Fuera
Un informe dado a conocer el viernes por el Senado estadounidense reconoce que servicios de seguridad privada -contratados por Estados Unidos- que operan en Afganistán se han vinculado con actividades criminales e incluso con fuerzas insurgentes. El documento revela que un grupo de guardias privados que habían consumido opio disparó contra una patrulla de infantes de marina estadounidenses, matando a uno de ellos, indicó la agencia de noticias EFE. También se denuncia que el Departamento de Defensa no vigila las actividades de estas empresas privadas, que cuentan con más de 26.000 efectivos. Un decreto de Obama exige el cese de la actividad de todas las empresas de este tipo en Afganistán antes de fin de año, y a principios de este mes terminaron las operaciones de ocho de ellas, entre las cuales está Xe, antes llamada Blackwater. La presidencia afgana sostuvo en un comunicado que esas ocho firmas eran una “mafia económica” constituida a causa de “contratos corruptos” con organismos internacionales, y que “representan un sistema de seguridad paralelo al gobierno afgano” que “saquea, roba y acosa” a la población. Otras 52 empresas de seguridad privada continúan funcionando en Afganistán.
“Nuestro duelo se ha convertido en ira y la ira en resolución [...]. Condenamos al régimen del Talibán. No sólo reprime a su propio pueblo, sino que es una amenaza para las personas de todas partes”, dijo George W Bush cuando era presidente de Estados Unidos, el 21 de setiembre de 2001 ante el Congreso, diez días después del ataque contra las Torres Gemelas. La Casa Blanca identificó como responsable del ataque a Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, y sostuvo que éste se escondía en Afganistán.
El 7 de octubre comenzó la Operación Libertad Duradera en Afganistán. Estados Unidos y sus aliados realizaron ataques selectivos desde el aire mientras tropas compuestas en gran parte por insurgentes afganos avanzaban por tierra. Poco más de un mes después, el gobierno del Talibán había sido derrocado, con menos de una docena de bajas de los atacantes. “El cielo está libre ahora para que nuestros aviones vuelen sin ser acosados de manera alguna y la misión fue un éxito”, festejaba Bush.
El primer acuerdo de los aliados en la guerra estableció que se formaría un gobierno interino con un plan de desarrollo y se autorizaría la posibilidad de despliegue de las fuerzas internacionales. Meses después una fuerza liderada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) estaba en el territorio con la misión declarada de preservar la seguridad en la capital, Kabul, y sus alrededores. En paralelo, Libertad Duradera continuaba con el objetivo de impedir la reaparición de Al Qaeda y el Talibán.
En 2003 había 18.500 soldados participando en Libertad Duradera y 9.000 de la OTAN. A fines de 2006 la OTAN tomó el mando de la mayoría de las tropas extranjeras, llegando a 31.000 efectivos, y otros 4.000 continuaban con la operación inicial. Para 2006 la OTAN se había extendido en todo el territorio afgano.
Ese año recrudecieron los ataques del Talibán, que se reagrupó desde 2004, creciendo en número y capacidad de acción, y pasó a controlar numerosas áreas rurales. Sus ataques suicidas se quintuplicaron, de 27 en 2005 a 139 en 2006, cuando causó la muerte de 181 militares y mil civiles. Análisis posteriores -entre ellos el del español Grupo de Estudios Estratégicos, mayoritariamente afín al Partido Popular- indican que la resistencia veía a las tropas de la OTAN más débiles y menos agresivas que las estadounidenses, y que las tropas extranjeras perdieron apoyo civil, en parte por el aumento de las víctimas en enfrentamientos y también por su lucha contra la producción de opio, importante fuente de trabajo para los afganos.
Cambios de frente
En agosto de 2007 Bush y el presidente afgano, Hamid Karzai, rechazaron negociar con el Talibán, pero un año después Karzai hizo una oferta de diálogo a su líder, el mulá Mohamed Omar, comprometiéndose a garantizar su seguridad. La respuesta negativa, según la agencia de noticias Reuters, fue: “Estamos seguros en Afganistán y no necesitamos lo que ofrece Karzai”.
El jefe de las tropas encabezadas por la OTAN en Afganistán, Dan McNeill, quiso quitar importancia a la cantidad de ataques recibidos en 2008, alegando que 70% de ellos se habían producido en una décima parte del territorio afgano, donde habitaba sólo 6% de la población. De todos modos, y aunque la OTAN pidió más tropas y colaboración a Pakistán, a fines de ese año el Talibán ya no actuaba en 54% del territorio como en 2007, sino en 72%, informó el diario español El País.
Al terminar su mandato en 2009, Bush sostuvo que en Afganistán había un “progreso indudable”. Señaló que el Talibán “ya no estaba en el poder”, pero habría sido más preciso decir que ya no tenían instalado un gobierno en Kabul, aunque sus ataques llegaban cada vez más cerca de esa ciudad.
Cuando asumió Obama, en enero de 2009, los altos mandos militares reconocían que la situación era tan mala como en 2001. El sucesor de Bush reconoció que en Afganistán se libraba una “guerra de necesidad”, porque si Estados Unidos se retiraba apresuradamente, la resistencia se vería beneficiada.
Obama puso al mando de las tropas aliadas a Stanley McChrystal, que impulsó una estrategia de contrainsurgencia para separar al Talibán de la población civil. Paralelamente se aceptó la perspectiva de negociar con fracciones moderadas de ese movimiento, luego de debilitar a su “núcleo duro” con una fuerte ofensiva militar. A fines del año pasado, Obama insinuó la posibilidad de ese diálogo, informó la cadena CNN.
Poco después comenzaron las propuestas formales de negociación entre el gobierno afgano y el Talibán, cuya presencia abarca ya 80% del territorio afgano, con claro dominio en casi la mitad del país.
Esas propuestas fueron respaldadas por una jirga (asamblea tribal) afgana, por dos conferencias de la OTAN este año y por la Casa Blanca. Así nació un plan de “reconciliación y paz”, que apunta a la negociación con talibanes moderados. Se les ofrece, según la agencia Reuters, amnistía, reinserción social, oportunidades de empleo y formación, además de dinero, y los líderes “reconciliados” podrían compartir el poder, ocupando cargos de gobierno, o pasar a vivir en otros países musulmanes, libres de las sanciones en su contra dispuestas por la ONU y Estados Unidos. A cambio se les pide renunciar a la violencia, cortar lazos con Al Qaeda y aceptar la actual Constitución afgana. El plan no incorpora el planteo de grupos de derechos humanos afganos e internacionales que demandan una reconciliación con bases de verdad, memoria y justicia, alegando que no se puede construir un Estado sobre bases de impunidad.
Esa iniciativa busca también mejorar la imagen del gobierno de Karzai, manchada por la corrupción, y adecuarse a una situación militar agravada por la decreciente colaboración del gobierno paquistaní, que según un informe de la Casa Blanca -dado a conocer la semana pasada- incumple sus compromisos en la materia y evita el enfrentamiento directo con fuerzas del Talibán refugiadas en su territorio, indicó la agencia de noticias Europa Press. Pakistán tampoco aceptó la propuesta estadounidense de aumentar los bombardeos con aviones no tripulados a esas fuerzas.
A por (cierta) paz
Ya en marzo Karzai se reunió extraoficialmente con representantes del Talibán, que exigieron la retirada de las tropas extranjeras para participar en negociaciones de paz. Los medios estadounidenses interpretaron eso como una evidencia de fisuras en el movimiento.
La revista española Política Exterior señaló que al ofrecer dinero, el gobierno de Kabul no asume que la mayor parte de quienes se integraron al Talibán después de 2001 no lo hizo por interés económico, sino por sentimiento de alienación y exclusión del proceso político, o por haber sufrido agravios de las autoridades establecidas tras la invasión o de soldados extranjeros.
Desde el gobierno afgano se informó que Karzai se entrevistó en Pakistán con integrantes del Talibán dispuestos a negociar, que temen ser “dejados de lado” por fracciones radicales a las que no controlan, informó The Washington Post. Esos dirigentes habrían exigido una fecha de retirada de las tropas extranjeras y aspirarían a ocupar cargos en el gobierno. Pero según otras versiones, sectores del movimiento, convencidos de que están cerca de la victoria, ya anunciaron represalias contra quienes se acojan al plan de Karzai y contra sus familias.
En los primeros siete días de setiembre los ataques del Talibán causaron la muerte de 34 personas, entre ellas un gobernador, un vicealcalde y ocho integrantes de fuerzas de seguridad. A su vez, la OTAN mató a 40 personas, incluyendo a dos cabecillas insurgentes y diez civiles. Ya lo dijo Bush en su momento, “Nuestros enemigos son innovadores y tienen muchos recursos, igual que nosotros. Ellos nunca dejan de pensar en nuevas maneras de dañar a nuestro país y a nuestra gente, y tampoco nosotros”.