El Frente Amplio (FA) y Alianza Nacional (AN) acordaron ayer en la Comisión de Hacienda del Senado los cambios al proyecto de ley que habilita a la DGI a solicitar el levantamiento del secreto bancario ante sospechas de evasión o fraude, y que extiende el IRPF a los depósitos que tengan en el exterior los residentes en Uruguay.
“En términos generales quedó liquidado”, expresó ayer el senador de AN Eber da Rosa. El proyecto, que al conocerse generó la oposición de los legisladores del Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN), logró mayor consenso tras la negociación entre el sector de Jorge Larrañaga y el FA: Unidad Nacional (Una) le daría su respaldo parcial y “hay posibilidades” de que también lo hagan los colorados. El FA remitirá el texto al Poder Ejecutivo para corroborar que “sea correcto”, tanto desde el punto de vista judicial como tributario, según explicó el senador Enrique Rubio (FA). El jueves 7 de octubre se votaría en comisión.
Las mayores adhesiones se dieron en el proceso que deberán cumplir los gobiernos de terceros países que tengan convenios de intercambio de información con Uruguay y la Dirección General Impositiva (DGI) cuando tengan sospechas de defraudación tributaria o evasión. El texto establece ahora que en primera instancia la Justicia tendrá 60 días para expedirse ante una solicitud, que se requiere un dictamen expreso para habilitar el levantamiento del secreto bancario, y que en caso de que se otorgue y haya apelación, ésta tendrá efecto suspensivo. De darse esta última hipótesis, se conceden 45 días más de trámite, por lo que en total se eleva a 90 días el período necesario para efectivizar la medida; la intención original del Ejecutivo era fijar un plazo de 30 días para el pronunciamiento del juez y en caso de que no lo hubiera se consideraba tácita la habilitación.
El senador de Una Luis Alberto Heber consideró “muy atinada” la nueva propuesta y adelantó que “será factible de acompañar”. Para el representante colorado en la comisión, José Amorín (Proba), la redacción de AN “es una mejora sustancial porque se le da muchas más garantías al depositante”. Sin embargo, consideró que sólo las autoridades de los países que hayan firmado convenio con el nuestro pueden solicitar esta medida, y eso está dispuesto a votar, pero no que la DGI pueda hacerlo. Amorín cree que no es necesario “que la DGI se siga metiendo en la vida de las personas”. Recordó que el levantamiento del secreto bancario en materia penal ya existe y alegó que con su posición defiende “el derecho a la intimidad del ciudadano frente al poder del Estado”.
El mayor conflicto se genera respecto a extender el IRPF a los depósitos en el exterior de los residentes en Uruguay. Mientras que para el oficialismo la medida tiende a la equidad para que los uruguayos tributen por los depósitos en el exterior, para Una y el PC esto es producto de la presión de los países grandes, que buscan priorizar el criterio de la renta mundial al de la renta territorial. La no tributación “es un atractivo para que muchos extranjeros vinieran a vivir a Uruguay, porque mantienen su plata afuera”, dijo Heber a la diaria, y agregó que a cambio propuso que se graven los depósitos en el exterior “de fuente uruguaya”, los que se generan en el país. Eso no fue aceptado por el oficialismo, que aprobará lo planteado por el gobierno en conjunto con AN, sector que en el período pasado argumentaba que el IRPF era injusto porque no gravaba la renta depositada en el exterior.