y la apropiación de su hija Macarena Gelman, identidad que recuperó en 2000. El fallo será de carácter obligatorio y vinculante para el Estado uruguayo, al contrario de la resolución 29/92 emitida e ignorada durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. El dictamen declaró que la norma viola el “derecho de justicia” de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, y varios artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ambos ratificados por Uruguay. A esto se suma la observación de la Suprema Corte de Justicia de que la ley tiene “errores formales”, tal como surgió del informe sobre la declaración de inconstitucionalidad para el caso de Nibia Sabalsagaray.
Anular, no derogar
El presidente electo José Mujica viene señalando que la postura del Poder Ejecutivo es “ir hasta las últimas consecuencias” con la Ley de Caducidad, en el sentido de continuar con la aplicación del artículo 4º, como Tabaré Vázquez lo ha hecho en esta administración. “Con esta ley hay mucho paño pa’ cortar si existe en el Ejecutivo voluntad política. Si a nosotros nos toca ser gobierno no vamos a mirar para otro lado, vamos a llevar esta ley hasta sus últimas consecuencias”, había expresado Mujica cuando la campaña por la anulación estaba en pleno auge.
Tras el plebiscito del 25 de octubre, el entonces candidato a vice, Danilo Astori, manifestó que “hay que aceptar” el “juicio popular”, al tiempo de advertir que “hay que distinguir lo que es la nulidad de la derogación”. “Veremos las propuestas que pueda haber al respecto en el futuro. Si en el Parlamento se plantea la derogación de la ley estaremos atentos a la dilucidación de este asunto”, agregó.
“No hay que confundir derogación con anulación. Nuestro objetivo es la anulación. Y la vamos a estar discutiendo con el mismo texto que se presentó en octubre”, adelantó Coitiño.
Del otro lado
“Entramos en un escenario más amplio, en el gobierno, con una responsabilidad más amplia. El Parlamento tiene responsabilidad, pero el FA también tiene la mayoría de los votos. Lo que pasa es que tenemos que entrar en el diálogo y vamos a tratar de convencerlos de honrar el compromiso de la anulación de la ley”, explicó Coitiño. El tema aún no fue planteado formalmente a la fuerza política: “No sé cómo piensan los legisladores del Espacio 609 ni los de los otros sectores. Hay acuerdos de partido que vamos a respetar, pero en el resto tenemos libertad autónoma para promoverlo”, aclaró y subrayó que se va a mantener el diálogo con las organizaciones sociales.
Para Puig “hay un cambio de lugar de militancia pero el compromiso con los trabajadores y con la verdad y la justicia por parte del PVP es el mismo”. “Nadie es imprescindible y la lucha continúa independientemente del lugar. Para nosotros, el Parlamento es un ámbito de militancia circunstancial”, añadió el dirigente sindical y diputado electo.