El informe de la investigadora indica que de las acusaciones efectuadas “surge la presunción de la existencia de irregularidades” en la tala de árboles en el balneario Los Pinos. También en el “lavado de pedregullo” por parte de un particular en el lavadero de la intendencia, en la reparación de un vehículo particular en los talleres y “a costa de la propia comuna”, en “la extracción y/o desvío de bienes pertenecientes a AFE”. Todo esto en el marco de la Junta Local de Bella Unión, hoy alcaldía.
Luego de que el plenario de la Junta Departamental votara el lunes por unanimidad el pase de las actuaciones a la justicia penal, los ediles blancos y colorados presentaron una moción para solicitarle a la intendenta Patricia Ayala que cese del cargo a Moraes porque ella “emerge como la mayor responsable”. La bancada oficialista pidió un cuarto intermedio en el que resolvió votar en bloque en contra de la moción, pese a que algunos ediles pidieron libertad de acción. Una vez en sala, éstos se retiraron y la moción prosperó 15 votos en 25.
“No quería estar porque compartía que había que pedirle el cese. Tenés que jugarte porque ¿y si hay irregularidad? Toda la vida dijimos que estamos a favor de la transparencia y la honradez. La gente nos está exigiendo otra cosa; no hay que dejarse arrastrar para defender un sinvergüenza. Y el FA no tiene ganado el cielo”, explicó el edil Jorge Ferrari (Alianza Progresista) y comparó la situación de Moraes con la de Juan Carlos Bengoa y Gonzalo Fernández. El coordinador de la bancada del FA, el ex diputado Carlos Maseda (Espacio Frenteamplista) también se retiró de sala. Lo hizo “por prinicipios políticos” y para “resguardar a la fuerza política” de hechos que “para nuestro departamento son graves” y que “tocan la ética” del FA.
Distinto collar
La mesa política del FA de Artigas no tomó postura. El viernes recibió a Ayala pero el tema no estuvo en el orden del día, aseguró el presidente, Pablo Martins (independiente). En tanto, Moraes emitió un comunicado expresando que quedó “profundamente conforme con la decisión” de que sea investigada penalmente porque eso “había sido sugerido” por ella misma. Sobre su permanencia en el cargo adelantó que esperará la resolución que tome la Justicia porque “es la competente para pronunciarse sobre esta situación”. “No comparto cómo se pronunció, fue inadecuado e inconveniente porque la solicitud está dirigida a Ayala, que no se ha pronunciado”, consideró Maseda.
Fuentes cercanas a la intendenta explicaron a la diaria que la jerarca no hará declaraciones sobre este tema y que esperará el pronunciamiento de la Justicia para tomar una decisión. El edil Mario Zabala (Movimiento de Participación Popular) votó en contra del pedido de remoción de Moraes porque “no éramos jueces”. “Los compañeros que votamos lo hicimos apoyando a la intendenta”, añadió el representante del sector de Ayala.
La diputada suplente Elsa Hernández (Compromiso Frenteamplista) recordó que el edil Ferrari fue enviado al Tribunal de Conducta Política del FA “porque es inorgánico”. “En el período anterior, que teníamos mayoría en Bella Unión, el FA eligió un secretario para la Junta Local Autónoma, pero como [a Ferrari] no le gustaba, hizo mayoría con los blancos y votó a otro. Lo elevamos al Tribunal de Conducta y hace cinco años que estamos esperando. No sabemos ni quién lo integra”, relató. Hernández explicó que “se está trabajando” a nivel interno para darle “total apoyo” a Ayala: “No queremos que Artigas termine como Salto y Paysandú”, advirtió Hernández, en referencia a dos de los cuatro departamentos que perdió el FA en las elecciones de mayo.