El fiscal de Corte, Rafael Ubiría, declaró en una entrevista a Búsqueda, el 2 de diciembre, que había escuchado el rumor de fuentes “fidedignas” de que el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, había dicho que mientras él estuviera al frente de la Fiscalía de Corte ésta no iba a recibir “un solo peso del gobierno”. Luego, el 15 de diciembre, cuando fue llamado a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, manifestó que la actual subsecretaria, María Simon, le pidió, cuando era ministra, que en 48 horas le entregara los legajos personales de todos los fiscales, explicándole que si no lo hacía incurriría en desacato. Según Ubiría, el pedido fue hecho con un tono similar al que se emplea cuando se le habla a un “subordinado”.
Ayer asistieron a comisión las autoridades del ministerio. Su titular, Ricardo Ehrlich, informó que se cursó un pedido de informes a Ubiría para que precisara el alcance de sus afirmaciones. Según el diputado nacionalista Pablo Abdala, las autoridades ministeriales trataron de quitarle trascendencia al tema. Respecto de las acusaciones a Simon, la subsecretaria respondió que jamás amenazó a Ubiría, pero “no contestó nada” respecto a si manejó la palabra “desacato”. Desde el Partido Colorado Juan Manuel Garino hizo un balance similar.
Abdala sostuvo que el PN está intentando promover otras acciones parlamentarias para investigar el caso y no descarta proponer la conformación de una comisión investigadora. Por su parte, su par Daniel Mañana dijo que el nacionalismo “intuye que detrás de esto el gobierno quiere la sustitución de Ubiría”.
El frenteamplista Roque Arregui hizo un diagnóstico diferente. “Al final terminó todo aclarado más allá de las manifestaciones, quedó demostrado que se han hecho sobre la base de rumores y comentarios. No hay una sola prueba de que haya ninguneo ni presión”, entendió. Además, arremetió contra Ubiría y dijo que “se basa en versiones y rumores”, lo cual es una “falta de responsabilidad para un fiscal de Corte”.
En declaraciones a la diaria Simon admitió haberle pedido los legajos de los fiscales a Ubiría, pero negó haber establecido un plazo de 48 horas sino uno mucho más amplio, cercano a una semana, que tampoco se cumplió, ya que los datos se pidieron en diciembre de 2008 y fueron entregados en mayo de 2009. Según explicó, los legajos son algo que “hay que tener ya que el que firma la venia de un fiscal y al que le preguntan sobre esto es al ministro”. La jerarca negó haber utilizado la palabra “desacato” ni haber realizado ningún tipo de amenazas. “La subjetividad es libre, pero creo que no hablé en un tono inadecuado”, dijo y de paso desmintió que desde el gobierno se pretenda separar a Ubiría del cargo.
la diaria accedió al informe que Ubiría le entregó a Ehrlich el 6 de diciembre. En éste el fiscal de Corte argumenta que “en ningún momento de la entrevista” usó los términos “Poder Ejecutivo” o “gobierno”, en tanto que especificó que “el continuo hostigamiento” era en referencia al Sindicato de Funcionarios de Fiscalías del Uruguay (Siffur). De todas maneras, Ubiría informó sobre su mal relacionamiento con las autoridades anteriores del ministerio ya que prescindieron “en todo momento” de su opinión y hubo “demoras injustificadas en la tramitación de múltiples expedientes”, y señaló que “en los años anteriores” a la llegada de Ehrlich se le había “ninguneado”. Además, destacó que tanto en las rendiciones de cuentas de los años anteriores como en la Ley de Presupuesto actual “no se logró un solo artículo de los propuestos por esta Fiscalía de Corte”.