El 30 de setiembre, la Policía y algunos militares de Ecuador se sublevaron protestando contra la Ley de Servicios Públicos, que había sido adoptada el día anterior. Ocuparon varios lugares claves del país y el presidente Rafael Correa fue agredido y luego retenido en el Hospital Policial de Quito, cuando intentó dialogar con los sublevados en el Regimiento Quito Nº 1. “Yo no pude entrar al Parlamento porque había orden de matarme”, relató María Augusta Calle, del gobernante Movimiento País. “Cuando estaba llegando para entrar junto con otras compañeras, que fueron muy agredidas, se me acercó alguna gente y me dijo que me retirara de inmediato porque había escuchado que a mí me iban a matar”.
El jueves, la diaria entrevisó a la legisladora en el Palacio Legislativo. Sonriente, Calle habla en voz baja pero con convicción. Opina que la querían asesinar para “acabar con algún líder político, cuya desaparición, agresión, herida o muerte pudiera desatar la violencia”. Dijo que desde entonces y “por otros detalles”, tiene guardaespalda. Algunos en Ecuador estiman que lo ocurrido el 30 de setiembre no fue un golpe de Estado, sino un motín que creció. Pero Calle habla de golpe de Estado. “Por supuesto, si tú tienes levantadas la Policía, las Fuerzas Armadas, tienes organizados varios barrios para salir a respaldar a la Policía -cosa que al momento no les salió-, si tienes tomada la Asamblea Nacional, tomados los dos aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil, las principales carreteras del país, el presidente secuestrado… Yo no creo que sea una revuelta policial”, consideró.
Además destacó el papel que jugaron los medios de comunicación. “Tenían una cosa muy chévere, cada vez que comenzaba un saqueo estaba una cámara de televisión ahí por ‘casualidad’”, ironizó. Para ella el objetivo era “crear terror” y destacó que las imágenes iban acompañadas de “entrevistas a ex militares” que llamaban a la población a que “sacara su dinero del banco”. Esto explica, “por supuesto”, la imposición de la cadena nacional al mismo tiempo que el estado de excepción, que hoy la oposición denuncia como una violación de la libertad de prensa.
En medio del cambio
De acuerdo a Calle, la calma que rige en su país es “aparente”. Desde Movimiento País, explica, no quieren venganza, pero tampoco impunidad: “Que nadie que haya estado involucrado en este intento de golpe de Estado se quede sin sanción”. Para esto, el gobierno dejó la investigación en manos de la Justicia. “Hasta ayer [miércoles 10], la fiscalía tenía 764 órdenes de investigación a policías, parece que hay 200 órdenes más y se está convocando también a las Fuerzas Armadas, gente de la Fuerza Aérea y alguna del Ejército”, enumeró y estimó que la pesquisa judicial durará un año.
Calle dijo que a medida que avanza la investigación queda demostrado que “se trataba de una conspiración muy bien armada”. A su entender esto no quedó desmentido con las grabaciones que difundieron los medios de prensa en las que se escucha que los sublevados improvisan. “A nivel de tropas sí, estaban actuando de forma espontánea, ellos no sabían quiénes estaban complotando ni para qué”, concede. Pero considera “inquietante” que la investigación evidencie que personas que “no han salido a las calles, ni han dado declaraciones, han estado detrás de todo esto”.
Se refiere a militares retirados que “se han juntado a grupos de poder que también están siendo muy afectados por el gobierno de Correa”, entre ellos “el poder financiero, políticos de varios gobiernos neoliberales anteriores, nefastos para el Ecuador”, dijo.
Los observadores explican lo sucedido el 30 de setiembre a partir de los conflictos con varios sectores por las numerosas reformas en proceso en Ecuador. “Se están aprobando 25 leyes en este momento”, indicó la legisladora. “Tenemos un reto muy grande”, subrayó Calle, que “es hacer que nuestra Constitución, una de las más avanzadas del mundo en la que hablamos de los derechos de la naturaleza, de la ciudadanía universal, que no vamos a regirnos en función de árbitros y contundencias que estén fuera de América Latina [...] sea ley y sea viva”. Antes, dijo, Ecuador tenía “una Constitución y un Estado absolutamente neoliberales, sin ninguna soberanía”.
Se refirió a la ley que derogó Correa y que fue el origen del levantamiento policial. “Yo soy quien escribió los artículos relacionados a las Fuerzas Armadas” y a la Policía, reivindicó Calle. La nueva Constitución ecuatoriana establece que todos los ciudadanos que trabajan para el Estado son funcionarios por igual, sin excepciones para policías y militares, dijo.
La legisladora explicó que cuando redactó la norma dejó a propósito reiteraciones, para evitar interpretaciones erróneas. Pero el presidente, quiso, con su veto, “pulir” la ley para que el texto fuera “más limpio” y eso afectó los artículos que trataban las condecoraciones y beneficios para policías y militares.
Calle sostuvo que antes de la nueva Ley de Servicios Públicos, ciertos funcionarios “tenían condecoraciones y bonos impresionantes”, como el “bono de espiritualidad” de 7.000 dólares que se entregó en la Procuraduría del Estado. La legisladora reconoció que no sabe qué se entiende por “espiritualidad”, pero que eso se premiaba, así como los funcionarios del Banco Central recibían para Navidad un televisor de pantalla plana, “que cuesta 1.200 dólares”.
“Había que cortar” porque “es plata del Estado”, concluyó. Por eso la ley que terminó desatando el motín policial prohíbe las bonificaciones y condecoraciones en todo el sector público, “con excepción de Fuerzas Armadas y Policía. Eso fue lo que vetó Correa, la última frase”, precisó Calle. “El artículo 115 ya dice claramente que, debido a su trabajo especial, el Ministerio de Relaciones Laborales regula las remuneraciones y compensaciones especiales que iban a recibir” esos sectores, agregó. Días después del amotinamiento se pensó que el gobierno había dado marcha atrás, al establecer pagos por horas extras y las condecoraciones, pero sólo fue la aplicación del artículo 115.
Correa y los indígenas
El 30 de setiembre las comunidades indígenas demoraron hasta el mediodía para lograr un acuerdo y condenar el levantamiento policial. Demostraron así que existe un profundo malestar con el gobierno. Calle, que comenzó su militancia política trabajando con organizaciones indígenas, dijo que el “manejo formal” de la relación con ellas es complicado” porque es necesario “entender la otra forma de pensar, de vivir”. La diputada cree que su gobierno no tuvo “suficiente tacto” para manejar ese vínculo. Sin embargo, remarcó que su partido sabe “que no puede haber un proceso revolucionario en el Ecuador sin los indígenas y sin los trabajadores”, y aseguró que existen con esos sectores “diferencias muy temporales” porque comparten “los mismos objetivos y los mismos sueños”.
Por otro lado, destacó que ser indígena no significa ser de izquierda y que en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), como en toda la dirigencia indígena, “hay gente que tiene relación con la CIA” con “una posición política e ideológica de extrema derecha”. Agregó: “Con ellos nunca vamos a tener ningún tipo de posibilidad de conversar siquiera”, pero “con las grandes bases” sí hay acuerdos, afirmó. La legisladora destacó que la aceptación hacia Correa es de “75% en los sectores indígenas”.