Arizona, un estado del suroeste de Estados Unidos, tiene una frontera de 626 kilómetros con los estados mexicanos de Sonora y Baja California. Según los censos estadounidenses, entre 2005 y 2009, Arizona es el estado que más creció debido a la inmigración. En ese período, los inmigrantes pasaron del 15% de su población al 29%. Viven allí 1.800.000 extranjeros, y de ellos, 460.000 son indocumentados.
Una norma que persigue a esas personas por considerarlas criminales, la ley S.B. 1070, fue presentada por el senador republicano Russell Pearce, aprobada en las dos cámaras legislativas estatales, ambas con mayoría republicana, y luego promulgada por la gobernadora, también republicana, Jan Brewer, el viernes. Entrará en vigencia en el segundo semestre de este año, y Arizona se convertirá en el primer estado de Estados Unidos en criminalizar al inmigrante indocumentado y exigir a la policía local que detenga a cualquier extranjero si tiene una “sospecha razonable”, no especificada, de que es indocumentado.
Actualmente la policía sólo puede detener a un inmigrante, al igual que a un estadounidense, si es sospechoso de haber cometido algún delito. Pero con la nueva norma, si los departamentos de policía no cumplen las nuevas órdenes, indica la ley, pueden ser demandados por el gobierno estatal, informó la BBC.
Si en el momento en que es detenido el inmigrante no puede demostrar con documentos que está en el país de forma legal, será arrestado y, de confirmarse que su situación es irregular, puede ser condenado a penas de hasta seis meses de prisión, multado con 2.500 dólares e incluso expulsado del país. La ley también criminaliza a quienes ayuden a los inmigrantes irregulares, ya sea transportándolos o dándoles trabajo.
En todo Estados Unidos se estima que viven unos 10,8 millones de inmigrantes indocumentados, que son los que trabajan por el sueldo mínimo que algunos pequeños comercios pagan, porque quieren o porque sus condiciones económicas lo imponen.
Tanto en Arizona como en otros estados fronterizos con México, como California, Texas o Nuevo México, la agricultura y muchos de los pequeños comercios dependen de los inmigrantes ilegales, devenidos en mano de obra barata.
Al firmar la ley, Brewer, que se presentará a la reelección en noviembre, dijo respecto a la norma: “Fortalece las leyes de nuestro estado y nos protege a todos”. Arizona enfrenta “una crisis que no creamos y que el gobierno se ha negado a resolver”, añadió. También aseguró que no habrá discriminación racial con las nuevas reglas, aunque no supo señalar ninguna diferencia que permita diferenciar, sin papeles a la vista, entre un inmigrante legal y otro ilegal cuando la prensa le consultó al respecto.
Pearce, el senador autor de la ley, aseguró en declaraciones a la BBC: “Vamos a quitar las esposas que maniatan la ley y se las vamos a poner a los malos”. Agregó que la legislación cuenta con el respaldo del 80% de los ciudadanos que viven en Arizona y de nueve de los 15 departamentos de policía en el estado, sin citar las fuentes de las que tomó esos datos.
Uno de los que están en desacuerdo con la nueva ley es Tony Estrada, alguacil del condado de Santa Cruz, que dijo a la BBC que la ley obliga a la policía a determinar “quién es y quién no es ilegal”, cuando a su entender, “la inmigración se la debemos dejar al gobierno”. Estrada afirmó que la ley se basa en que “todo inmigrante [...] es un criminal, y no es así”.
En la ciudad de Nogales, donde él trabaja, el 80% de la población es de origen mexicano, indicó, y se trata de una de las ciudades fronterizas donde la ley, promulgada en la capital del estado, Phoenix, tendrá su mayor impacto.
Desde Washington, el presidente Barack Obama calificó la ley estatal de “irresponsable” y señaló que la falta de iniciativa del gobierno federal llevó a que los estados tomen “iniciativas mal encaminadas que contradicen las nociones básicas de justicia y equidad”.
Usualmente el gobierno federal no opina sobre las legislaciones estatales porque se consideran independientes, pero en este caso Obama incluso ordenó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que estudie si esa legislación estatal viola las leyes federales de derechos civiles, además de pedir que se siga de cerca la situación.
En respuesta a estos comentarios, el diputado estatal republicano John Kavanagh, que apoyó la iniciativa, dijo a la agencia de noticias Reuters: “Cuando el gobierno federal nos decepciona, sabemos qué hacer”. Agregó que la ley envía un mensaje a los inmigrantes indocumentados: “Que no vengan a Arizona”.
El sábado cientos de personas, en su mayoría hispanos, protestaron frente el Capitolio estatal en rechazo a la nueva ley. Ese día, el Consejo Nacional de la Raza calificó la norma como “alarmante e inconstitucional” y su presidenta, Janet Murguía, dijo a la BBC que esta ley legitima “la diferenciación por perfil racial” que ya se ejerce en Arizona.
La ley de Arizona
No son nuevas las medidas para frenar la inmigración en Arizona, que desde 2005 tiene una ley que ilegaliza el cruce de la frontera sin documentos. El lunes de la semana pasada dos senadores republicanos de Arizona, Jon Kyl y John McCain, presentaron al Congreso un plan de seguridad fronteriza de diez puntos, que incluía el despliegue “inmediato” de 3.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera y completar el muro que se erige allí. McCain, ex candidato presidencial derrotado por Obama en 2008, afirmó que “la gente está comprensiblemente frustrada y quiere acción por parte del gobierno”.
En Arizona trabaja el autodenominado “sheriff más duro de Estados Unidos”, Joe Arpaio, jefe de Policía del condado de Maricopa, que incluye la capital. En febrero del año pasado Arpaio inauguró una cárcel de carpas al aire libre para los inmigrantes indocumentados que esperan ser deportados, un campo cercado donde 350 presos son obligados a vestir uniformes a rayas y ropa interior rosada.
Entrevistado por la BBC, Arpaio, que fue electo por quinta vez consecutiva con 55% de los votos, se preguntó: “¿Por qué no les gusta [a los presos esa prisión] si duermen en estas carpas tan bonitas?”, y argumentó que así viven los soldados estadounidenses en Irak. No en vano del total de arrestos en la frontera entre Estados Unidos y México el 42% se producen en Arizona, según datos de la Patrulla Fronteriza.
Hogar, dulce hogar
Los gobiernos de los países con mayor cantidad de emigrantes en Estados Unidos desaprobaron la nueva ley en los días posteriores a su promulgación.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, dijo que la medida generará “odio” e “intolerancia” contra los inmigrantes y señaló que afectará la relación entre su país y el estado de Arizona. Señaló que los inmigrantes mexicanos “han contribuido al desarrollo y la prosperidad de Arizona” y exigió “un trato respetuoso” para ellos.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, dijo que la ley “contradice la política” anunciada por Obama, de impulsar una reforma migratoria reclamada por los extranjeros. Se estima que son casi dos millones de guatemaltecos los que viven en Estados Unidos, más del 60% de ellos sin papeles, y cada año otros 50.000 intentan ingresar al país.
El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, había expresado antes de la aprobación de la ley que ésta desataría “una persecución contra personas, la mayoría de las cuales están trabajando”. Se estima que más de 2,5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, muchos de ellos indocumentados.
Desde Honduras también llegaron duras críticas a la ley. El canciller, Mario Canahuati, dijo que se “está pisoteando y se está abusando” de los inmigrantes y que le cuesta entender que se haya creado esta ley en Arizona “porque es el estado de McCain”, que cuando fue candidato se mostró “en pro de la reforma migratoria”.
El rechazo también llegó desde la Organización de Estados Americanos. Su secretario general, José Miguel Insulza, calificó la norma de “discriminatoria” e “inaceptable”.
Otra reacción institucional, pero en este caso interna, fue la de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, que canceló la realización de su convención nacional en Arizona. También se generaron reacciones civiles, como la de una empresa de camiones con sede en Los Angeles que no hará envíos a Arizona, a donde normalmente traslada frutas y verduras. Dos organizaciones civiles hispánicas preparan querellas contra la ley, informó la agencia de noticias EFE. La consideran violatoria de los derechos humanos al promover la discriminación racial.
Hay una relación lógica entre la aprobación de esta ley y la tardanza del Congreso y de la Casa Blanca para debatir la reforma migratoria, que Obama había insinuado que se trataría luego de la aprobación de la reforma sanitaria. Sin embargo, era difícil que esa legislación fuera tratada antes de las elecciones legislativas de noviembre por el riesgo político que implica.
Esta ley estatal parece haber impulsado las conversaciones sobre la reforma migratoria en la interna demócrata. El líder de la bancada demócrata en el Senado, Harry Reid, de Nevada, donde hay una importante cantidad de hispanos, prometió para este año una ley nacional de inmigración.