Los casi 1.500 empresarios sudamericanos y europeos que aplaudieron el miércoles al presidente electo José Mujica en el Hotel Conrad de Punta del Este pagaron 100 dólares cada uno por el almuerzo, y el dinero se entregó al Hospital Elbio Rivero de Maldonado. Los extranjeros habrán gastado bastante más en traslados y alojamiento. El menú y la buena causa valían la pena, así como arrimarse a las oportunidades de negocios en Uruguay, alentadas en armonía por el oficialismo y la oposición.
La búsqueda de alianzas con el capital tardó cierto tiempo en incorporarse a la prédica y la práctica del Frente Amplio. En el discurso fundacional del 26 de marzo de 1971, Liber Seregni, alguien muy lejos de cualquier extremo, no pronunció ni una vez las palabras “empresa” e “inversión” o sus derivados (sí mencionó a los “medianos y pequeños productores” rurales), aunque fustigó en 19 ocasiones a la “oligarquía”.
El río cambió sus aguas en estas cuatro décadas. La compleja asamblea que hoy gobierna el país ya no se compone sólo de trabajadores, “clases medias urbanas”, agricultores y cuentapropistas modestos, estudiantes, profesionales y jubilados. Hay otros invitados a la fiesta: empresarios frenteamplistas o amigos del Frente. La coalición es garante de la propiedad privada de los medios de producción desde hace rato.
Al exponer sus aspiraciones como presidente, Mujica ensambló en Punta del Este conceptos antes divorciados por riñas y disputas: “Crear un clima que propicie la alta inversión, el sueño, la utopía”. La “utopía” de hoy, aclaró, consiste en incrementar las inversiones de 20% a 25% del producto nacional.
El empresariado uruguayo y extranjero entabló desde los años 90 un diálogo franco con el Frente Amplio, que dejó de fastidiarles como alternativa a los partidos históricos cuando la crisis económica de 2002 sacudió a toda la sociedad, y también a sus privilegios. Este gobierno satisfizo sus expectativas: alentó la inversión en un marco de reglas claras y prolijidad fiscal, aprovechando con habilidad diversas oportunidades que ofrecían los vaivenes internacionales. Demostró que eso era posible sin privarse de elevar el gasto social a niveles sin precedentes, imponer reformas profundas a los sistemas tributario y de salud, y aumentar el ingreso de las familias mediante la reinstauración de los consejos de salarios y otros mecanismos.
Los empresarios no esperaron la gráfica ascendente para dar una mano. El Frente Amplio opositor hacía buenas migas, por ejemplo, con los responsables de CUTCSA (Juan Salgado) y Buquebús (Juan Carlos López Mena), antes cercanos al Partido Colorado. Alberto Fernández, dueño de una empresa en frecuente choque con sus empleados como la pesquera Fripur, le prestó un avión a la campaña de Vázquez en 2004 y volvió a hacerlo en agosto para que Mujica viajara a Brasil. La lista sigue, y no se aprecia mucho recelo en la dirigencia oficialista, al menos en voz alta.
La cercanía entre partidos y empresas tienta al poder político con la posibilidad de usar bienes públicos como pago de los favores del poder económico. O de que uno de esos poderes corrompa al otro. El Frente Amplio no se libró de acusaciones en ese sentido, que afectaron a Juan Carlos Bengoa, el ex director nacional y montevideano de Casinos; al senador Eleuterio Fernández Huidobro; al intendente de Maldonado, Óscar de los Santos; y hasta al vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, entre otros.
Esos casos revelan la falta de leyes que, además de castigar a los deshonestos consumados, impidan o dificulten sus acciones. Las reglamentaciones partidarias internas no alcanzan. El ejercicio de la función pública merece, más que tipificación de delitos y previsión de penas, garantías estrictas y control constante.
En este vacío legal cae el pechazo de 15 mil dólares planteado por allegados de Mujica a diez grandes empresas para financiar la fiesta de transmisión de mando el 1º de marzo en la plaza Independencia, conocido el miércoles en la diaria. Varias son concesionarias de servicios públicos. Las donaciones deberían ser autorizadas por el presidente Vázquez y publicitadas. El procedimiento es tan desprolijo que su propia transparencia ofrece a las empresas una influencia indebida y traficable.
En diciembre, Mujica proponía que sus “amigos” pagaran el acto. En enero, que lo bancara su antigua lista, la 609. La suma solicitada ahora a cada empresa multiplica por 15 el aporte anual máximo (10 mil unidades indexadas) que la Ley de Partidos aprobada en mayo pasado autoriza a las firmas contratadas por el Estado a darle a un sector político. El presidente electo procura emitir un mensaje de austeridad. Pero la ganga puede terminar costando carísima. Es preferible que el fisco pague, antes que avivarle a algún amable donante las ganas de recuperar su inversión con intereses.