Los diputados Álvaro Lorenzo y Sergio Botana (Alianza Nacional) son quienes encabezan el grupo de los legisladores nacionalistas que aprobarán las modificaciones introducidas a la Ley de Descentralización, que ya fueron votadas en la Cámara de Senadores y que ahora están a consideración de la de Representantes.
Dentro de ese grupo también se encuentran “muchos diputados de Alianza Nacional y algunos del Herrerismo, como el caso de José Carlos Cardoso y Luis Lacalle Pou”, afirmó Lorenzo. Si bien Lacalle Pou dijo “compartir el fondo de la ley”, no aseguró que la votará en la próxima sesión de la Cámara, fijada para el miércoles a las 15.00. Cardoso aseguró “creer” en la descentralización y en las alcaldías, y adelantó que votará el proyecto. “No me opongo a que la elección de éstas [de las alcaldías] se haga ahora”, concluyó, en referencia a uno de los puntos que dividen las aguas. Paradójicamente, Cardoso cree que la norma será inconstitucional, porque no se lograrán los 2/3 que requiere la Constitución para aprobar los artículos que contengan disposiciones electorales.
La interpretación de qué normas corresponden a esa categoría tampoco es homogénea dentro del Partido Nacional. Para Lorenzo, el único artículo para cuya aprobación es necesaria la mayoría especial es el que habilita a que las votaciones municipal (para alcaldes y concejales) y departamental (para intendentes y ediles departamentales) se hagan en hojas separadas. Sin embargo, “otros legisladores que extreman las exigencias creen que para instituir las alcaldías también se precisan 2/3 de los votos y eso no es así, porque la Constitución habilita la creación de alcaldías por ley”. Lorenzo concluyó señalando que “la Corte Electoral está en condiciones de instrumentar” las disposiciones del proyecto una vez que éste se convierta en ley.
Por el contrario, para el diputado herrerista Pablo Abdala, de Unidad Nacional (Una), “toda la ley requiere 2/3, ya que en la medida en que define circunscripciones electorales, jurisdicciones y cuerpos electivos (municipios), tiene que ver con las garantías del sufragio y por eso precisa mayorías especiales”. Además, Abdala argumentó que “la norma violaría el artículo 288 de la Constitución, porque si la definición de las juntas locales [organismo que según la ley original se convertirían en alcaldías] y su carácter electivo son definidos por ley, ese criterio debería ser utilizado para los municipios pero lo que se hace en esta norma es delegar la potestad a los intendentes”.
El senador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista-Una) sostuvo que varios artículos del proyecto deberían ser aprobados con mayorías especiales. Lacalle Pou explicó que desde Una se utilizarán todos los mecanismos de protección constitucional posibles para que no se apruebe una norma sin las mayorías que requiere. El presidente del directorio del PN y padre del diputado, Luis Alberto Lacalle, ya anunció que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia si el proyecto llega a ser aprobado. Y ayer estuvo en la asunción del nuevo presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak.
Muerte anunciada
La bancada de diputados del Frente Amplio tiene previsto votar la ley modificativa, tal cual lo decidió la Mesa Política, aun sabiendo que no se conseguirán las mayorías especiales que requieren los artículos electorales. Para el coordinador de bancada José Carlos Mahía (Asambla Uruguay), el único que afronta esa exigencia es el que habilita la separación de hojas para la votación municipal y departamental. Si el proyecto se aprueba sin ese artículo, será la Corte Electoral la que definirá cómo cubrir el hueco normativo. Pero antes de eso el proyecto volvería al Senado, porque Diputados no habría aprobado exactamente el texto que viene de la cámara alta. Según el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, las modificaciones serán aceptadas por los senadores del FA.
El problema es qué puede pasar cuando la ley llegue a la Corte Electoral sin contener el o los artículos que requieren mayoría especial. Wilfredo Penco, uno de los representantes frenteamplistas en ese organismo, entregó un informe a la Mesa Política del lunes 25 sobre los posibles escenarios de inconstitucionalidad de la ley. Señalaba dos aspectos fundamentales: por un lado, que “no sería viable sufragar para parte de los cargos departamentales por un lema y para cargos municipales por otro”, es decir, que no podría ser habilitado el voto cruzado entre lemas; por otro, que “la elección de un proceso transparente en materia de municipios [...] requiere de modo imprescindible de un proceso previo que habilite los traslados de domicilio respectivos, todo lo cual no se ha dado”.
También señala que la Corte “ha reclamado sistemáticamente que su competencia para conocer los actos y procedimientos de una elección sea establecida expresamente por la ley” y que, si bien “el asunto es discutible”, “seguramente se va a constituir en un obstáculo para que la Corte Electoral, con esta integración [mayoría de colorados y blancos], efectivamente intervenga”. A su vez, se advierte que en el decreto de la Junta Departamental de Montevideo que marca “la definición de los límites territoriales de los ocho municipios [previstos para ese departamento] se cometen errores”.
Penco cierra su informe afirmando que espera que la Corte Electoral, “con nueva integración, acompañe efectivamente la descentralización que el país necesita”, y resalta la necesidad de que esto se haga “en las formas y los tiempos que corresponden”.