Lo que corresponde
La ley reparatoria establece que los menores que nacieron o permanecieron en reclusión junto con sus padres tienen derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garantice su cobertura sanitaria integral, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Además, el Estado debe ofrecer los apoyos científicos y técnicos para la rehabilitación física y psíquica necesaria para atender las secuelas que obstaculizaran la capacidad educativa o de integración social de las víctimas. En términos pecuniarios, las personas nacidas durante la privación de libertad de su padre o madre, o que permanecieron más de 180 días en cautiverio, recibirán 200.000 Unidades Indexadas, equivalentes a 404.740 pesos al día de hoy.
A María Victoria Rosado la noticia le llegó con su cumpleaños. Hoy celebrará sus 33 años de una forma muy especial, cuenta a la diaria. Su madre fue detenida en setiembre de 1976 y recluida en la Escuela de Nurses Doctor Carlos Nery con cuatro meses de embarazo. Dio a luz el 25 de febrero de 1977. Las circunstancias la llevaron a bautizar a su hija con el nombre Victoria. “Mi mamá me dice que nunca la torturaron físicamente, que sólo fue psicológica. Me podría haber pasado cualquier cosa, pero nací bien. Dice que tengo carácter fuerte por todo lo que pasamos ahí, pero esas cosas nunca se saben”, comentó.
Victoria permaneció siete meses junto a su madre hasta que ambas fueron enviadas a su casa aunque con arresto domiciliario. “El dinero te ayuda. Yo tengo tres nenes y voy a terminar de pagar mi casa con mi esposo, pero el daño que nos hicieron a mí y a mi madre no tiene vuelta. Te ponés contenta y a la vez esto te vuelve a llevar al pasado”, reflexionó. Jimena Valdés aclara que fue de las que decidieron ampararse en la norma aunque, recuerda, “muchos no lo harán” por entender que no cumple con todos los requisitos que establecen los organismos internacionales ratificados por Uruguay. Jimena explica que los que se presentaron lo hicieron por dos razones: en primer lugar, porque “debe apoyarse toda instancia en la que el Estado reconozca que se hizo daño a determinadas personas”; en segundo lugar, porque “en una sociedad capitalista no podés esperar otra cosa que capital”. “No nos van a solucionar el pasado, pero estar incluidos en una ley como ésta es un paso y algunos decidimos aceptarlo”, explicó. Jimena nació el 28 de setiembre de 1972 y estuvo presa con su madre entre el 10 de mayo de 1973 y el 4 de setiembre de 1974.
Y cuántos más
La investigación de la Universidad de la República incluye una lista de 63 “bebés en proceso de gestación con madres detenidas y sometidas a torturas; nacidos en prisión compartida con sus progenitoras, liberados y entregados luego a sus familias biológicas”. Pero a la fecha, la organización Niños, que hoy son mujeres y varones adultos, llevan recabados 88 nombres. Una treintena de integrantes de Niños presentó la acción de amparo en forma conjunta y otra docena de hijos nacidos en cautiverio lo hizo en forma independiente.
Las otras mujeres nacidas en cautiverio que recibirán reparación son Laura Marrero Beramendi, nacida el 30 de enero de 1972, presa con su madre, la actual directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Carmen Beramendi, entre el 18 de octubre de 1972 y el 4 de setiembre de 1974; Cecilia Gutiérrez Caraballo, nacida el 3 de noviembre de 1972, presa con su madre entre el 27 de junio de 1972 y el 1º de setiembre de 1973; Alba Coyto, nacida el 30 de setiembre de 1972, presa con su madre en el año 1972; y Ana Fernández da Costa, que actualmente reside en Noruega, sobre cuya reclusión no hay registros oficiales. También recibirá la reparación Paula Angeloni, quien no nació en cautiverio pero estuvo más de 180 días presa junto a su madre.
Joaquín Perdomo nació el 20 de enero de 1973. Estuvo preso con su madre, Carmen Maruri, entre el 25 de agosto de 1972 y el 4 de setiembre de 1974, pero ella permaneció en reclusión cuatro años más. Joaquín tiene algunos recuerdos de las visitas que le hacía a su mamá al Instituto Militar de Estudios Superiores, en el Prado, y cuenta que él ahora tiene un bebé de dos meses. “Lo tomo con tranquilidad. Creo que fuimos las víctimas más inocentes, pero nunca esperé esto [la reparación] con ánimo revanchista. Lo tomo como parte de un reconocimiento por parte del Estado”, expresó a la diaria.
Los otros dos varones que recibieron el amparo en esta primera etapa son Ronell Bolonia, nacido el 8 de enero de 1973, preso con su madre entre el 16 de junio de 1972 y el 4 de setiembre de 1974, y Nicolás Correa, residente en España y sobre quien tampoco figuran datos en los documentos oficiales.
“Estoy contento con el trabajo de la comisión”, manifestó su presidente, el subsecretario de Educación y Cultura, Carlos Liscano. Recordó que comenzó a trabajar a fines de noviembre y afirmó que quedó resuelta la infraestructura de funcionamiento y los principales criterios de trabajo en enero. No obstante, quedará en manos de los próximos integrantes trabajar sobre la ley interpretativa del artículo de la reparación de los familiares de las víctimas.
Liscano informó que en los próximos días se notificará a los beneficiarios. Primero se resolverá el pago y luego se pondrá en marcha la implementación de las prestaciones de salud con el ministerio y el documento que reconocerá que todos fueron víctimas del terrorismo de Estado.