Dos abogados que trabajaban para el Programa de Derechos Humanos (PDH) de Chile, el organismo estatal encargado de defender, asesorar e indemnizar a las víctimas del terrorismo de Estado que vivió el país entre 1973 y 1990, fueron despedidos. Uno de ellos, Cristian Cruz, por “falta de confianza”; otra, Luisa Sanhueza, por “no cumplir con los parámetros”. Ésas fueron las razones invocadas por la directora del PDH, la ex fiscal Rossy Lama, al notificarles que no se renovarían sus contratos a fin de año, según informaron a la diaria Cruz y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile, Lorena Pizzarro.
Esta dirigente estimó que con la decisión “se dan señales” de que quienes no “sigan las normas que establecen que hay que entorpecer los avances de los casos de violaciones de los derechos humanos” podrán “perder su fuente de trabajo” y dijo que así se busca “amedrentar” a los demás abogados del PDH que, como Cruz y Sanhueza, ejercen su trabajo “con estudio, compromiso y seriedad” y “llevan años litigando en un clima adverso”.
Por su parte, la directora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Ejecutados (AFDE), Alicia Lira, dijo a la diaria que esta decisión del PDH, que depende del Ministerio del Interior chileno, muestra un “claro retroceso en materia de verdad y justicia”. Opinó que el gobierno del actual presidente, Sebastián Piñera, “ejerce un doble discurso” al hablar de su compromiso con la defensa de los derechos humanos, mientras que en los hechos toma estas decisiones. Asimismo, Cruz destacó que son “60 las querellas que están siendo retenidas en el Ministerio del Interior en espera de ser firmadas”.
Cruz, el abogado molesto
Cruz y las dos activistas consultadas por la diaria vincularon directamente la decisión del PDH con la actuación del abogado en la causa del cantante fallecido Víctor Jara, en el marco de la cual fue citado a declarar el subsecretario de Defensa, el general retirado Óscar Izurieta, por haber sido jefe del Ejército durante la dictadura.
El abogado chileno también destacó su apego a Uruguay, puesto que es él, como abogado del PDH, quien lleva las causas de uruguayos desaparecidos en Chile, y señaló que en ese contexto, hoy son procesados 21 ex represores. Cuatro procesos relativos a la desaparición de uruguayos están en curso, indicó Cruz. Un caso es el de los secuestros de Ariel Arcos, Juan Povaschuk y Enrique Pagardoy, cometidos en setiembre o en octubre de 1973, por el que hay siete militares procesados. Otro es el de los secuestros, en una fecha cercana, de Julio César Fernández y Nelson Gadea, causa en la que fueron procesados 15 militares. El tercer caso aún está en trámite y lo lleva un abogado particular; es el de Alberto Fontela Alonso y Juan Cendan Almada, secuestrados también en setiembre de 1973.
La cuarta causa es la de Mónica Benaroyo, que se inició con el “hallazgo de osamentas en un predio militar en el desierto del extremo norte, en la ciudad de Arica”, explicó Cruz. “No hay fecha precisa de muerte de la víctima y los responsables fueron agentes de inteligencia de esa ciudad, principalmente integrantes del Ejército, todos retirados”, aunque aún no hay procesados, agregó. En este expediente el PDH es la única parte que representa a la víctima, según dijo el abogado despedido.
Por su parte, Sanhueza trabajaba en los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados del Partido Socialista chileno.
Cruz destacó que el PDH es esencial para los familiares de víctimas porque a los abogados particulares les “faltan los medios para obtener información por fuera del Ministerio del Interior que tiene y ofrece facilidades”.
La decisión de despedir a Cruz y Sanhueza es “política”, denunciaron los tres consultados. El abogado estima que tiene que ver “con el objetivo de verdad y justicia” del que no se movió en años de trabajo y “compromiso” con esas causas. Los entrevistados coinciden en asegurar que despedir a dos profesionales que tienen conocimiento de los casos, que “comprenden el contexto” de la época en la que ocurrieron los hechos, representa una pérdida innegable para el avance de las causas. Para Cruz, los familiares deben “exigir la aplicación de la obligación del Estado” chileno de procesar y condenar crímenes de lesa humanidad, establecida por el derecho internacional.
Por este motivo, tanto la AFDD como la AFDE realizaron ayer una conferencia de prensa en el Congreso para exigir que sesione la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y convoque al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para que dé explicaciones sobre esa decisión y las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Piñera.
Lira, de la AFDE, dijo a la diaria que su organización pretende comunicar en la audiencia que tiene prevista para el martes con Hinzpeter su preocupación sobre lo que considera un “desmantelamiento” del PDH y exigir que se aplique el artículo del Código Penal chileno, según el cual los crímenes contra los derechos humanos y de lesa humanidad no son prescriptibles. Pizzarro, por su parte, indicó que su organización aún no ha recibido respuesta a sus solicitudes de audiencia.
Lama, la directora del PDH, indicó al diario chileno El Mostrador que no se prevén más despidos. Una asistente social, Victoria Baeza, también había sido despedida pero la decisión se revocó horas más tarde.
El PDH “no ha despedido a ningún funcionario. Sólo se les informó al señor Cruz y a la señora Sanhueza que sus contratos a honorarios no van a ser renovados para el 2011”, explicó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Agregó que la decisión de Lama “responde a la capacidad que han demostrado” y su integración en el grupo en el que trabajan, según informó el diario chileno La Segunda. Calificó el cambio de “mínimo” y subrayó que “era esencial para lograr los objetivos planteados para este nuevo período”.
Desde que asumió la nueva administración en febrero, tres abogados y un funcionario administrativo del PDH dejaron sus cargos, dijo Cruz, quien tiene por delante unos diez días antes de dejar su puesto de funcionario en el PDH (debe irse de licencia antes de fin de año) y dejar también las distintas causas en las que trabajaba. Afirmó que se va “tranquilo” porque “en las condiciones actuales no se puede avanzar”, ya que lo “echan por trabajar”.