-¿En qué medida la apuesta de contar con una secretaría de Derechos Humanos permitió avanzar en la causa de éstos?
-La secretaría tiene toda una historia. Fue primero Dirección Nacional de Derechos Humanos, después fue subsecretaría, después secretaría, después volvió a ser subsecretaría… Tenía cerca de 20 años, pero la verdad es que un modelo económico de neoliberalismo salvaje no podía ser compatible con una secretaría de Derechos Humanos fuerte. Así que la secretaría de DDHH en Argentina, hasta el año 2003, era una presencia casi ilusoria, aunque había tenido, sí, las primeras leyes reparatorias, en virtud de una exigencia de la Comisión Interamericana de DDHH. En realidad el gran impulso a la secretaría de DDHH se lo dio el presidente Néstor Kirchner, con el cual yo venía trabajando hacía cuatro años cuando el 25 de mayo de 2003 me ofreció la secretaría y me explicó los lineamientos de lo que él quería que hiciera. Néstor en eso me dio una enorme libertad de movimiento, porque yo lo conocía a él en profundidad y él me conocía también. Hoy la secretaría es casi un ministerio, porque depende del Ministerio de Justicia y DDHH, pero para darte un dato, en el año 2003 teníamos un edificio precario y 39 empleados y hoy estamos en siete edificios -tres de ellos en el propio predio de lo que era la ex ESMA- y la secretaría tiene 150 funcionarios, por la multiplicidad de competencias creadas o transferidas a ella.
-¿Cómo avanzan con el tema Papel Prensa, en el que se investiga las condiciones en que la única fábrica de papel de diario de Argentina pasó a tener como accionistas mayoritarios al Grupo Clarín, La Nación y La Razón? ¿Por qué tardó tanto tiempo en comenzar a investigarse el tema?
-Porque hubo una intención de clausurar el tema de la memoria por parte del propio diario Clarín y del diario La Nación. A veces en política también hay que ver cuándo llega la oportunidad y la presidenta [Cristina Fernández] creyó que éste era el momento de crear la Comisión Investigadora sobre Papel Prensa y encomendarme la querella contra la apropiación de la empresa en el marco de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. La querella recién se inicia, va a ser un largo trámite. No se sabe cuánto va a durar. Nosotros seguimos brindando pruebas. De todos modos aportamos 2.000 fojas de documentación y ahora estamos brindando pruebas nuevas. Yo creo que va a llevar un largo tiempo. Pero a su vez están todos los problemas actuales de Papel Prensa, que no cumple con las leyes impositivas, que no respeta los derechos de los accionistas menores… Todo eso también lo está investigando paralelamente la Justicia.
-En cuanto a otra causa judicial, la que investiga si los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, son hijos de desaparecidos, ¿cómo se está avanzando?
-La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo [Estela de Carlotto] ha solicitado públicamente en estos días que la jueza no tome como válidas las muestras [genéticas de los hijos adoptivos de Herrera de Noble] si no hay certeza indubitable de que son de ellos dos. Nosotros no somos querellantes, porque yo presido la Conadi, la Comisión Nacional por la Identidad, y en algún momento tendré que expedirme en esa causa. La presidenta de Abuelas en algún momento pareció aceptar esas pruebas y yo creo que con justicia y razón ahora las ha cuestionado. Porque las muestras no fueron sacadas por el órgano competente, el Banco Nacional de Datos Genéticos, y por lo tanto tampoco hay verdadera certeza de que correspondan a aquellos que hoy llevan el nombre de Noble Herrera.
-Fuera de los temas vinculados a la dictadura, ¿cuáles son las otras prioridades de la secretaría?
-Yo te diría que no es el caso de los derechos civiles y políticos, donde se ha avanzado mucho. En el estado en el que se recibió el país en 2003, con más del 50% de la población bajo los índices de pobreza y casi 25% en indigencia extrema, todo lo que se ha avanzado -que es mucho- no ha permitido todavía que haya un reparto más equitativo de la riqueza y tampoco que los salarios -que han tenido muchos aumentos- sean paritarios. Porque a su vez los empresarios tratan de recuperar sus ganancias, alentando el proceso inflacionario en el permanente remarcado de sus precios. Pero la Argentina de hoy no es la de 2003, con esa profunda desigualdad. Los índices de pobreza se han reducido a un dígito, ya no están en los niveles que habían alcanzado antes. La desocupación y el trabajo en negro también han disminuido, ha aumentado el trabajo en blanco, se ha dispuesto una serie de beneficios sociales…
-¿En todo eso trabaja la secretaría?
-Trabajamos porque los problemas son transversales a todo el Estado. ¿Nosotros qué aportamos? La mirada del sujeto de derecho.
-Respecto a los indígenas. ¿Qué es lo que se está haciendo? En Formosa, hace poco la represión dejó dos indígenas muertos…
-En general se ha avanzado tanto en la tenencia de la tierra como en los derechos de los indígenas, pero hay problemas que tienen largas décadas de conflicto que no es posible solucionar y muchas veces se llega a la violencia extrema. En Formosa, la mesa de diálogo fue rechazada por la propia comunidad toba y en consecuencia por el gobierno provincial, que ya había hecho la denuncia a la Justicia. Lamentablemente, éstas son las consecuencias. Está probado que con la violencia no se encuentra la solución y que no hay otro camino que el diálogo y la búsqueda de soluciones, que a veces son muy complejas pero nunca son imposibles.
-Un tema que preocupa en estos días en la ciudad de Buenos Aires es el de la vivienda, que fue colocado en la agenda debido a la ocupación del Parque Indoamericano por las familias sin techo. En su desalojo hubo varias muertes. ¿Cómo se logra ese equilibrio entre el no reprimir y aportar soluciones sin fomentar las ocupaciones?
-Nosotros tenemos un déficit de vivienda con base histórica. Además, últimamente ha aumentado con las corrientes inmigratorias de los países limítrofes y otros que no son tan limítrofes. El desafío está en la construcción de la vivienda por parte del gobierno de la ciudad y en ir disminuyendo esos niveles de falta de solución al problema habitacional. Tampoco se va a solucionar en un año, pero tenemos que tratar de que esto no esté impregnado de violencia.
-¿Qué opina usted del proceso que está viviendo Uruguay en relación con la Ley de Caducidad?
-Tengo muchos amigos que propician la derogación de la Ley de Caducidad. Pero como funcionario del gobierno argentino soy muy respetuoso de las decisiones que mayoritariamente se tomen, desde el pueblo uruguayo, su Poder Legislativo y su gobierno. Así que en eso me abstengo de dar opinión. Lo que yo pienso lo saben, porque es lo que hago en Argentina.