El 21 de octubre la jefa comunal de Lavalleja, Adriana Peña, comunicó telefónicamente a su primer suplente, Alfredo Villalba, su decisión de destituirlo del cargo de director de Servicios Sociales. Luego, en conferencia de prensa, lo acusó de manejo “irregular” de recursos, “maltrato” a funcionarios y “mal relacionamiento” con otros directores. También de falta de transparencia en la “compra o venta” de chapas de zinc y de recibir dinero de una organización social. “No digo que no fuera honrado, pero a veces hay que serlo y demostrarlo”, afirmó.
Estos hechos, que fueron negados por Villalba, motivaron su decisión de presentar la semana próxima una denuncia penal por difamación e injurias contra la intendenta. El ex director explicó a la diaria que dejó pasar un “tiempo prudencial” para que Peña “se retractara”, pero eso no ocurrió. “Argumentó conceptos que dañan el honor y la moral. No tiene derecho a insultar, agredir o desprestigiar a una persona porque tenga distintas visiones. Además, se olvida que aportamos [la Lista 44] 4.042 votos”, alegó.
Tras la destitución, Peña anunció que no se tomaría licencia para impedir que Villalba, al ser su primer suplente, asuma la intendencia en forma interina (ver la diaria del 27/10/2010). Con ese objetivo la semana pasada envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto que establecía que en caso de ausentarse más de 72 horas sólo debía dar “un simple aviso”.
Los ediles del Frente Amplio -cuyos votos eran decisivos porque se requería mayoría especial- plantearon la inconstitucionalidad de la iniciativa y pidieron un cuarto intermedio porque “se quería votar a tapas cerradas”. Pero el lunes la bancada del Partido Nacional (PN) definió no acompañarlo por entender lo mismo, informó el edil blanco Alcides Abreu, perteneciente a la agrupación de Peña. Con este escenario, indicó César, la intendenta envió el miércoles a la sesión de la Junta “un mensaje complementario por el cual suspendía el tratamiento” de la iniciativa.
El PN no tomó postura formal sobre la remoción ni sobre la presentación de la denuncia. “Estamos esperando”, se excusó Abreu, y añadió que “no ve motivos” para llevar el tema a la Justicia. Su par Sergio Urreta (Lista 44) explicó que “los tres ediles” respaldan la acción que Villalba concretará en el juzgado letrado de Minas.