En una sesión agitada, la Mesa Política del Frente Amplio votó ayer el envío de los antecedentes del proceso de derogación del artículo 76 al Tribunal de Conducta Política (TCP) con los votos del Espacio 609, el Partido Comunista, la Vertiente Artiguista (VA), la Corriente de Izquierda, las bases de Montevideo y Canelones y un representante de las bases del interior (el otro se abstuvo). Lo hizo luego de analizar dos informes redactados por la comisión especial que estudió el proceso que concluyó con la clausura de la causa de los hermanos Peirano. Los textos no incluían conclusiones, tan sólo hacían una enumeración de los hechos. La moción que propuso el envío al TCP fue presentada por las bases de Montevideo.
Antes de la votación, el Partido Socialista (PS), Asamblea Uruguay (AU), Alianza Progresista (AP), el Nuevo Espacio, el Frente Izquierda de Liberación y el presidente del FA, Jorge Brovetto, presentaron una moción para postergar una semana el tratamiento del caso. “Planteamos la posibilidad de buscar en una semana una salida que no dividiera, visto que había ciertas mayorías para el envío al TCP, tratando de preservar la unidad”, explicó el dirigente Manuel Núñez (PS).
Pero el resto de los grupos, a excepción de la VA (que acompañó el pedido), votaron en contra. “Normalmente se posterga un tema cuando los grupos lo piden, y en este caso se nos negó”, reclamó Núñez. En protesta por ello, los representantes del PS, AU y AP se fueron de la reunión.
Alejandro Arismendi, representante de las bases del interior, explicó que votó en contra de la prórroga porque se trata de un tema que “ya ha tenido bastante dilación”. “Hicimos un trabajo serio en la comisión. Mi gente me reclama que no venga a pasear y el FA que funcione como tiene que funcionar, y yo tengo que cumplir con ellos”, afirmó. Agregó que hay que “desdramatizar el tema del envío al TCP”, ya que no se pasó a ninguna persona sino que se pasó el caso. Puntualizó que se hizo en el entendido de que la Mesa Política “no puede ser juez, ya que el único juez que tiene el FA es el plenario nacional, y para expedirse tiene que tener un informe del TCP”. Apuntó que el caso del ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández tiene que ver con la “estética de la ética”. “Si yo estoy en un lugar de poder, tengo que cuidarme de muchas cosas, aun siendo ético”, manifestó.
Óscar Groba, representante del Espacio 609, explicó que su sector no votó la prórroga porque considera que el tema ya fue “suficientemente debatido”. “En la comisión especial hubo esfuerzos muy grandes para tratar de ir todos con una postura única y no se pudo. Estirarlo era una agonía para todos los frenteamplistas”, justificó, y enfatizó que “la fraternidad sigue existiendo”. Aclaró que para el Espacio 609 “no hay error ni en Gonzalo ni en todo el proceso, pero cerrar el tema en la Mesa hoy era inhabilitar un paso que cerraría el circuito de consultas y de tratamiento” del asunto.
Para el PS, en cambio, el pasaje al TCP no es “la mejor solución”. “Para algo se hizo una comisión de la mesa que trabajó tres meses, que juntó toda la información, y se hicieron dos informes. Volver a pasar el tema al TCP para que vuelva a buscar los mismos antecedentes que ya buscó la comisión nos parece un mensaje absolutamente negativo y de condena. Nos parece totalmente equivocado, porque no surge de ninguno de los informes que haya habido faltas éticas o políticas. Es actuar a pedido de la barra”, señaló Núñez.
Daniel Bentancor, representante de la VA, explicó que su sector votó a favor de la prórroga porque “cuando cualquier sector la pide se otorga en general, es un criterio de fraternidad política”. “En este caso no fue así y creo que fue un error”, estimó. En cambio, la VA resolvió el envío de los informes al TCP para que “la decisión final sobre el tema la tuviera el Plenario”. “Gonzalo Fernández cometió algunos errores de carácter político, como no informar que era codefensor de Ratti [Juan Domingo, ex director del Banco Montevideo] y algunas otras omisiones, por olvido o por lo que sea. Entendíamos que más allá de lo legal, había errores de carácter político en haber mezclado la actividad pública con la privada, si bien no se derivaba del informe una falta ética”, señaló Bentancor.