Lunes a las 19.00. Camino Paso de la Arena y Luis Batlle Berres, cerca del puente sobre la ruta 5. Frente a la planta número 2 de Cousa acampan unos quince empleados de la empresa tercerizada Brusa. Las motos y las bicicletas están estacionadas a metros del fogón que está prendido desde la mañana. Hay una mesa de truco, una olla vieja para preparar el guiso de la cena, dos carpas chicas y algunas sillas playeras. Un joven con camiseta de Cerro intenta dominar una pelota desinflada y al rato se suma a la partida de cartas.
Colgadas en un árbol están la bandera roja del PIT-CNT y otra de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y la Industria (FUECI). Sobre el pasto hay carteles pintados con tintas roja y negra. Parecen estar frescos. “Basta de represión”, “Cousa reduce puestos de trabajo” y “No a otras tercerizadas” son las consignas que llevarán hoy a la audiencia.
Hay también algunos neumáticos que quedaron de un corte de ruta ensayado durante el fin de semana. “Esto parece que va para largo, así que ya empezamos a hablar con los vecinos para ver cómo hacemos para ver los partidos del Mundial”, bromeó uno de los trabajadores. Se quejan porque han contactado a canales de televisión y no han tenido respuesta. “Para que un conflicto en un barrio de Montevideo tenga prensa tiene que haber tiros o trompadas con un rompehuelgas, pero nosotros no estamos para ésa”, razonó otro de los huelguistas.
Es que la mayoría de los obreros en conflicto, según relataron, tienen familiares y vecinos que integran la plantilla, por eso prefieren no radicalizar por ahora las medidas de fuerza. Dicen que el barrio ha sido muy solidario y que no quieren complicarles la vida a los empleados directos que siguen en la fábrica. “En realidad hay que decir las cosas como son: la prensa no viene y muchos nos ignoran porque Cousa es muy amiga del gobierno y hay intereses en juego”, aventura otro trabajador. Lo dice, entre otras cosas, porque la aceitera fue una de las diez empresas que financiaron con 15 mil dólares el acto de asunción presidencial del 1º de marzo.
Además, el representante de una firma sueco-danesa, Melker Schörling, que cerró negocios con Cousa en el rubro de la grasa vegetal fue agasajado en el quincho de Sergio Varela -vecino de José Mujica- el lunes de la semana pasada en una cena a la que asistieron empresarios locales -entre ellos Mario Bonanata y Juan Carlos López Mena- y ministros y jerarcas del gobierno. En esa ocasión, según una crónica publicada por el diario El País, la senadora y principal anfitriona, Lucía Topolansky, hizo un discurso de reconocimiento a las autoridades de Cousa por su actividad empresarial.
El abogado de la aceitera, Ariel Callorda, descarta de plano que esa sintonía reporte beneficios al momento de negociar en el Ministerio de Trabajo. “Para nada las relaciones con el presidente de la República pueden servir para eso. Cousa siempre ha mantenido buenas relaciones con actores políticos pero nunca hizo caudal de nada. Pensar que por esto el ministerio nos dará un tratamiento especial es mezclar salame con velocidad. Por un lado, las normas laborales; por otro, las políticas industriales”, se defendió. Callorda explica que una parte de esa estrategia permitió, por ejemplo, que Cousa acordara con Alur colaborar en la producción de biodiesel. “Pero son cosas distintas, la negociación con el sindicato se va a encarar como cualquier otra”, aseguró.
Las que duelen
Pero detrás de todas las suspicacias políticas hay un conflicto laboral. “Estamos en la misma línea de producción y hacemos la misma tarea que los compañeros que están por Cousa, pero la diferencia salarial es tremenda”, explicó Martín Chávez, delegado del gremio de Brusa. El jornal para ellos es de 312 pesos por ocho horas, mientras que un peón práctico de Cousa cobra entre 400 y 600 pesos por la misma tarea, según aseguran. “Ellos inventaron la categoría de peón eventual, que significa más o menos que nunca vas a ascender, y sistemáticamente han estado contra la sindicalización. Los trabajadores tercerizados somos totalmente discriminados en la planta, y cuando vienen autoridades nos esconden”, denunció Chávez.
Gustavo Aysa, de FUECI, definió que el objetivo final de la negociación que comienza hoy es que los 70 empleados de Brusa sean incorporados a la planilla de Cousa. Argumenta que la pelea para que no haya más tercerizadas sirve como medición de fuerzas para la negociación por Consejos de Salarios que se retomará en julio. “Para los trabajadores perder este conflicto implicaría llegar con mucha debilidad a la próxima negociación”, explica el dirigente de FUECI, sindicato que en mayo tiene elecciones internas.
El paro de los trabajadores de Brusa es respaldado por la Unión de Trabajadores Aceiteros (UTA) -cuya columna vertebral es Cousa, la única firma del sector que opera en el país-, un gremio de base afiliado a la Confederación de Federaciones y Sindicatos de la Alimentación. Aysa entiende que el convenio colectivo homologado por la anterior dirección del sindicato resultó perjudicial para los trabajadores, entre otras cosas porque legitima el escalafón de peón eventual. “Ésa fue una imposición de la empresa, con algo que en realidad no existe”, evalúa.
Cousa se presentará ante la Dinatra, según Callorda, con ánimo de “atender el planteo”, y deja la puerta abierta para que algunos de los argumentos gremiales resulten razonables. “Pero lo cierto es que la empresa tiene firmado un convenio colectivo que está vigente y ha sido cumplido. Los cambios en la dirección del sindicato los desconocemos”, deslindó. La categoría de peón eventual cuestionada está detallada en el convenio y fue aprobada por el Poder Ejecutivo, según respondió el abogado. “Fue un acuerdo de partes y es lo que está vigente, pero si en algo nos equivocamos lo vamos a corregir. Vamos sin preconceptos. Tal vez esta gente podría habernos convocado primero a un mano a mano, pero tienen todo el derecho de movilizarse”, puntualizó.