Hacía años que la izquierda colombiana tenía poco para celebrar. Durante los ocho años de gobierno del derechista Álvaro Uribe, el mandatario cultivó una popularidad que opaca a los demás políticos que aspiran a sucederlo, sean o no de su partido. Pero este fin de semana le tocó festejar al opositor Polo Democrático Alternativo de Colombia (PDA) y también a las organizaciones sindicales colombianas.
La Corte Constitucional emitió el viernes un fallo que terminó con las expectativas de Uribe de presentarse a un tercer mandato consecutivo por su Partido Social de Unidad Nacional, conocido como Partido de la U. La justicia declaró inviable una ley aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso, en circunstancias polémicas, elaborada para convocar a un referendo que abriera paso a una segunda reelección de Uribe en las presidenciales del 30 de mayo. De acuerdo a la corte, hubo una serie de irregularidades en el proceso de aprobación de la ley, marcado por idas y vueltas en el texto, que el oficialismo promovió y enmendó para asegurarse de que se aplicara al presidente este mismo año.
En 2006 una reforma constitucional habilitó un segundo mandato de Uribe, electo en 2002, pero esta vez el oficialismo deberá buscar otro candidato a la Presidencia, a tres meses de las elecciones.
“Se ha salvado la democracia, el estado social de derecho y las libertades democráticas”, dijo por su parte el presidente del PDA, Jaime Dussán, citó la agencia de noticias EFE. Ahora su partido puede concentrarse en la campaña electoral para impulsar la candidatura a la Presidencia de Gustavo Petro.
Para la Central Unitaria de Trabajadores, la decisión de la Corte es histórica porque en ella “priman los principios constitucionales, los límites al ejercicio del poder y a la protección a un Estado Democrático”, manifestó en un comunicado. Añadió que una segunda reelección de Uribe “acabaría con el equilibrio de poderes y permitiría una dictadura civil constitucional”.
Dos herederos
Al confirmarse que deberá entregar la banda presidencial, Uribe busca un sucesor. El candidato más probable a reemplazarlo el 7 de agosto, cuando deje la casa de gobierno, es su ex ministro de Defensa y presidente del Partido de la U, Juan Manuel Santos, quien se reunió el sábado con el mandatario para recibir su respaldo. Otro posible sucesor es el ex ministro de Agricultura, Andrés Arias, también conocido como Uribito, por tener un estilo personal similar al del gobernante de 57 años. También él se reunió con el presidente para mostrar que tiene su aval. Pero sobre Arias pesa una investigación que busca determinar si en sus políticas como ministro favoreció a empresarios partidarios del gobierno, señaló EFE.
El fin de semana, Santos se apuró a declarar que fue a él a quien Uribe le dijo: “Usted y yo tenemos unos propósitos comunes desde hace mucho tiempo, coincidimos plenamente en los ideales fundamentales para esta nación. Siga adelante, Juan Manuel, que vamos a ganar”. El ex ministro de Defensa fue la cara visible de la publicitada operación Jaque, en la que fue rescatada la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que también sumó algún que otro escándalo, por ejemplo, al utilizar el logo de la Cruz Roja en un helicóptero del Ejército.
Estilo U
La administración Uribe se caracterizó por su política de mano dura contra las FARC, con las que se negó a negociar. Sus acciones contra la guerrilla sumaron éxitos militares y polémica política. Por ejemplo, causaron un conflicto con Ecuador porque el ejército colombiano bombardeó un campamento de la guerrilla en tierra de ese país.
Uribe logró que los paramilitares, en particular los de las Autodefensas Unidas de Colombia, dejaran las armas. Pero esta política pierde terreno en los últimos tiempos, con un resurgimiento paramilitar.
En su política de seguridad, Uribe impulsó medidas tan polémicas como la de reclutar a estudiantes como informantes de las fuerzas de seguridad, o premiar a los militares que capturaran guerrilleros vivos o muertos, lo que derivó en matanzas de civiles que el ejército presentaba como integrantes de grupos armados muertos en combate. A estos escándalos se sumó el de la parapolítica, en el que se revelaron acuerdos entre políticos y paramilitares, y todavía investiga la justicia.
La violencia derivó también en un número siempre en aumento de los desplazados por el conflicto, y se sumaron las denuncias de los sindicatos de que sus líderes reciben amenazas y sufren asesinatos que quedan impunes. Estas denuncias casi hacen naufragar acuerdos del gobierno colombiano con su socio Estados Unidos. Pero la alianza entre los dos países para el combate del narcotráfico, y en especial para el uso de bases militares colombianas por parte de militares estadounidenses, causó el rechazo de los vecinos sudamericanos de Uribe.
Ahora el mandatario y su Partido de la U buscan dar continuidad a estas políticas en un tercer mandato. Pero algunos señalan que sin Uribe, su partido ya no es lo mismo. Por ejemplo, la politóloga y columnista de la revista Semana María Jimena Duzán, citada por la agencia de noticias Reuters, opinó que “sin Uribe, el uribismo difícilmente puede mantenerse unido. Y su fraccionamiento en pequeñas islas está ya cantado. Ése es el destino que corren los movimientos que se centran en la persona y no en las políticas”.