El Ministerio del Interior convocó el lunes a propietarios y directores de medios de comunicación, para intercambiar ideas sobre el tratamiento de casos policiales y explorar la posibilidad de acuerdos en la materia. El disparador fue la difusión del secuestro del corredor de bolsa Ignacio Rospide, pero los planteos del ministro Eduardo Bonomi, el subsecretario Jorge Vázquez y el director nacional de Policía, Julio Guarteche, buscaron abrir una discusión más amplia sobre criterios informativos, para ese tipo de situaciones y otras como las vinculadas con la lucha contra el narcotráfico.
En estos asuntos suelen aflorar con rapidez las sensibilidades corporativas. Del lado estatal, es frecuente que los funcionarios y jerarcas de cualquier organismo consideren que los medios deberían “dejar trabajar a los que saben” y aceptar que ellos decidan qué, cómo y cuándo hay que poner en conocimiento del público. Del lado de los medios, se apela muy a menudo a un discurso genérico sobre la libertad de prensa que, por momentos, parece postularla como un valor superior a todos o casi todos los demás. Sin embargo, la reunión del lunes transcurrió lejos de esos extremos y demostró que es posible abordar, con la debida cautela de todas las partes, cuestiones plagadas de dificultades y riesgos, pero que es mucho más peligroso eludir que afrontar.
Los medios de comunicación uruguayos, a diferencia de los de otros países, no se sienten obligados a explicitar sus criterios de trabajo periodístico, y por lo general ni siquiera se los comunican formalmente a sus empleados. Entre otras consecuencias indeseables, esto complica el diálogo “con los medios” en general: estamos lejos de identificar si hay un común denominador, y más aun de contar con portavoces representativos, de modo que parece poco probable lograr un acuerdo formal que comprometa a todos.
Eso no quita valor al intento de promover que se preste atención a problemas reales e importantes y se construyan algunas nociones básicas sobre lo que es aceptable, aunque debe preverse que no todos aceptarán más acotamientos que los marcados por la ley, que muchos no estarán dispuestos a callar luego de que sus competidores lancen primicias, y que una vez que circula un dato parcial, asumir la responsabilidad de brindar informes más precisos (desde el Estado y desde los medios) parece mejor que dejarlo correr en silencio.
Por otra parte, las autoridades deberían comprender que la idea de que “todos queremos que al país le vaya bien” no es operativa para sustentar acuerdos acerca de la eventual inconveniencia de difundir algunas informaciones. Podemos aceptar que todos queremos lo mejor para Uruguay, pero es poco probable que haya consenso sobre qué significa eso. Conviene fijarse metas más accesibles.
De todos modos, es saludable el intercambio público sobre estos problemas, que a veces han sido objeto de pactos reservados entre gobernantes y responsables de medios. Con acuerdos o sin ellos, es mejor que la ciudadanía sepa de qué se trata.