Pese a que aún no se difundió la resolución oficial, el Poder Ejecutivo autorizó a las empresas Monsanto y Yalfin a experimentar con estos eventos (ver edición de ayer de la diaria). Uno de los eventos de maíz autorizado tuvo un informe negativo de la Dinama. Ese informe tiene carácter público, pero no está disponible en la página en internet del Ministerio de Ganadería (MGAP). En la sección “Participación Ciudadana” de la Comisión para la Gestión del Riesgo (CGR) del Gabinete Nacional de Bioseguridad, figura un cartel que indica: “Atención. Ante cualquier consulta dirigirse por correo electrónico a bioseguridad@mgap.gub.uy”. Hay dos títulos, “información” y “anexos”, pero no se permite acceder a ninguno de ellos.
En la resolución de la CGR sobre estos eventos, del 8 de octubre, no figuran las objeciones que planteó la Dinama. “Cuando leés la resolución, no te das cuenta de que la Dinama está en contra, y eso es horrible”, opinaron fuentes de la dirección. Pero las objeciones existieron y el informe también, confirmaron a la diaria desde la Dinama y desde organizaciones sociales vinculadas al tema.
Básicamente, la opinión contraria de la Dinama a la liberación del maíz 88017 se fundaba en que el evento incorporaba resistencias contra insectos que existen en Uruguay, pero que no son una plaga que cause daño económico a los productores. “Para qué vas a investigar en algo que no les va a solucionar los problemas a los productores y además te va a traer un daño ambiental”, graficó una fuente de la Dinama.
Sin embargo, la ministra de Vivienda y Medio Ambiente, Graciela Muslera, firmó junto con los otros ministerios del Gabinete de Bioseguridad una resolución favorable a la autorización de este evento, y eso motivó la renuncia de la representante alterna de la Dinama en la CGR, Laura Bonomi.
En cuanto a la autorización a la soja, la Dinama ya había expresado su opinión contraria el año pasado, ya que se argumenta que la cantidad de hectáreas sembradas, que en algunos casos superan las 1.000, no puede considerarse un experimento, y es en cambio una liberación al ambiente. Consultado sobre este tema por la diaria, el director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, se excusó de hacer declaraciones.
Inconsulta
En la resolución de aprobación se consigna que no hubo objeciones en la consulta pública realizada a tales efectos. Sin embargo, con fecha 3 de noviembre, la organización ecologista Redes-Amigos de la Tierra envió una carta dirigida al presidente de la CGR, Enzo Benech, denunciando “falencias” en el mecanismo de consulta pública.
“Lamentablemente, ningún miembro de nuestra organización se enteró, por los avisos publicados, de esta instancia”, expresan. Durante el período de consulta, entre el 16 y el 23 de agosto, “en ningún momento se anunció en la página web que se abría un período para enviar comentarios, ni que ese período finalizaba el 23 de agosto, ni a dónde ni cómo enviarlos”, denuncia Redes, si bien admite que la convocatoria se publicó en dos diarios de circulación nacional.
A mediados de octubre se subieron a la página del MGAP las resoluciones de autorización de los eventos y esa semana apareció en la página un anuncio de que se recibían comentarios dirigidos a bioseguridad@mgap.gub.uy hasta el 25 de octubre. Redes asumió que se trataba de comentarios sobre esas solicitudes de autorización y los envió en ese momento. La organización considera que “el mecanismo elegido para darle difusión a la instancia de consulta pública es inadecuado e insuficiente en función de promover la participación de la ciudadanía”.
Sobre la autorización de los eventos en sí, Redes sostiene en los comentarios enviados a la CGR -citando informes del propio Ministerio de Medio Ambiente-que en el caso del maíz 88017 “no existe ningún beneficio derivado de su liberación y, por el contrario, se ingresa un factor de riesgo en el ambiente”, y que “no se justifica la experimentación con este evento en nuestro territorio”. En el caso de la soja, entiende que “deberían considerarse los impactos que ha causado la soja y su paquete tecnológico asociado sobre la degradación de suelos como efecto más evidente”. “Dado que no se ha realizado un monitoreo ambiental sobre los impactos que ha causado esta tecnología, es poco afortunado utilizarla como antecedente para justificar nuevas autorizaciones”, sostienen.
En un sentido similar se pronuncia la organización Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAPAL). “Van a duplicar la extensión de soja, lo que implica un aumento importante del uso de agrotóxicos”, alertó María Cárcamo, uno de sus integrantes.