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Pocas expectativas de acuerdo en el proceso de conciliación entre Katoen Natie y el Estado uruguayo.

A fines de enero comenzó el proceso de conciliación entre el grupo belga y el gobierno uruguayo, previsto en el mecanismo de solución de controversias establecido en el Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Bélgica en 2001. Ayer, en una segunda instancia, los técnicos de ambas partes no lograron un acuerdo respecto de la proyección que tendrá el puerto de Montevideo, y las posibilidades de evitar un arbitraje internacional parecen nulas.

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En agosto, luego de la promulgación de la ley que habilitó la construcción de una segunda terminal de contenedores en el puerto, Katoen Natie, dueño del 80% de las acciones de Terminal Cuenca del Plata (TCP), presentó en el Ministerio de Relaciones Exteriores una nota planteando una controversia, proceso legal que puede implicar, en caso de llegar a sus últimas instancias, un arbitraje internacional para solucionar el conflicto entre el grupo inversor y el Estado.

La primera etapa de la controversia implica un proceso de conciliación obligatorio entre ambas partes, que comenzó en enero. En esa primera reunión los negociadores acordaron tener una nueva instancia con técnicos de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y de Katoen Natie, para que los últimos contaran con la información en la que se basó el gobierno al tomar la decisión de crear una segunda terminal de contenedores. Uno de los principales argumentos manejados desde la ANP para plantear la necesidad de una nueva playa especializada es que para 2014 el puerto de Montevideo “colapsaría” si no se concretaban nuevas inversiones, versión insistentemente negada por Katoen Natie que, a su vez, argumenta que, habilitando otra terminal, el Estado uruguayo incumple con el Tratado de Protección de Inversiones, cambia el marco jurídico por el cual se instaló la empresa en el país, y afecta el rendimiento de TCP.

La carreta y los bueyes

Para los representantes del grupo belga en la reunión de ayer se confirmó que la decisión de promover una segunda terminal de contenedores “se tomó primero y después se quiso justificar técnicamente”, según dijeron participantes del encuentro a la diaria. Desde la empresa se señaló que en las proyecciones realizadas por la ANP “utilizaron valores que no pudieron justificar”, por ejemplo, sobre la capacidad estática de TCP, que no coincidían con los valores que maneja Katoen Natie. Frente a esas disonancias, según las fuentes de la empresa, los representantes de ANP apelaban a que la decisión “era política, cuando antes decían que era técnica”.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, reafirmó que el camino hacia una segunda terminal es un hecho. “De nuestra parte la decisión de promover la construcción de una nueva terminal no va a ser revisada. Está en marcha el llamado y las propuestas se abren el 17 de marzo”, anunció en diálogo con la diaria. Sobre la posibilidad de que exista un entendimiento en el período de conciliación, Rossi señaló: “Cuando concurrimos a una instancia de conciliación, de negociación, lo hacemos con el ánimo de buscar formas de entendimiento, pero no sobre la base de que Uruguay renuncie a lo que es el ejercicio de sus obligaciones”.

El ministro afirmó que el Estado “no tiene por qué compensar nada, porque ningún daño hemos causado; estamos solamente ejerciendo nuestro derecho”, y en el mismo sentido el director general del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Gustavo Fernández, dijo que para que exista algún tipo de compensación, hay que estudiar “si hay perjucios o no, y eso es lo que está en discusión”. Por una resolución de noviembre del año pasado, además de Fernández, los negociadores por parte del Estado uruguayo son el abogado Carlos Mata, subdirector de Asuntos Jurídicos y consultor jurídico diplomático de la cancillería; Edgardo Amoza, director del departamento jurídico notarial de la ANP; y Ronald Herbert, un abogado contratado.

Para los representantes de la empresa, abogados de Canadá, Nueva York y Uruguay, las expectativas de que exista un entendimiento son escasas, y suponen que en la próxima reunión, que se coordinará para marzo, se dará por finalizada la conciliación. Allí, según informó el gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, el grupo optará por elevar el caso a un arbitraje internacional para resolver el diferendo. El litigio podría implicar al Estado el pago de entre 300 y 500 millones de dólares por daños y perjuicios y el no cumplimiento de la “legítima expectativa” del inversor, amparada en el Tratado de Protección de Inversiones firmado con Bélgica.

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