Público reconocimiento
Está pronto el “Certificado de reconocimiento” que acredita la “condición de víctima” y la “responsabilidad institucional del Estado durante la dictadura”, adelantó a la diaria el director general de secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez. El texto, acordado en la comisión que trabaja en la aplicación de la ley de reparación, reconocerá a quien esté amparado en la norma y lo solicite “como víctima del accionar ilegítimo y/o del Terrorismo de Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985”. El certificado también llevará la siguiente inscripción: “El Estado uruguayo reconoce la responsabilidad institucional que le cabe al haber afectado su dignidad humana por motivos políticos, ideológicos o gremiales”. Álvarez explicó que la entrega se realizará antes de fin de año en una ceremonia pública, que tendrá como objetivo el reconocimiento pero también será una “estrategia para que otras personas se enteren” de que pueden ser beneficiarias de la ley.
El artículo 10 de la ley prevé que sus beneficiarios -ex presos políticos o niños nacidos en cautiverio- tendrán derecho a recibir en forma “gratuita y vitalicia” prestaciones médicas que garanticen su “cobertura integral de salud” en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)”. Crysol entiende que esto incluye tanto a los prestadores estatales como no estatales.
Éste era el alcance del borrador acordado con el Ministerio de Salud Pública. En cambio, el decreto reglamentario final establece que la atención se brindará sólo a través de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
El presidente de Crysol, Baldemar Tarocco, dijo en diálogo con la diaria que esta disposición no sólo “no respeta el espíritu de la ley” sino que tiene consecuencias directas en los beneficiarios. “Hay muchos de nosotros que estamos en tratamiento médico avanzado en una mutualista privada”, ejemplificó. “Es realmente sorprendente que el Poder Ejecutivo restrinja y cercene derechos explícitamente establecidos”, reza la carta que le dejaron ayer a Mujica.
Breccia les explicó, según Tarocco, que incluir a los prestadores privados tenía un costo de 86 millones de pesos contra 30, “aunque el ministro de Salud, Daniel Olesker, habló de 60 millones”. “No se puede cuantificar en pesos los derechos humanos ni resolver estas cuestiones en términos económicos”, reclamó Tarocco.
En el encuentro de ayer con el representante de Mujica se les dejó en claro que “no hay marcha atrás”, por eso llevarán adelante la impugnación del decreto, un mecanismo previsto en el artículo 317 de la Constitución, para lo cual cuentan con diez días a partir de su publicación en el Diario Oficial. El abogado patrocinante, Pablo Chargoñia, explicó a la diaria que pueden interponer un recurso de revocación en tanto potenciales beneficiarios y en el entendido de que el decreto “se aparta de lo previsto en la norma legal”. “Hay que ejecutarla, no contradecirla”, resumió el profesional.
Toda autoridad administrativa -en este caso, el Presidente, actuando en Consejo de Ministros- está obligada a decidir sobre el recurso presentado en un plazo de 120 días, y en caso de que no lo haga se entiende que éste es rechazado. El objetivo de los ex presos es que el gobierno “advierta la ilegalidad” en que ha incurrido y apruebe un texto sustitutivo.