La lista de los “terroristas más buscados” del FBI sumó en 2001 el nombre de Ahmed Khalfan Ghailani, a quien Estados Unidos vinculaba con los atentados de 1998 contra sus embajadas en Kenia y Tanzania. En esos ataques, que Al Qaeda se atribuyó, murieron 224 personas y otras 4.000 fueron heridas.
Ghailani, nacido en Tanzania hace 36 años, fue capturado en Pakistán en 2004 y detenido desde entonces, primero en cárceles secretas de la CIA y luego en Guantánamo. En 2009 fue trasladado a Nueva York para convertirse en el primero de los ex detenidos en esa prisión en ser juzgado por un tribunal civil, en el marco de una nueva política impulsada por el gobierno de Barack Obama.
En la noche del miércoles, cuando escuchó el fallo del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, que había deliberado por cinco días sobre su caso, Ghailani sonrió y abrazó a sus abogados. Fue absuelto de casi todos los cargos que enfrentaba, que eran 286, y declarado culpable de uno solo: “conspiración” para destruir propiedades del gobierno. Se descartaron acusaciones de asesinato y de conspirar para usar armas de destrucción masiva, entre varios otros. De todos modos, esta sentencia lo puede llevar a prisión por 20 años o a cadena perpetua; el 25 de enero se le informará qué pena le corresponde.
“Respetamos el veredicto del jurado y nos complace que Ahmed Ghailani se enfrente ahora a un mínimo de 20 años de prisión e incluso cadena perpetua por su participación en los atentados contra las embajadas”, dijo el portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Matthew Millar, según citó BBC. Pero la defensa adelantó que va a apelar la sentencia porque es inocente también del cargo por el que fue condenado.
A lo largo del proceso, la parte acusadora intentó probar que Ghailani era miembro activo de Al Qaeda y que cargó en un camión los explosivos usados en los atentados con “un objetivo: matar a estadounidenses”. La defensa, por su parte, intentó probar que el acusado no tenía idea de los fines que tenían las personas que cometieron los ataques, y que las ayudó a conseguir un camión y cargar allí los productos usados luego como explosivos porque las conocía, informó la agencia EFE. Los abogados de Ghailani también argumentaron que él nunca recibió entrenamiento como terrorista porque no lo era.
Un factor que ayudó a que se descartaran muchos de los cargos fue que el tribunal no admitió testimonios obtenidos mediante lo que la CIA llama “interrogatorio mejorado” y que los abogados del detenido llaman tortura. Por ejemplo, el juez Lewis Kaplan prohibió que los fiscales tomaran declaración a un testigo que consideraban clave, porque entendió que Ghailani mencionó a esa persona bajo tortura.
Al salir de Guantánamo
Ghailani era sometido a juicio militar en Guantánamo cuando el gobierno de Barack Obama cambió la política de los tiempos de George W Bush y dispuso que los detenidos en esa prisión fueran juzgados por tribunales civiles. Las voces conservadoras de Estados Unidos, que consideran que esa política es un peligro para la seguridad nacional, pueden encontrar nuevos argumentos en la absolución de Ghailani, señalaron BBC y el diario español El País.
Ayer Amnistía Internacional reclamó a Estados Unidos que se asegure a los demás presos de Guantánamo el acceso a un juicio justo, en un tribunal civil. Un portavoz de esa organización civil, Rob Freer, declaró ayer que “si el único procedimiento que aceptarían los opositores a los juzgados de lo penal [civiles] es uno que garantice las condenas sin tener en cuenta las pruebas, se pone de manifiesto que están vulnerando los principios de justicia más básicos”.
La política de la administración Bush de aplicar “interrogatorios mejorados” a los detenidos en Guantánamo fue denunciada también en el Reino Unido. Al menos seis ex detenidos en esa cárcel estadounidense, que tienen nacionalidad o residencia británica, iniciaron acciones contra el gobierno y contra los servicios de inteligencia de su país, el MI5, por complicidad en las torturas a las que dicen haber sido sometidos.
Aunque las autoridades británicas niegan cualquier responsabilidad de ese tipo, después de algunas semanas de negociación con los abogados, el gobierno decidió indemnizar a los denunciantes con millones de libras para desactivar los juicios, informaron BBC y The Guardian. De acuerdo a este periódico, el gobierno llegó a este acuerdo económico para evitar que a lo largo de los procesos judiciales y la presentación de evidencia se hiciera pública información reservada respecto a la cooperación entre Washington y Londres.